¿Nadie va a decir NUNCA que el PRECIO DE LOS ZULOS tendria que ser un 90% inferior?

La vivienda se ha multiplicado por mil mientras los salarios se congelan​

Hace sesenta años, un obrero analfabeto compraba un piso de obra nueva en la capital de provincia con el sueldo de un año. Hoy, un titulado con tres carreras necesita dos sueldos por encima de la media durante sesenta años para pagar el mismo inmueble, ya no nuevo. La diferencia no es un ajuste: es una multiplicación por mil del precio en pesetas corrientes. Así lo recuerda un análisis que circula estos días: en 1970, el piso costaba 100.000 pesetas; en 2026, se piden 100 millones por el mismo producto, con la única diferencia de que ahora es viejo.

La comparación que nadie quiere hacer​

Los datos de la época son tozudos. Un testimonio directo: un piso de 120 metros cuadrados se compró por 1.000.000 de pesetas (6.000 euros de hoy) cuando el sueldo era de 120.000 pesetas al mes. Es decir, nueve sueldos. Se pagó en cinco años. Otro caso: un piso de 98 metros, comprado en 1976 por 160.000 pesetas, se saldó en dos años con letras directas al promotor, sin banco. En aquella España de analfabetos y empleos de mierda, la vivienda era un bien alcanzable. Hoy, con carreras y empleos cualificados, se ha convertido en un lujo que exige hipotecas de medio siglo.

El decreto Boyer y la financiarización de la vivienda​

¿Qué pasó? Hay quien señala al decreto Boyer de 1986, impulsado por el PSOE, como el punto de inflexión. Aquella norma liberalizó el suelo y eliminó controles de alquiler, abriendo la puerta a la especulación. «Todo dios se ha subido al carro después», se argumenta. El resultado: la vivienda dejó de ser un derecho para convertirse en un activo financiero. Los promotores y los bancos pactaron subir precios de forma coordinada, y la administración pública colaboró con entidades como el SAREB, que heredó los activos tóxicos de la burbuja y los gestionó sin presión para vender.

La burbuja, el rescate y el SAREB​

La crisis de 2008 estalló, pero el rescate bancario cambió las reglas del juego. Se inyectaron más de 100.000 millones de euros a la banca, condicionados a que el pago de la deuda estatal se antepusiera a cualquier otra prioridad. Las cajas de ahorros, competidoras de los grandes bancos, fueron destruidas. El SAREB, la «bad bank», se convirtió en un instrumento para sostener precios, no para bajarlos. El resultado: una generación entera condenada a pagar la fiesta de la anterior.

¿Devaluación del 90%? El debate entre el control de precios y la realidad del coste​

La pregunta que flota en el aire es si el precio debería caer un 90%. Los defensores de esa tesis sostienen que la vivienda está ultrainflada y que solo una devaluación brutal permitiría a la sociedad desarrollar sus proyectos vitales. En contra, se argumenta que con el 10% del precio actual no se puede ni construir la vivienda, suponiendo que el suelo fuera gratis y el peón cobrara 2.500 euros al mes. Entre medias, hay quien propone control de precios, una medida con consecuencias conocidas de escasez y caos, y quien pide más liberalización, aunque el ejemplo actual demuestre que esa vía solo ha servido para enriquecer a unos pocos.

El coste social: natalidad, inmigración y vivienda​

El problema trasciende lo económico. La vivienda inasequible ha hundido la natalidad, ha obligado a importar mano de obra para sostener el sistema y ha generado una tensión social creciente. Se señala que la llegada de inmigrantes, que comparten vivienda y pagan lo que sea, ha agravado la presión sobre el mercado, pero también se recuerda que sin ellos el sistema productivo colapsaría. Es una contradicción que nadie parece dispuesto a resolver.

Mientras tanto, el juego de las sillas se ha detenido: nadie se mueve porque nadie puede pagar la siguiente silla. ¿Alguien se atreverá a decir en público que el precio de la vivienda está inflado en un 90%? La respuesta, por ahora, es un silencio incómodo.