España, un país que se tercermundiza: síntomas que duelen
¿Cabe una depresión más incómoda que la de volver al pueblo de la infancia y encontrar cerrados todos los comercios donde veraneaban los abuelos? Quien está dando vueltas a la «tercermundización» de España encuentra material de sobra en un solo paseo: turismo congestionado, calles que huelen a orines, aceras acondroplásicas y barrios de ladrillo de los sesenta sin plan de remodelación. El diagnóstico que circula estos días mezcla datos urbanísticos, laborales y demográficos, y no deja a nadie del todo limpio.
La imagen de país que emerge es la de una economía de servicios de bajo valor añadido. Los pequeños comercios mueren, los pueblos se convierten en decorados turísticos y la vivienda rural marca precios irrisorios -200 euros por 150 metros cuadrados en alquiler son un espejismo que convive con ciudades imposibles-. Mientras, el consumo de antidepresivos nunca fue tan alto. Algo no cuadra entre el relato de país moderno y la realidad del territorio.
¿La culpa es del voto o del sistema?
Aquí se abren dos trincheras. Una corriente sostiene que el deterioro es consecuencia directa de décadas de políticas votadas sin demasiadas preguntas. Se recuerda que partidos de todos los signos han aprobado regularizaciones masivas o apostado por el turismo como única industria. La otra corriente devuelve el golpe: el mismo modelo capitalista español es el que necesita mano de obra barata, empleo precario y dumping laboral para sostenerse. Contratar a personas migrantes para hacer más horas que un reloj, en zain y sin derechos, no es una ley socialista: es la esencia del negocio turístico e inmobiliario.
El caso de Hungría se cita como antídoto contra los tópicos: votar opciones de extrema derecha no frenó la inmi gración, solo la reorientó hacia trabajadores asiáticos con menos derechos. La frontera, parecen decir los números, es un objeto decorativo cuando el mercado pide carne de cañón.
La corrupción, el pegamento del régimen
El segundo gran eje del diagnóstico es la degradación política. Todos los gobiernos, sin distinción de sigla, han estado salpicados por escándalos de financiación ilegal. Se habla de corrupción sistémica y de una ciudadanía que vota como quien va a un espectáculo: toreros, humoristas, millonarios mediáticos, partidos secesionistas o herederos de la violencia política han ocupado escaños con naturalidad. La conclusión más repetida, y la más incómoda para la casta, es que España no castiga a los corruptos porque ha hecho del voto una forma de entretenimiento y no de control.
Frente a eso, el «régimen del 78» se presenta como un consenso agotado: la comparación con los años ochenta, con todos sus defectos, describe una vida socialmente más habitable que la actual. La nostalgia tiene truco, pero es un dato que ninguna encuesta oficial captura.
Una generación entera en el punto de mira
Hay, además, una lectura generacional que incendia el ambiente: los nacidos en los sesenta y setenta lo tuvieron comparativamente fácil y creyeron que era consecuencia de su esfuerzo. Esa cohorte, dice el análisis más duro, es la que ha gestionado el país y la que lo ha llevado a la playa de la decadencia. Los menores de cinco años heredarán un país alejado del que recibieron sus bisabuelos. Y el plazo no es eterno: algunas previsiones apuntan a que para 2060 no quedará de qué lamentarse.
La ironía final es que nadie espera manifestaciones masivas contra el deterioro. La fatiga democrática se mide en silencio, en recetas de ansiolíticos y en la resignación de quien ya no confía en que la papeleta cambie nada. Es posible que el país merezca lo que vota; pero los que vienen detrás, no. A ellos les tocará pagar la factura de un proyecto que se agotó sin que nadie convocara un relato alternativo.