Mientras tanto, en las 3.000 viviendas… el clan de los tobillos zainos

Mientras unos celebran en la calle, a otros les multan por una barbacoa​

La ley no se aplica igual en todas las aceras. O eso sostienen quienes llevan años observando cómo ciertos barrios funcionan con códigos que no figuran en ninguna ordenanza municipal. El detonante de la última ronda de reproches ha sido una grabación difundida en redes sociales: un grupo de vecinos, de etnia gitana, celebrando una fiesta en la calle, con apodos, risas y música. La escena ha servido de espejo incómodo para una parte del vecindario, que ha pasado de la envidia sana al reproche abierto en cuestión de minutos.

El arranque era casi amable. Una imagen de gente celebrando la vida, con los motes como protagonistas, desató comentarios de admiración hacia una supuesta capacidad de disfrute que la mayoría habría perdido. «Los motes lo mejor», resumía la primera reacción. Dura poco ese tono.

¿Por qué se tolera una fiesta en la calle y no una barbacoa?​

Aquí se tuerce el asunto. La pregunta que más se repite es por qué una celebración vecinal en plena vía pública se acepta sin aspavientos mientras una parrillada particular acaba en sanción. «Prueba tú a hacer una barbacoa en la puerta de tu casa. Te multan en cero coma», resume una de las intervenciones más citadas. No hay expediente ni cifra oficial que respalde la comparación: es una percepción, pero domina buena parte de la conversación.

El argumento de fondo es que existe un trato desigual según quién y dónde. Unos lo achacan a la permisividad de las autoridades, otros a la simple comodidad de mirar hacia otro lado. Nadie aporta documentación. Todos hablan de lo que ven desde su ventana.

Ayudas públicas y la economía que no pasa por caja​

El segundo frente es económico. Se sostiene que en estos barrios conviven dos realidades superpuestas: la de los servicios públicos que llegan con normalidad —agua, luz, sanidad, escuela— y la de una actividad informal que no tributa. «Yo aprecio la facilidad que tienen para vivir dentro del sistema pero sin estarlo. Se aprovechan de lo bueno y desechan lo malo, aquello que no puede hacer el remero medio», señala uno de los mensajes con más recorrido.

La versión más dura habla de economías ilícitas y de un reparto territorial del negocio. Hay quien afirma, sin más prueba que su experiencia, que en su zona solo un grupo puede vender droga y que cualquier competidor es desmantelado con rapidez. Son acusaciones graves que se lanzan al aire, sin nombres ni denuncias, y que no deben tomarse como hechos probados. Lo que sí refleja el tono es una sospecha extendida de que las fuerzas del orden aplican criterios distintos según el barrio.

Al margen de lo delictivo, reaparece el viejo asunto de las ayudas. La palabra paguita resume todo lo que se considera injusto: rentas, subvenciones y servicios que, según esta lectura, sostienen un modo de vida ajeno al mercado laboral. Es una queja recurrente, difícil de verificar y fácil de generalizar.

«Viven en su burbuja»: la libertad sin cargas​

Una de las tesis más repetidas es que este colectivo ha construido una burbuja funcional: sin hipotecas, sin jefes, sin alquileres y sin las servidumbres del primer mundo. La formulación es una generalización gruesa —hay familias endeudadas y asalariadas en cualquier barrio—, pero el esqueleto del argumento tiene su lógica económica: cuando el coste de la vivienda y la precariedad laboral aprietan, cualquier modo de vida que esquive ambas cosas parece, desde fuera, un chollo. La contrapartida, señalan otras voces, es una vida marcada por la marginación y por la conflictividad que también asoma en los comentarios.

La comunidad como red de apoyo y como mecanismo de control​

No todo es reproche. Varias voces reconocen una virtud que la sociedad mayoritaria habría perdido: la cohesión. La idea de que tocar a uno es tocar a todos, el apoyo mutuo, la fiesta en la calle sin pedir permiso. «Además son como una piña, si tocas a uno tocas a todos, como en Fuenteovejuna, todos a una», se lee. Frente a eso, el individualismo del resto.

Esa misma cohesión tiene su reverso. Un testimonio describe cómo unos compradores no pudieron cerrar la operación de un piso porque los vecinos del portal —de su misma comunidad— no dieron el visto bueno, y cómo el vendedor acabó rebajando el precio para compensar. El relato, imposible de verificar, apunta a un control vecinal que opera al margen de la ley de propiedad horizontal. Un mercado inmobiliario paralelo, gobernado por jerarquías invisibles.

El sistema que tolera y el vecino que paga​

En el fondo, el malestar no apunta tanto a un colectivo como a la administración que permite el desorden. Una intervención lo resume sin paños calientes: lo que hay no es envidia, es rabia contra un sistema que da manga ancha a unos y aprieta a otros. Es la tesis del doble rasero: la misma institución que multa al particular por una parrilla hace la vista gorda cuando el asunto es más gordo y más incómodo de tocar.

Es una explicación cómoda y también insuficiente. El vecino de al lado —el que paga la hipoteca, el que coge el autobús a las seis— es el que acumula el cabreo.

La celebración del vídeo era lo de menos. Lo que queda al descubierto es una convivencia que se sostiene sobre equilibrios no escritos, y el desglose de agravios que despliega la conversación —barbacoas, suministros, tolerancia selectiva— es más largo y detallado de lo que cabría imaginar. Si esos equilibrios se rompen cuando cambie el color político del ayuntamiento o cuando apriete la escasez, es cosa que nadie sabe. La previsión más honesta: el asunto seguirá ardiendo mientras no haya números encima de la mesa.