Mi plan BASADÍSIMO para juankear el sistema y no pagar por casi nada

RGI, comida gratis y cotización: la vía para vivir sin trabajar​

La escena se repite cada semana en los bancos de alimentos del País Vasco. Al llegar, la pregunta es si se quiere comida halal o no halal. Después, la lista de lo que uno no puede comer. Al final, el DNI o la tarjeta de residencia. De ahí salen arroz, leche, huevos y verdura para varios días. Ese es el primer tramo del plan que detalla un vecino de 35 años: cobrar la Renta de Garantía de Ingresos, sumarle la ayuda al alquiler, comer de la beneficencia y no volver a trabajar. El destino de buena parte de ese dinero, según su propio relato, es el ocio y el tabaco.

Las cifras que maneja son concretas. La RGI se sitúa en torno a 750 euros al mes y, sumada a la ayuda al alquiler, deja un total que supera los 1.200 euros. El Ingreso Mínimo Vital estatal se queda en 565 euros mensuales. Para acceder a la prestación vasca hay que acumular un año de empadronamiento y atravesar un procedimiento administrativo lento. La película no es nueva; el mérito está en el detalle.

¿Cómo se suma la ayuda al alquiler a la RGI?​

El complemento se calcula sobre un contrato de arrendamiento, y ahí está la fisura. El plan incluye pedir a un conocido que firme un contrato de alquiler para figurar como inquilino y cobrar así entre 200 y 300 euros adicionales. Quien lo plantea lo cuenta sin rodeos: el documento acredita una vivienda que no se paga. Conviene recordar que falsear datos para acceder a una prestación no es un atajo inocuo. Puede constituir fraude, y la administración cruza información con Hacienda y con el catastro.

¿Cuánto cotiza un cuidador de un familiar dependiente?​

Ahí entra el segundo truco, más largo. El autor del plan está dado de alta como cuidador de un familiar con discapacidad por vejez y cotiza por encima del mínimo, con una base que cifra en 1.260 euros. Suma ya cinco o seis años cotizados y confía en encadenar un segundo familiar dependiente cuando el primero falte. La duda técnica sobrevuela el asunto: hay quien sostiene que esa cotización se encuadra como convenio especial y que no computa para la prestación de mayores de 52 años. Quien defiende el método responde que existen otras vías de alcanzar los 15 años mínimos y apunta a darse de alta como autónomo en los dos últimos años.

¿Qué piden en el banco de alimentos y qué patrimonio se puede tener?​

Los requisitos de la ayuda alimentaria son mínimos, pero existen. Se exige DNI o tarjeta de residencia y, en teoría, no se puede pedir si se vive con los padres. El reparto admite preferencias religiosas y alergias: la pregunta por la comida halal abre la conversación. En paralelo, el patrimonio neto computable no puede superar los 20.000 euros, excluida la vivienda habitual, según el resumen que circula. La recomendación que aparece es sencilla: sacar el dinero del banco y no declarar ingresos.

Del aplauso al aviso de que el sistema se sostiene sobre quien trabaja​

La recepción del plan divide. Una parte lo aplaude como ingeniería financiera casera: «es la mejor inversión que puedes hacer en este país», resume un comentario, convencido de que 40 horas semanales apenas dejan un sobresueldo de 200 euros sobre la prestación. Otra corriente responde con el argumento de la cuadrilla: si todo el mundo hiciera lo mismo, la prestación dejaría de existir. El reproche no es moral, es de aritmética.

Aparece también el aviso sobre el incentivo perverso. Con gastos de coche, desplazamiento y guardería, se calcula que trabajar puede salir a perder dinero. Y se añade el diagnóstico de la inempleabilidad buscada: cuanto más tiempo fuera del mercado, mejor para cobrar. Se sostiene, además, que las empresas priorizan a candidatos migrantes en los puestos precarios y que echar candidaturas a millones de compañías para que el puesto acabe en otra persona agota cualquier estímulo.

En el trasfondo asoma una apuesta política. Se argumenta que las prestaciones solo desaparecerán cuando se agote el modelo actual y que la sociedad ya ha votado más gasto social, de modo que aprovecharse no sería una traición, sino una respuesta coherente. Frente a eso, el consejo que más se repite —y el único que no exige simular papeles— es otro: hacerse funcionario.

El cálculo más llamativo es el que se lanza sin fuente: cuatro de cada diez personas migrantes cobrarían prestaciones por riesgo de exclusión. Conviene tratarlo como lo que es, una estimación interesada.

Con una prestación que supera los 1.200 euros frente a contratos a media jornada de 800 o 900, el incentivo es lo único que no admite discusión.