*Tema mítico* : Medio gobierno podría estar implicado en la trama de comisiones ilegales de las mascaras

El caso Koldo salpica ya a cuatro ministerios y llega al Consejo de Ministros​

Casi tres años después de que la compra de mascarillas en plena pandemia dejara de parecer una simple anécdota contable, la investigación por comisiones ilegales ha escalado a un terreno incómodo para el Ejecutivo. El último informe de la UCO sostiene que el gran contrato vinculado a la trama «se comunicó al Consejo de Ministros», y el sumario acorrala ya a cuatro ministerios, a la presidenta del Congreso y a dos empresas públicas. Lo que empezó siendo el expediente de un asesor se ha convertido en un mapa que toca media administración.

La tesis que recorre el asunto es sencilla y fea: durante la emergencia sanitaria, cuando medio país buscaba mascarillas a cualquier precio, alguien encontró la manera de cobrar por intermediar. Hoy ese relato tiene nombres, contratos y una cuantía que ya no cuadra.

Qué dice la UCO sobre el contrato de mascarillas de Adif​

El documento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta a que el contrato estrella de la trama, valorado en 12,5 millones de euros y ligado a Adif, pasó por instancias muy altas. No es un detalle menor: si el expediente llegó al Consejo de Ministros, la coartada del «no sabía nada» empieza a hacer aguas. El mismo informe habla de un «superjefe» de la trama al que no se ha podido identificar, una figura que se situaría por encima de Koldo García y de los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor Aldama.

Hay quien lee ahí la prueba de que el Ejecutivo conocía el negocio. Otros sostienen que un contrato de ese volumen pasa por muchos filtros y que eso no implica un conocimiento delictivo. La instrucción, de momento, sigue abierta y sin conclusiones firmes.

De Koldo a Aldama: quién está señalado y por qué​

La nómina de señalados ha ido creciendo. Ábalos, ya en el punto de mira del Supremo por indicios de varios delitos, y el comisionista Aldama sostienen buena parte del relato. Aldama ha llegado a implicar en sus negocios con el Gobierno a Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Marlaska, Ábalos, Torres, Ribera y Cerdán, en un movimiento que su entorno presenta como colaboración con la Justicia y que desde el Ejecutivo se despacha como palabras de un «mentiroso». Su secretaria y sus socios, según las informaciones publicadas, ratificarían las mordidas al partido.

Con la Fiscalía en el centro del fuego cruzado —el fiscal general aparece señalado por una presunta filtración en otro frente judicial— el pulso institucional y el político caminan ya de la mano. Aquí conviene la cautela: casi todo lo anterior son imputaciones sin sentencia.

Las mascarillas de Canarias, Navarra y el caso Armengol​

El rastro conduce a Canarias, donde el empresario habría usado al asesor de Ábalos para cobrar mascarillas compradas por más de 12 millones. Y a Navarra, con la ministra Elma Saiz señalada por una compra irregular. La Fiscalía Europea ha requisado ordenadores y agendas a 15 funcionarios canarios para seguir el hilo.

El detalle que más ha circulado es otro: la presidenta del Congreso asegurando que se enteró de la compra por la prensa, mientras las imágenes la muestran negociando con Aldama. De un mensaje del ministro Torres a Koldo tras un pago —«Hoy dormiré mejor»— no hace falta añadir mucho.

¿Por qué España cae al puesto 46 en el Índice de Corrupción?​

Porque los organismos que miden la percepción institucional no miran sentencias, miran señales. Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 46, con 56 puntos sobre 100, el peor dato en tres décadas, y la cataloga como «democracia defectuosa». El diagnóstico se parece poco a los de la última etapa.

El dato descoloca porque llega en plena ola de escándalos y porque compara con años anteriores. La percepción, vienen a decir los analistas, se contagia más rápido que cualquier condena firme.

El COVID como negocio: la sospecha que se extiende​

Que la pandemia fuera, además de una tragedia, una oportunidad de negocio para unos pocos es una sospecha que ha dejado de ser marginal. Con contratos millonarios repartidos con urgencia y controles relajados, la pregunta de quién se forró con las mascarillas y las vacunas ya tiene expedientes abiertos. También hay quien va más allá y sostiene que el propio confinamiento y la mascarilla obligatoria dejaron un reguero de consecuencias que nadie ha querido cuantificar.

La sospecha no equivale a prueba, y conviene recordarlo. Pero el volumen de dinero público movido en semanas, sin subasta y a dedo, es el caldo de cultivo perfecto para que la duda no se apague nunca.

El frente político: socios que se descuelgan y un partido en apuros​

En el Congreso, Puigdemont ha apoyado al PP en varias comisiones de investigación, coincidiendo con peticiones que incluyen a Illa y a un fiscal europeo. Page ha alertado de la corrupción que rodea a su propio partido: «Me preocupa más lo que intuyo que queda por conocer». Y Rajoy ha lanzado una de esas frases que se repiten solas: quien debía conocer a cien mil policías frente a quien, según él, no sabía lo que hacía su propio ministro.

Mientras tanto, el PSOE homenajeaba en su cónclave a Chaves y Griñán, condenados por malversar 680 millones. La política española tiene una capacidad asombrosa para seguir adelante con el ventilador encendido.

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El problema no es que exista un caso. Es que, según evolucione el sumario, puede dejar de ser un caso para convertirse en un método. Y eso, ningún índice de percepción sabe todavía medirlo.