Argentina licita Aysa y suena la israelí Mekorot como gestora
La noticia que circula estos días es que Argentina abre a concurso público Aysa, la mayor empresa estatal de agua del país, y que Mekorot, la compañía pública israelí especializada en gestión hídrica, aparece como principal candidata. El punto de partida del enfado es una confusión que el propio debate desmonta: no se privatiza «toda el agua de Argentina», ni se regala nada, ni Mekorot es una empresa privada. Es una sociedad estatal del Estado de Israel, y lo que hay sobre la mesa es una licitación para gestionar una empresa que ya estaba en manos del Estado argentino.
Aysa abastece a la ciudad de Buenos Aires y a buena parte de su provincia, no al conjunto del país. El servicio de agua es competencia de cada provincia, así que hablar de «los recursos hídricos estatales» como un bloque único es, como mínimo, impreciso. La empresa fue estatizada en 2006 y, según las cifras que se manejan en el asunto, desde entonces ha costado al Estado unos
13.000 millones de dólares. Ese es el dato que sostiene la operación: no es una empresa que gane dinero, es una empresa que se lo come.
Qué es Aysa y por qué se licita ahora
Aysa es la empresa que abastece de agua y saneamiento a Buenos Aires y su área metropolitana. Fue estatizada en 2006 y desde entonces acumula pérdidas que el erario público cubre cada año. El argumento de fondo es sencillo: si una empresa pública pierde dinero de forma estructural, se abre a concurso y que la gestione quien sepa hacerlo sin sangrar al contribuyente. El argumento contrario también es sencillo: el agua no es un negocio como cualquier otro, y quien la gestione tiene incentivos para subir precios y recortar costes.
La discusión sobre el modelo no es nueva. En España, la mayoría de las empresas municipales de agua acabaron en manos privadas, en algunos casos por participación accionarial y en otros por concesiones de muy larga duración. El Canal de Isabel II, en la Comunidad de Madrid, es prácticamente la excepción que queda como empresa totalmente pública. Es decir, lo que se plantea en Argentina ya se ha hecho en Europa, con resultados que cada cual interpreta según le conviene.
Mekorot: por qué una empresa pública israelí entra en la ecuación
Mekorot es la compañía estatal de agua de Israel. No es una multinacional privada que busca rentabilidad a corto plazo: es una empresa pública de un país que ha convertido la gestión del agua en una cuestión de seguridad nacional. Israel desaliniza a gran escala, reutiliza cerca del
90% de sus aguas residuales para riego agrícola y opera un sistema nacional de conducción de más de 130 kilómetros que distribuye agua desde el norte hacia las zonas áridas del sur. Es, con diferencia, uno de los países que mejor ha resuelto un problema de escasez hídrica severa.
Ahí está el atractivo para Argentina, y ahí está también el recelo. Que una empresa pública israelí gestione el agua de Buenos Aires no es lo mismo que privatizarla a un fondo de inversión: no hay accionistas privados ni reparto de dividendos. Pero tampoco es una operación neutral. Hay quien sostiene que la experiencia israelí en desalinización y reutilización es exactamente lo que necesita un país con reservas enormes pero infraestructura deficiente. Y hay quien responde que la gestión israelí está diseñada para un territorio pequeño, árido y con control centralizado, no para la geografía y la política argentinas.
El agua como negocio: precios, penalizaciones y control del consumo
El punto que más ampollas levanta no es la propiedad de la empresa, sino cómo se tarifica el agua. La crítica más repetida es que una gestora orientada a la eficiencia penalizaría el consumo considerado «alto» sin atender a circunstancias particulares, y que eso acabaría encareciendo el recibo para familias y pequeños comercios. Es un temor razonable: cualquier operador que deba cuadrar cuentas tiene dos palancas, subir ingresos o bajar costes, y las dos se notan en el bolsillo del usuario.
La contraargumentación es que el servicio actual tampoco es barato, solo que el coste no aparece en la factura sino en las cuentas públicas. El agua que no se paga vía tarifa se paga vía impuestos, y ese trasvase de dinero es invisible para el ciudadano. Si la empresa privada o extranjera gestiona mejor y más barato, el Estado deja de poner 13.000 millones de dólares encima de la mesa. Si gestiona peor, el usuario lo nota en la factura y en la presión del servicio. No hay escenario sin coste.
El trasfondo geopolítico que nadie disimula
Mekorot arrastra acusaciones de vulneraciones de derechos humanos en los territorios palestinos, un asunto que en el caso argentino se mezcla con la condición de empresa estatal israelí. Ese señalamiento no es un detalle menor: convierte una licitación técnica en un asunto diplomático. Quien defiende la operación argumenta que se trata de una empresa pública sujeta a control estatal, no de un contratista privado opaco. Quien la critica responde que el origen de la empresa es precisamente el problema.
En paralelo circula otra línea de fondo: la idea de que Argentina es un país demasiado grande y rico para los argentinos, y que sus recursos acaban sistemáticamente en manos extranjeras. No es un argumento nuevo. Es el mismo que se aplicó a las minas, a los ferrocarriles o a los puertos en el siglo XIX, y el mismo que reaparece cada vez que se abre a concurso un activo estratégico. La pregunta de fondo no es quién gestiona el agua, sino quién decide quién la gestiona y con qué contrapartidas.
Qué se sabe y qué no de la operación
Lo que está sobre la mesa es una licitación pública de Aysa, no una privatización de todos los recursos hídricos del país. Lo que no está cerrado es el adjudicatario, las condiciones del contrato ni el modelo tarifario. Las cifras que se citan, los 13.000 millones de dólares de coste acumulado desde 2006, son el dato más concreto del asunto y el que sostiene la urgencia de la operación. Todo lo demás, incluido el papel final de Mekorot, está por ver.
¿Y si al final el agua de Buenos Aires acaba gestionada por una empresa pública israelí y funciona mejor que ahora? La pregunta incómoda no es si Mekorot es pública o privada. Es por qué una empresa estatal argentina lleva dos décadas costando miles de millones sin que nadie haya encontrado la forma de arreglarlo por dentro.