La DGT estudia exigir dos ocupantes por coche y un euro diario en Baleares
La Dirección General de Tráfico quiere descongestionar las grandes ciudades y lo hace con una idea que suena a experimento sociológico:
ocupación mínima de dos personas por vehículo en Madrid y otras capitales, calcada de los carriles VAO europeos. La medida, según el planteamiento inicial, está en fase de análisis. Traducción: nadie ha firmado nada, pero el globo sonda ya vuela.
A esa propuesta le acompañan dos compañeras de viaje que calientan aún más el ambiente. La primera,
un solo coche por vivienda. La segunda,
abonar un euro diario a los coches no residentes que circulen por determinadas carreteras, siguiendo el modelo que ya se aplica en Baleares. En Formentera o Ibiza la intención declarada pasa por cobrar ese euro por día a los usuarios no residentes, con límites de horario y controles de acceso previos. Mallorca, según los datos que maneja la propia estrategia, apunta a tarifas mucho más altas:
entre 35 y 150 euros en función de las emisiones del vehículo.
Un euro al día: ¿descongestión o recaudación?
El primer reproche que aparece por todas partes es aritmético. Un euro diario no disuade a nadie de coger el coche en temporada alta, y menos si el gasto se reparte entre dos o más ocupantes.
¿Qué congestión va a eliminar? La respuesta que se repite es incómoda: ninguna, pero deja dinero en caja y coloca la faena en manos de las empresas de alquiler y de las navieras, que son las que acabarían gestionando el trámite.
Hay quien va más allá y sostiene que el objetivo real no es el tráfico. Bajo esa lectura, la medida es una pieza de un mecanismo más amplio de control de la movilidad, y el euro es solo el precio simbólico de la puerta de entrada. No es una tesis demostrable con los datos disponibles, pero explica por qué el debate se ha desplazado del asfalto a los principios.
El transporte privado, en cuestión
Imponer el número de viajeros por vehículo toca un nervio más profundo que cualquier tasa. Significa, en la práctica, la muerte del concepto de transporte privado tal y como se ha entendido hasta ahora: el coche deja de ser un espacio propio para convertirse en un recurso que hay que justificar ante la Administración. Quien trabaja a 50 kilómetros de casa y no tiene transporte público que le sirva se queda sin respuesta clara. Y las soluciones imaginativas que circulan por los foros —desde ofrecerse como acompañante de pago hasta recurrir a cualquier artilugio para simular un segundo ocupante— son la prueba de que el problema no se resuelve con una multa.
La simetría tampoco ayuda. Los coches oficiales, los helicópteros y los aviones institucionales no entran en el cómputo. La norma aprieta donde hay votos y no donde hay privilegios, y eso lo detecta cualquiera.
Baleares como laboratorio
El archipiélago lleva ventaja. Allí ya se ha puesto manos a la obra para reducir la congestión en temporada alta, con controles previos y franjas horarias. El problema es que el modelo balear se ha diseñado para una isla con picos turísticos brutales, no para una ciudad de interior con commuting laboral. Exportar la receta sin adaptar los ingredientes es lo que hace que la propuesta suene a ocurrencia.
En el terreno político, la apuesta es que un cambio de gobierno revierta la medida. Es la misma lógica que se aplicó a otras reformas: si el que viene desmonta lo que montó el anterior, el ciudadano acaba pagando dos veces la factura de la incertidumbre.
Lo que nadie ha explicado todavía
Faltan los números que importan. Cuántos vehículos circulan con un solo ocupante, cuánto tráfico se ahorraría realmente, qué pasa con las familias con un solo coche, cómo se controla la ocupación en un túnel o en una incorporación. Nada de eso está sobre la mesa. Lo que hay es un catálogo de intenciones y una fecha de aplicación sin cerrar.
Con este nivel de concreción, lo razonable es que la medida se quede en el limbo administrativo. Pero conviene no confiarse: el euro de Baleares también empezó siendo una propuesta y ya está en marcha.