Cita previa y teletrabajo: el cóctel que ha roto la administración
Desde la pandemia, la administración pública española arrastra un deterioro que se extiende de la Justicia a la Sanidad. El texto que originó esta discusión lo describe sin anestesia: procuradores y abogados acuden a los juzgados y se encuentran con que el funcionario que debe atenderles está teletrabajando, un eufemismo que, según el relato, equivale a estar en casa sin manera de comunicarse con él. «Es como si se hubiera mudado a Marte», resume un letrado. La reforma procesal impulsada por Bolaños añade capas de complejidad a un sistema que jueces y abogados critican con dureza.
La cita previa, otro invento heredado del covid, se ha convertido en un embudo. Ya no solo para Extranjería: también para denunciar en comisaría, para trámites de Tráfico o para el SEPE. El ciudadano que no consigue una cita se persona en la oficina y graba salas casi vacías con mesas desiertas. La respuesta oficial es que los ausentes teletrabajan. ¿Pero en qué consiste el teletrabajo de quien tiene que atender presencialmente?
El SEPE: 1.111.000 atenciones presenciales en dos meses
Los datos desmienten la versión más simple. Según una fuente interna citada en el debate, el SEPE ha atendido presencialmente a 1.111.000 personas en la suma de enero y febrero. El problema no sería la cita previa en sí, sino la explosión de trámites: desde la pandemia, con el escudo social y la implementación del IMV, las atenciones se han disparado. La solución que se apunta es impopular: recortar subsidios y cargarse el IMV para reducir la carga administrativa.
En el SEPE, el 75% del personal está en presencial en las oficinas de prestaciones. En Seguridad Social simplemente no hay personal, y por eso se ven mesas vacías. El teletrabajo, sostiene esta versión, es casi inexistente. A finales de 2024 se cambió la normativa y se implementó un nuevo programa que funciona peor, con incidencias graves, y que obliga a trabajar con dos sistemas distintos. Las prórrogas pasaron de seis meses a tres y se activa de oficio un complemento de apoyo al empleo que consume días de subsidio.
Teletrabajo sin VPN: el funcionario que no puede ni entrar al sistema
El teletrabajo mal implementado genera escenas absurdas. Un formador de funcionarios autonómicos relata que en cada curso había alumnos que decían no poder hacer las cosas porque teletrabajaban y no tenían VPN para acceder a la red de la comunidad. ¿Qué clase de teletrabajo es ese si no puedes entrar ni al sistema ni a los repositorios?
La crítica más repetida no es contra el teletrabajo en sí, sino contra su gestión. Hay quien defiende un sistema dual: cita previa para quien la quiera y atención sin cita para quien prefiera hacer cola. Y quien propone rotar la plantilla para que no estén todos teletrabajando a la vez. El problema de fondo, señalan algunos, es que se concedió el teletrabajo a tontas y a locas durante la pandemia y nunca se resolvió el desorden.
La Sanidad: huelga médica, salas vacías y universalización sin cálculo
En Sanidad el cuadro es igual de sombrío. El texto original denuncia que la ministra Mónica García ha admitido que tomó la decisión de universalizar la sanidad pública sin calcular cuánta gente se apuntaría. Ni medidas extraordinarias ni evaluación de impacto. La consecuencia previsible, según el relato, es el colapso definitivo del sistema y el engorde de la sanidad privada.
Mientras tanto, los médicos están en huelga. El texto pide a los facultativos que avisen a los pacientes para que no hagan el viaje en balde y que hagan ruido. En los centros de salud, las salas de espera vacías contrastan con los administrativos charlando de recetas de cocina. Y en los hospitales, las pruebas las hacen las enfermeras porque los médicos no pasan consulta.
El negocio de las citas: bots que las acaparan y las revenden
El sistema de cita previa ha generado un mercado negro. Según el texto, algunos emprendedores utilizan bots para apoderarse de todas las citas en cuanto salen y luego revenderlas. Empezó con Extranjería, pero se ha ampliado a Tráfico, el SEPE y oficinas de empadronamiento. La policía, denuncia, dice que no puede hacer nada.
El debate derivó hacia la productividad de los funcionarios. Hay quien pide controlarla con especial atención a los sanitarios. Y quien recuerda que la empresa privada tampoco es un paraíso: fábricas que eran chatarreros y ahora son estercoleros donde nada funciona. La conclusión más repetida es que en España no funciona lo público ni lo privado, y que el problema es más de mentalidad y de incentivos que de titularidad.
¿Alguien cree de verdad que el sistema se arreglará solo cuando se jubilen los que quedan?