El gobierno obligará a los usuarios de redes sociales a rectificar cuando publiquen noticias falsas o inexactas:

Rectificar o multa: el plan del Gobierno para las redes​

El Gobierno prepara un anteproyecto de ley que obligará a los usuarios de redes sociales a rectificar cuando publiquen noticias falsas o inexactas. La medida, adelantada por Cadena SER, forma parte del Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre y contempla que los perfiles con más de 100.000 seguidores queden sometidos a la misma normativa que los medios de comunicación convencionales. El Ejecutivo justifica la norma en la necesidad de «promover una mayor calidad en el debate público». La reacción no se ha hecho esperar: desde el Ministerio de la Verdad de Orwell hasta la pregunta de quién decide qué es verdad, el anuncio ha reabierto la vieja herida sobre la asimetría entre lo que se exige a los ciudadanos y lo que se exige al poder.

Quién vigila al vigilante: el problema de definir la verdad​

La primera grieta que aparece en el debate es la de la autoridad. ¿Quién determina qué es falso y qué es inexacto? La norma habla de «noticias falsas o inexactas», pero no concreta el mecanismo de verificación. En el ambiente flota la sospecha de que serán los llamados verificadores independientes —medios como Newtrola o Maldita Trola— quienes acaben ejerciendo de árbitros, con el problema de que su independencia se pone en duda cada vez que se menciona su financiación. Hay quien recuerda que muchas cosas que se tacharon de falsas acabaron demostrándose ciertas, y que nadie ha rectificado por ello.

La asimetría es el segundo frente. La ley se dirige a los usuarios de redes, pero no a los medios ni a los políticos. Varios mensajes señalan que los periodistas tienen «el monopolio de la mentira y la manipulación» y que las noticias falsas también se publican en medios oficiales. La pregunta de si los políticos rectificarán cuando mienten en sede parlamentaria o en rueda de prensa recorre todo el debate. La conclusión implícita es que la norma nace coja: exige a unos lo que no exige a otros.

El umbral de los 100.000 seguidores y el efecto sobre los creadores de contenido​

El anteproyecto fija un umbral: los perfiles con más de 100.000 seguidores tendrán que someterse a la misma normativa que los medios cuando divulguen hechos inexactos o directamente falsos. Ese umbral convierte a youtubers, streamers y creadores de contenido en sujetos pasivos de la ley. La reacción en el sector es de alerta: se recuerda que ya existen procedimientos judiciales por injurias y que más de un youtuber ha tenido que rectificar en público tras una condena. La diferencia es que ahora la rectificación no vendría de un juez, sino de una multa administrativa. El temor a la «multa estratosférica por vía administrativa» planea sobre el debate.

Hay quien ve en la norma un intento de controlar el ecosistema informativo que no pasa por los medios tradicionales. El fichaje de Broncano por RTVE se cita como ejemplo de que los creadores ya no son incontrolables, y la ley sería el siguiente paso: fiscalizarlos. La comparación con la Neolengua y el Ministerio de la Verdad de Orwell aparece una y otra vez, aunque con ironía más que con apocalipsis.

La paradoja de los bulos oficiales: Pfizer, la DANA y la memoria selectiva​

El debate deriva en un catálogo de agravios. Se menciona el estudio de Pfizer sobre la prevención del contagio y la ausencia de rectificaciones públicas. Se alude a la gestión de la DANA y a la supuesta inoperancia política como ejemplo de noticias que nunca se rectifican. Se recuerda que, según un cálculo que circula entre los participantes, durante la dictadura franquista se construyeron 4,5 millones de viviendas sociales, frente a los 0,5 millones del período posterior, y se lanza el reto de que alguien obligue a rectificar esa afirmación. La conclusión que se extrae es que la ley no se aplicará a los bulos que beneficien al relato oficial.

La ironía alcanza su punto cuando se sugiere que los sociatas estarán exentos de la norma y podrán seguir mintiendo «a dos carrillos» sin necesidad de rectificar. La desconfianza no es solo hacia la ley, sino hacia la imparcialidad de quienes la aplicarán.

Qué pasará con los foros y con la sátira política​

Una de las derivadas más comentadas es el efecto sobre los foros. La norma habla de redes sociales, no de foros, pero la duda sobre si un foro es una red social o no queda flotando. Alguien bromea con que si hay que rectificar cada mensaje, el hosting saldrá por un pico. La sátira política también se pregunta si tendrá que rectificar: ¿basta con decir que es opinión? ¿Y si la opinión incluye un hecho falso?

La conclusión que se impone es que la ley, tal como está planteada, abre más preguntas que respuestas. La predicción con reservas es que su aplicación será selectiva, que los grandes creadores tendrán que contratar abogados y que los bulos oficiales seguirán sin rectificarse. Pero nadie apuesta a que la norma no salga adelante. El Plan de Acción por la Democracia ya está aprobado, y el anteproyecto sigue su curso.