Sociedad: Murcia: segurata que se la tenía jurada a su ex, falla en su intento, y se carga a su exsuegra

Una mujer de 79 años muere en Torreagüera al proteger a su hija​

Una mujer de 79 años murió en la pedanía murciana de Torreagüera al interponerse entre su hija y los disparos de la expareja de esta, un exvigilante de seguridad sobre el que pesaba una orden de alejamiento. El agresor, que según los primeros relatos accedió al lugar armado, habría fallado en su objetivo inicial y acabó con la vida de la madre. La noticia, publicada por La Verdad, desató un cruce de reproches sobre algo que va mucho más allá del suceso: quién puede tener un arma en España y con qué facilidad se pierde ese permiso.

El caso tiene un detalle que descoloca a cualquiera que haya tramitado una licencia: según un mensaje del hilo, el agresor ya había sido condenado por un tribunal de violencia de género en noviembre de 2024, con orden de alejamiento y retirada del permiso de armas. Es decir, sobre el papel no podía tener una pistola. En la práctica, el debate se llenó de preguntas incómodas sobre cómo un hombre con ese historial acabó disparando.

¿Puede un vigilante de seguridad llevar arma fuera de su trabajo?​

La respuesta corta es no, y aquí el ruido superó con creces al dato. Desde 2001 los vigilantes de seguridad no portan arma salvo excepciones muy concretas —custodia de explosivos o de caudales— y en ningún caso pueden llevársela a casa. Para tener una pistola particular hay que sacarse la licencia federativa de tiro olímpico, la F, con sus exámenes, sus cuotas y sus tiradas obligatorias. Un camino caro y farragoso que casi nadie recorre.

Hay quien sostiene que el título de seguridad incluye formación de escolta y licencia de armas; el matiz es que eso habilita para el servicio, no para el domicilio. La confusión entre permiso profesional y permiso personal recorrió buena parte del intercambio, con correcciones mutuas sobre qué se puede y qué no se puede hacer con un arma reglamentaria.

El permiso retirado que no impide el crimen​

La secuencia legal es más severa de lo que parece. Una condena conlleva la prohibición de tenencia y porte, y el condenado debe depositar sus armas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Después, por vía administrativa, se le revoca el permiso y no lo recupera mientras arrastre antecedentes penales. Cumplida la ejecutoria, todavía tiene que esperar plazos adicionales para volver a solicitarlo, y la concesión es potestativa: no un derecho, sino una facultad de la Administración.

Con todo ese andamiaje, el hombre disparó. De ahí sale la pregunta que nadie responde con comodidad: si el arma era legal, ilegal o simplemente estaba fuera de todo control, y por qué el sistema de retirada no bastó. Hay quien sostiene que las leyes pensadas para alejar las armas de los criminales nunca han servido para gran cosa.

El argumento del arma propia, puesto a prueba​

La otra derivada del caso es el viejo pulso sobre el libre acceso a las armas. Si la hija hubiera tenido una en casa, ¿habría podido defenderse? Quien defiende esa tesis la usa como ejemplo; quien la combate responde que el ciudadano medio cumple impuestos y leyes toda su vida y aun así se enfrenta a doce pruebas de Hércules para lograr un permiso, mientras el delincuente se arma por vías que no pasan por ninguna administración.

Según un cálculo que circula en el hilo, con armas generalizadas España registraría miles de asesinatos al mes. El escenario opuesto sostiene que el problema no es el medio —un cuchillo de cocina o una tabla de palé sirven igual— sino las consecuencias penales, que para unos son devastadoras y para otros, según esta lectura, casi inexistentes.

Lo que la noticia cuenta y lo que deja fuera​

El relato periodístico también fue objeto de disección. Se subrayó que la profesión del agresor apareciera en el titular cuando no tenía relación con el hecho, y se contrastó con la rapidez con que se publican nombre, foto y oficio cuando el autor es español de origen. El propio texto recoge que el hombre entró con dos pistolas y que iba a por todos, un detalle que reordena la escena y aleja la imagen del arrebato puntual.

Queda el dato humano: una madre de 79 años que se interpuso y recibió el disparo destinado a su hija. Sobre el móvil, el historial completo y el origen real del arma, el asunto sigue abierto. ¿Cuántas órdenes de alejamiento hacen falta para que una pistola desaparezca de verdad?