No se puede poner puertas al campo

El DNI en internet: la puerta que quieren cerrar al campo abierto​

La verificación de edad con DNI para acceder a contenido para adultos ha dejado de ser una anécdota administrativa. El argumento oficial es proteger a los menores. El efecto práctico, según se desprende de la discusión, es otro: convertir el anonimato en un privilegio y la identificación previa en la puerta de entrada a la red. La primera víctima de esa puerta no es el porno. Es la privacidad de cualquiera.

El planteamiento inicial del asunto es sencillo de resumir: no se pueden poner puertas al campo. Internet es mundial, hay servidores en cada rincón del planeta y siempre habrá países donde el contenido sea legal o usuarios que lo distribuyan por vías alternativas. Bajo esa lógica, la medida nace coja. Pero la discusión derivó rápido hacia un terreno más incómodo: la puerta no se pone al campo, se pone al router.

Qué se propone y por qué se duda del motivo​

La propuesta, tal como se describe en el arranque del asunto, obliga a identificarse con DNI para verificar la edad en webs de contenido adulto. La excusa declarada es impedir el acceso de menores. La sospecha que recorre toda la conversación es que el porno es el pretexto y el control es el objetivo. «Quieren el control total de todo lo que haces», resume uno de los primeros intervinientes.

El contraargumento más repetido es el de la inutilidad práctica. Los menores acceden igual: siempre hay un mayor de edad dispuesto a bajar el contenido a precio módico, igual que se les saca alcohol del supermercado. La prohibición no elimina la demanda, solo la desplaza. Y de paso, crea un mercado gris donde antes había una barra libre.

El DNI ya lo tiene tu operadora: qué cambia entonces​

Aquí el asunto se pone técnico y es donde más se enreda la conversación. Un sector sostiene que la medida es papel mojado porque el proveedor de telecomunicaciones ya tiene el DNI del titular del contrato, su dirección, su teléfono y su cuenta bancaria. Bajo esa óptica, exigir la identificación en la web no añade nada que el Estado no pueda pedir ya por vía judicial ante un delito penal.

La réplica llega con un matiz que desmonta el argumento anterior: una cosa es el titular que paga la factura y otra el usuario que navega. No es lo mismo el DNI del contrato que la persona que inicia sesión, comenta o consulta. La ley, se argumenta, atenta contra el anonimato aunque se intente minimizar, y abre la puerta a que cualquier opinión divergente acabe catalogada bajo la etiqueta elástica de «contenido para adultos».

La amenaza real: capar el acceso, no la web​

El escenario que más inquieta no es el bloqueo de una página concreta. Es el filtrado en el punto de acceso. Quien controla el cable controla lo que pasa por el cable. La predicción que circula es que los operadores, obligados por ley, exijan la identificación antes de dar servicio, y que quien no la dé se quede fuera. No sin internet de lujo: sin internet útil. Sin correo, sin trámites, sin banca.

La cita que resume el temor es la de un interviniente que avisa de que la amenaza es muy real y que en China ya se aplica. Otro añade que el siguiente paso lógico es prohibir las VPN, el último resquicio para navegar sin dejar rastro. Y un tercero recuerda que el gobierno ya obliga a pedir cita previa para renovar el DNI, así que la costumbre de la ventanilla digital ya está interiorizada.

Las soluciones que se barajan: VPN, proveedores extranjeros y poco más​

Frente al escenario anterior, las salidas que se mencionan son de resistencia doméstica. Contratar una VPN con un proveedor de un país fuera de la alianza de los catorce ojos. Montar una VPN casera en la Raspberry Pi de un amigo, con el tráfico cifrado de extremo a extremo. Pagar solo un par de euros al mes por un giga de datos para el correo y poco más, y que el resto lo subsidie quien quiera.

El problema es que ninguna de esas soluciones es masiva. Requieren conocimientos, cuestan dinero y dependen de que el operador no bloquee también el protocolo. La conclusión que flota es incómoda: la puerta al campo abierto seguirá existiendo, pero cada vez más gente necesitará una llave que no todo el mundo tiene.

El precedente que nadie olvida​

La conversación no se entiende sin la resaca de la pandemia. Varios intervinientes enlazan la verificación de edad con los confinamientos, los pasaportes de vacunación y la sensación de que se usó una emergencia sanitaria para instalar hábitos de control que luego no se retiraron. «Lo mismo que se usó un virus para quitarnos las libertades», resume uno. La predicción que se lanza es que un ciberataque o una crisis energética servirán de excusa para exigir el carnet antes de conectarse, y que habrá aplausos desde el balcón.

El cierre del asunto no llega a consenso. Unos sostienen que el gobierno es chapucero y que la medida reculará como reculó la tasa Google. Otros avisan de que la puerta ya está entornada y que el campo, tarde o temprano, tendrá dueño. Lo único claro es que el DNI, ese documento que se sacaba para trámites concretos, aspira ahora a ser la llave de todo. Y que quien no la enseñe, se queda fuera.