Clamor de los funcionarios contra el fin de la cita previa obligatoria: "Habrá que incrementar plantillas un 30%"

El fin de la cita previa obligatoria tensiona a la Administración​

Pedro Sánchez prometió el 15 de noviembre, en el debate de investidura, un nuevo modelo de atención presencial «con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria». El anuncio pasó casi desapercibido entre el ruido de una sesión bronca, pero este jueves el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, lo ha concretado: un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que se aplicará «lo antes posible». La reacción en los organismos con más carga de trabajo no se ha hecho esperar. En la Seguridad Social y el SEPE lo consideran directamente inviable; en la Agencia Tributaria (AEAT) hablan de malestar y de un clima de rebelión entre el personal de Gestión.

Qué cambia con el fin de la cita previa obligatoria​

La norma que ahora se quiere derogar la impuso el propio Ejecutivo durante la pandemia. Desde entonces, la cita previa se convirtió en el filtro obligatorio para acceder a muchas oficinas de la Administración General del Estado. Escrivá sostiene que «para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria» y añade que ya el año pasado hubo más de un millón de consultas sin cita previa. El cambio normativo se completará con una remodelación de la página web central del Gobierno, que pasará a organizar la información por hechos vitales en lugar de por departamentos.

El problema no es el principio, sino la aritmética. Los sindicatos advierten de que las plantillas ya están tensionadas tras los esfuerzos de la pandemia —nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, el Kit Digital, el bono cultural joven o el cheque de 200 euros— y el despliegue de los fondos europeos. Desde CSIF lo resumen sin paños calientes: «inviable, no hay manos suficientes». Su estimación es que haría falta incrementar la plantilla un 30%, con interinos, algo que creen que «no da tiempo a asumir».

La AEAT avisa: la cita previa modera la asistencia​

En la Agencia Tributaria el diagnóstico es parecido, aunque más matizado. Fuentes oficiales del organismo subrayan la importancia de la cita previa para moderar la asistencia y evitan pronunciarse mientras no haya un texto legal. Otras fuentes conocedoras describen un clima de «rebelión entre los funcionarios de Gestión», convencidos de que no hay manos para las jornadas que habría que implementar. La paradoja es que Hacienda mantiene la obligación de presentar la declaración de la Renta por vía electrónica desde 2018, una discriminación que el Tribunal Supremo consideró ilegal en una sentencia del 20 de julio, pero que el real decreto-ley anticrisis publicado en el BOE el 28 de diciembre sigue manteniendo.

El pulso salarial que se cruza con la cita previa​

El anuncio llega en un momento delicado. El Gobierno no ha articulado todavía la subida salarial de este año para los funcionarios, mientras sí ha elevado las pensiones y el SMI. La subida adicional del 0,5% ligada al PIB se abonará próximamente, pero el Ejecutivo quiere vincular el incremento base de 2024 a los Presupuestos, unas cuentas que quedaron en duda después de que Junts tumbara por ahora la ley de amnistía. Desde CCOO sostienen que la subida salarial «no tiene por qué ir en los Presupuestos» y recuerdan que ya se subió el sueldo a los funcionarios sin presupuestos en 2019 y 2020. En CSIF y UGT coinciden.

Cuántos funcionarios harían falta para atender sin cita​

El ministro quiere elevar la plantilla de la Administración General del Estado en cerca de 70.000 personas hasta alcanzar las 590.000 que había en 2011. La OCDE recomienda que los empleados públicos supongan el 18% del empleo total, lo que implicaría 400.000 nuevos puestos. El detalle completo de esos cálculos, con el desglose por organismos, es donde se ve la magnitud real del problema: no es solo contratar, es que el ritmo de jubilaciones previsto obliga a correr para no perder efectivos.

La brecha entre el relato y la ventanilla​

En el lado opuesto, una parte del análisis sostiene que el problema no es de plantilla sino de productividad. Se argumenta que la Administración lleva digitalizada más de una década y que, aun así, el número de empleados públicos sigue en máximos. La comparación con 1975 —cuando todo se hacía a mano y había una sexta parte de empleados públicos— aparece una y otra vez para preguntar qué se ha hecho con la tecnología. La respuesta sindical es que la digitalización no elimina el trabajo: lo traslada. Tramitar una pensión de extranjeros, por ejemplo, exige traducir documentación y revisar bases de datos que no siempre cuadran.

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¿Se puede atender sin cita previa con las plantillas actuales? La respuesta oficial aún no existe. La norma está por escribirse, los Presupuestos por aprobarse y las jubilaciones por llegar. Mientras tanto, el ciudadano sigue haciendo cola —física o telefónica— en la misma ventanilla de siempre.