Milei prohibe el aborto

El Gobierno de Milei llevará al Congreso la derogación del aborto​

El Gobierno de Argentina llevará al Congreso un proyecto para derogar la ley del aborto. Lo firman seis diputados del partido que lidera Javier Milei y el texto no se queda en retocar la norma vigente: pretende devolver el Código Penal a los artículos de 1921 que la ley actual modificó y castigar con penas de uno a tres años de cárcel a la mujer que cause su propio aborto. A partir de ahí se ha montado una discusión que lleva abierta unos dos años y que arranca con un malentendido de manual: no hay aborto prohibido, hay una propuesta presentada en la Cámara y un recorrido parlamentario que casi nadie da por seguro.

Qué cambia el proyecto y qué no​

La confusión empieza por el vocabulario. Derogar una ley no equivale a prohibir una práctica: derogar devuelve el terreno a los artículos anteriores del Código Penal, que son los que fijan qué se persigue y con qué castigo. El proyecto va más lejos que una simple supresión, porque añade penas de prisión para la madre y retrotrae el marco normativo a 1921.

Conviene no perder de vista lo obvio: esto no está en vigor. El texto tiene que pasar por el Congreso y por el Senado, y ahí el partido de Milei no juega en casa. Una parte de la discusión da por hecho que el proyecto morirá en el trámite; otra recuerda que las mayorías cambian y que la agenda se construye a base de insistir. Con una diferencia de fondo: derogar una ley no es gratis en términos políticos, ni siquiera cuando el discurso lo vende como una simple corrección técnica.

Prohibir o restringir: la pelea por el encuadre​

Aquí se libra la batalla de las palabras. Una lectura sostiene que no se prohíbe nada, sino que se restringe un uso descontrolado que ha acabado funcionando como método anticonceptivo más. La otra lectura responde que el texto habla de prohibición y no de matiz, y que un medio afín al espacio político que promueve la medida lo ha titulado exactamente así: prohibir, no restringir. No es una discusión bizantina. De cómo se cuente depende que la medida se venda como moderación o como una vuelta atrás de un siglo.

El fondo del asunto es que cada bando parte de una definición distinta de lo que es un feto, y eso no lo resuelve ningún reglamento. Ahí se acaba la semántica y empieza la política.

El aborto como privilegio de quien pueda pagarlo​

El argumento más repetido contra la derogación no es moral, sino material. Si el aborto deja de ser legal, deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio: el de quien pueda pagarse el viaje al extranjero para interrumpir el embarazo. El destino natural es Uruguay, que es donde viajaban las argentinas antes de que la ley se aprobara hace unos años. Las que no puedan costearlo, dice ese razonamiento, lo harán en la clandestinidad, con el riesgo que eso supone.

La réplica no se hace esperar y tiene su lógica: si el problema es que las que tienen dinero seguirán abortando fuera, entonces lo que hay que hacer es perseguir el aborto con carácter universal, también cuando se comete en el extranjero y se vuelve al país, para que nadie quede impune. El contraargumento es demoledor por el lado práctico: eso no se ha aplicado nunca en ningún sitio y exige un aparato de control que ningún gobierno ha montado jamás.

El lío liberal: no agresión, proyecto de vida y condición de persona​

Milei es liberal en lo económico y el aborto es la grieta por la que se le cuela el discurso. La definición que maneja su entorno —el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo— se usa tanto a favor como en contra: interrumpir el embarazo priva al feto de su proyecto de vida, dicen unos; el liberalismo se detiene cuando se hace daño a otro, pero un feto no es todavía un individuo, responden otros.

El núcleo del problema es que no hay consenso. Dentro del propio liberalismo el aborto es un debate permanente, con una corriente que sitúa el inicio de la vida en la concepción y otra que no. Cuando eso ocurre, lo que hay es una colisión de derechos: la autonomía de la madre frente al derecho a la vida de lo que aún no ha nacido. Y una tercera vía, la de quienes sostienen que el Estado no debería meterse en absoluto. Sobre esa base, el proyecto de ley es una elección política, no una conclusión lógica.

Las cifras que se cruzan y que nadie cierra​

Toda discusión sobre aborto acaba en números, y los números son el terreno con menos acuerdo. En España se manejan del orden de 100.000 abortos al año. Antes de la legalización, las estimaciones sobre interrupciones clandestinas también rondaban los 100.000, lo que deja una paradoja incómoda: si la prohibición no las evitaba, prohibir tampoco las va a evitar.

La objeción tiene recorrido. De una práctica ilegal no hay estadística oficial, y los recortes de prensa que se citan como fuente son discutibles por definición. La discusión deriva entonces a una pregunta más fina: ¿la legalización crea demanda nueva o solo hace aflorar la que ya existía? Aquí no hay acuerdo, y sin acuerdo no hay política que se sostenga sobre datos.

El trasfondo demográfico: Chile y la natalidad​

Debajo de todo late un argumento que casi nunca se dice en voz alta: la natalidad. Una parte defiende la medida por su efecto demográfico, con la idea de que si con ello nacen 20.000 nuevos argentinos, ya es un avance. El contraejemplo que se lanza es Chile, que no tiene aborto y cuya natalidad está en niveles propios de un país en extinción demográfica. La conclusión, incómoda para ambos bandos, es que la natalidad responde a factores mucho más gordos que la ley del aborto: precariedad, vivienda y expectativas.

El espejo de Estados Unidos​

El contraste internacional lo pone la derecha estadounidense. Donald Trump ha dejado claro que no apoyaría una prohibición federal del aborto bajo ninguna circunstancia y que la vetaría, porque corresponde a los estados decidir. Su posición incluye tres excepciones clásicas: violación, incesto y riesgo para la vida de la madre. Es una línea bastante más laxa que la que plantea el proyecto argentino, y sirve para medir hasta qué punto la derecha no es un bloque homogéneo en este asunto.

Con estos mimbres, el análisis se atasca exactamente en el mismo punto en que empezó: hay un proyecto, no una ley, y su aprobación depende de una aritmética parlamentaria que nadie controla. Lo único seguro es que el aborto no se va a resolver ni con una votación ni con un titular.