Noticia: Más Madrid plantea una red de supermercados públicos y limitar precios de alimentos básicos

Más Madrid quiere supermercados públicos y precios topados en la cesta básica​

Más Madrid ha registrado una moción para crear una red de supermercados públicos y limitar el precio de los alimentos básicos. La marca local de la formación de Mónica García en Getafe, Más Madrid Compromiso con Getafe, llevará la propuesta al Pleno del próximo 1 de diciembre y necesita el apoyo del PSOE y Podemos para sacarla adelante. El objetivo declarado no es quedarse en el municipio: el partido quiere elevar la petición al Gobierno central del que forma parte a través de la cuota de Sumar.

El texto parte de un diagnóstico: la alimentación se ha situado a la cabeza de las subidas del IPC y muchos productos básicos se han convertido en bienes casi inaccesibles para muchas familias. La moción habla de un modelo económico que premia a los oligopolios y de prácticas especulativas de grandes intermediarios y cadenas comerciales que concentran el mercado y fijan precios abusivos. Como prueba, el gasto anual medio por hogar pasó de 31.586 euros en 2015 a 37.360 euros en 2023, y en Getafe más de un millar de familias están en situación comprometida.

Qué pide exactamente la moción​

El paquete tiene cuatro patas. La primera es un mecanismo de control y limitación de precios en productos habituales y saludables: pan y cereales, carne, pescado, leche, queso, huevos, aceites, frutas, legumbres, hortalizas, patatas y alimentos de bebés. La segunda, la creación de una red de supermercados públicos para que toda la población acceda a alimentos frescos a precios justos. La tercera, un observatorio independiente de precios de la alimentación. Y la cuarta, reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para que ningún producto agropecuario se pague por debajo de los costes de producción, con sanciones ejemplares por incumplimientos.

A la Comunidad de Madrid le pide algo distinto: promover el consumo de proximidad y los circuitos cortos de comercialización, impulsando cooperativas y el acceso a productos madrileños de temporada en centros educativos, hospitales y residencias. La paradoja es que la formación forma parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero responsabiliza del problema exclusivamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que reprocha no actuar con tarjetas monedero o más inversión en comedores sociales.

El precedente andaluz que no salió adelante​

No es una idea nueva. Adelante Andalucía, entonces liderado por Teresa Rodríguez, ya puso sobre la mesa la red de supermercados públicos en la región y recordó que España cuenta con una empresa pública de distribución mayorista, Mercasa, con 23 establecimientos en todo el país. La iniciativa no prosperó. Las propuestas de limitación de precios fueron habituales en la izquierda tras el estallido de la guerra de Ucrania, cuando la inflación disparó la cesta de la compra.

El argumento que recorre el debate: Cuba y Venezuela​

La reacción mayoritaria en el análisis económico apunta a un patrón conocido. Se sostiene que los precios topados y las tiendas estatales ya se probaron en la órbita soviética y en Cuba, con estanterías vacías, productos escasos y colas. Un testimonio directo describe la rutina de una bodega cubana donde se espera la llegada del arroz correspondiente a meses anteriores, con un sueldo medio de 4.000 pesos y un tipo de cambio oficial de 120 pesos por euro frente a los 450 o 500 del mercado informal.

El segundo argumento es de coste. Si el supermercado público vende más barato, alguien paga la diferencia: o el contribuyente asume las pérdidas, o se subvenciona al productor, o se requisiciona mercancía. Hay quien recuerda que el IVA de los alimentos básicos sigue intacto y que la recaudación pública también bate récords, un dato que rara vez entra en la ecuación. La alternativa que se menciona desde el otro lado es el modelo estadounidense de cupones de alimentos: vales para la compra en lugar de montar una estructura estatal nueva.

El problema de gestión que nadie discute​

La crítica más repetida no es ideológica, es operativa. Se duda de que una estructura pública pueda gestionar una cadena de distribución con la eficiencia de una empresa privada, y se apunta al riesgo de convertir reponedores y cajeras en personal funcionario con cita previa para comprar. La comparación con Mercasa, una empresa mayorista que ya existe y no ha resuelto nada, aparece varias veces.

El cálculo de fondo es incómodo para el planteamiento: si el objetivo es abaratar la cesta sin tocar la cadena de producción, el margen sale de algún sitio. Y ese sitio, en todos los experimentos conocidos, ha sido el presupuesto público. La predicción más razonable, con lo que hay sobre la mesa, es que la moción se debata, se apruebe o no en Getafe, y quede como posición de partido sin desarrollo concreto. A menos que alguien presente la hoja de costes.