Nauseabundo el telediarreo de atresmierda hoy

El telediario que enterró el caso Begoña en un día​

La noticia no es que una cadena dedique su escaleta a la mujer del presidente. La noticia es el orden en que lo cuenta. Primero, la Fiscalía pide archivar la causa abierta contra Begoña Gómez. Después, veinte minutos sobre unas manchas solares que unos escolares han estudiado con la NASA. Y en medio, el silencio. Ese hueco es el mensaje: la investigación que un juez admitió a trámite se convierte, en una sola tarde, en un asunto cerrado que nadie menciona.

Qué se investiga y qué se archiva​

Los hechos, tal como circulan, son dos y van en direcciones opuestas. Por un lado, un juzgado ha admitido a trámite la denuncia y ha abierto diligencias sobre la actividad profesional de Begoña Gómez, incluida la marca con la que operaba la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, registrada —según las informaciones difundidas— meses antes de que ella ejerciera como codirectora. Por otro, la Fiscalía pide el archivo. Que el Ministerio Público solicite sobreseimiento no equivale a absolución: el caso sigue en manos del juez y puede acabar en juicio o en nada.

Ahí está el nudo. Una parte del análisis sostiene que la denuncia es una operación de desgaste sin pruebas, presentada por una organización con historial de causas temerarias. La otra parte responde que la condición de esposa del presidente es precisamente lo que convierte el tráfico de influencias en una hipótesis verosímil, y que la mujer del César no solo tiene que ser honesta: tiene que parecerlo.

El reparto de la publicidad institucional​

Debajo del ruido hay una cifra que casi nadie discute. Los contratos de publicidad institucional que el Gobierno reparte entre televisiones y periódicos superan con holgura los ingresos por publicidad comercial de algunos de esos mismos medios. De ahí sale el sueldo de presentadores y tertulianos. No es una teoría: es una partida presupuestaria.

El ejemplo que se cita es revelador por lo pequeño. Un contrato del Ministerio de Igualdad por 98.000 euros para un cartel que una profesional independiente había facturado por 4.500. La empresa adjudicataria pertenecía, según los datos manejados, a uno de los editores de un gran diario nacional; la competidora, a un grupo rival. El chocolate del loro, dicen. La merienda entera, más bien.

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Dos cadenas, un mismo dueño y dos públicos​

La sorpresa de muchos es descubrir que dos de las cadenas que parecen enfrentarse cada noche pertenecen al mismo grupo empresarial. Tienen dos informativos enfocados a públicos distintos para que parezca que hay dos opiniones. El mensaje de fondo, sin embargo, es idéntico. Píldora roja o píldora azul, según convenga cosméticamente.

Esa arquitectura explica por qué la cobertura del caso cambia de tono según quién paga. Y explica también por qué una parte de la audiencia ha dejado de mirar. Hay quien lleva más de una década con el cable de antena desconectado y no lo echa de menos.

¿Por qué el caso se convirtió en un pulso político?​

Porque el calendario judicial y el calendario electoral van a la par. Una causa abierta contra el entorno del presidente se convierte, quiera o no, en material de campaña durante los años que tarde en resolverse. Los partidarios del Gobierno lo llaman lawfare y señalan precedentes: causas que se mantuvieron vivas durante años y murieron en nada. Los críticos responden que la independencia judicial no se puede invocar solo cuando la causa incomoda.

En medio queda un detalle incómodo para todos. Existen denuncias falsas probadas, con condena para el denunciante, que han costado meses de prisión preventiva a ciudadanos corrientes. Que eso ocurra no demuestra nada sobre este caso concreto. Solo recuerda que el instrumento es peligroso en las dos direcciones.

El telediario como termómetro​

Lo que se vio en pantalla fue un ejercicio de escondite. No se analizaron las supuestas irregularidades. No se contrastaron. Se mencionaron como «informaciones periodísticas» y se pasó a otra cosa, con la excusa de que la Fiscalía ya había pedido el archivo. Veinte minutos de manchas solares. El telediario no informa: administra el olvido.

El patrón se repite en varios canales la misma tarde, con el mismo énfasis y el mismo silencio selectivo. Cuando coinciden tantos medios en no contar algo, la coincidencia deja de ser casualidad y pasa a ser línea editorial.

Qué puede pasar ahora​

El caso está donde estaba: en manos del juez, con la Fiscalía pidiendo archivarlo y con la acusación sosteniendo que hay material. Si el juez archiva, la denuncia habrá servido para tres años de titular y nada más. Si sigue adelante, el desgaste será mutuo. En cualquiera de los dos escenarios, la cobertura informativa ya ha hecho su trabajo: instalar la duda sin necesidad de probarla.

La predicción, con todas las reservas del mundo, es que esto no se resolverá en los tribunales sino en las urnas. Y que el día después, los mismos que hoy miran a otro lado encontrarán motivos nuevos para hacerlo.