Ya las cajeras de los supermercados pasan de los chorizos

Una coca cola de medio litro, un pitido y ninguna cajera en movimiento​

El producto robado vale menos que la alarma que lo delata. Un cliente salió de un supermercado con una cocacola de medio litro en la mano izquierda y una mochila a la espalda; al cruzar la puerta, el arco de seguridad pitó. La cajera miró, vio el refresco, se giró hacia la compañera de la caja contigua y las dos siguieron con el siguiente carro. Nadie corrió. Nadie llamó a nada. El testigo se quedó esperando una reacción que no llegó.

La escena abre una pregunta incómoda: ¿quién pone el cuerpo cuando alguien se lleva algo que no ha pagado? La respuesta que se impone en la práctica, cada vez más, es nadie. Ni quien cobra los 1.500 euros al mes que se citan en el hilo ni quien firma la nómina del servicio de vigilancia.

¿Qué pasó con la coca cola que pitó en la puerta?​

No hay certeza, y ese es parte del problema. Lo visible era el refresco; lo que sonaba era la alarma. La hipótesis más razonable es que la mochila llevara algo más, porque cuesta creer que una botella de medio litro cargue etiqueta antirrobo. Poner alarma a un producto cuesta dinero y tiempo, y hacerlo con todo el lineal no compensa: la relación entre lo que se perdería etiquetando cada unidad y lo que se pierde por hurtos no sale a cuenta. De ahí la técnica que se aplica en algunos comercios: marcar solo unas cuantas unidades al azar, para que quien pretende llevarse algo no sepa cuál pita.

Ese cálculo —proteger a salto de mata y confiar en el efecto disuasorio— explica por qué sonó la alarma y por qué nadie se movió. El pitido no es una prueba, es un aviso. Y un aviso, si no hay nadie dispuesto a actuar, se queda en ruido.

¿Puede una cajera retener a un ladrón? Lo que dicen los protocolos​

No. En las grandes cadenas, el personal tiene instrucciones de no enfrentarse ni retener a nadie: o el artículo se deja por voluntad propia o se deja marchar. Ni abandonar el puesto ni el lugar de trabajo. La razón es sencilla: el riesgo laboral y jurídico lo asume quien está detrás de la caja, no la central. Un forcejeo termina en parte de baja, en mutua, en denuncia y, con suerte, en un procedimiento que la empresa prefiere evitar.

A eso se suma el día a día: amenazas, intentos de agresión y episodios que se repiten casi a diario en determinados turnos. Se argumenta que, cuando el incidente acaba con alguien retenido, la respuesta puede ser una reclamación por incapacidad o secuelas. Con ese panorama, el cálculo del trabajador es racional: un sueldo de 1.500 euros no cubre una agresión, ni una baja, ni un juicio. Quien sostiene que la cajera debería haber salido detrás del ladrón probablemente no ha estado nunca solo frente a una caja a las diez de la noche.

El hurto por debajo de 400 euros que no llega a los tribunales​

Aquí está el nudo. Se sostiene que un hurto por debajo de 400 euros no constituye delito, sino una infracción que se salda con multa; y si quien debe pagarla es insolvente, no se cobra. Detener al autor sirve, en el mejor de los casos, para recuperar el género y perder una mañana en comisaría. Al día siguiente, el mismo sujeto puede volver a intentarlo.

Esa impunidad práctica alimenta la sensación de que la ley no está por la labor y de que el problema se ha desplazado a quien menos puede hacer: el dependiente. Aparecen soluciones de fontanería, como un botón en cada caja que bloquee la puerta de salida al pulsarlo. Fin del asunto, sin necesidad de vigilantes. Otros recuerdan que el vigilante también aparta la vista cuando la cosa se complica.

Quién paga el robo: mermas, seguros y la cesta de la compra​

La respuesta más repetida es la más incómoda para el cliente: lo paga usted. Las mermas se repercuten en el precio, y las cadenas reservan un porcentaje para impagos y hurtos dentro de su margen. Si ese colchón no se consume un mes, no se devuelve nada al comprador. Otra corriente sostiene que los productos están asegurados y la pérdida la asume la aseguradora, lo que a efectos de balance no cambia gran cosa.

De ahí el salto a la inflación: si el comercio no puede perder dinero, alguien pone de su bolsillo lo que se llevan otros. Puede discutirse cuánto pesa en el precio final, pero la conclusión es la misma: el coste del hurto no desaparece, se reparte.

El dueño que sí se planta: del taller a la tienda de barrio​

El contraste llega cuando quien está detrás del mostrador es también el propietario. En los pequeños comercios de barrio, la reacción suele ser otra: se planta cara, se echa a quien pretende llevarse algo y se asume el riesgo, porque el negocio es suyo y nadie le va a reponer la pérdida. En un taller mecánico la duda es idéntica: ¿llamar o no llamar si alguien se lleva una lata de aceite que ha pasado de 25 a 36 euros?

También hay episodios en la dirección contraria. Una clienta de aspecto impoluto fue interceptada por llevarse una empanada que estaba en oferta, con una vigilante camuflada de repartidora. Y dos cajeras de una gran superficie salieron a la carrera detrás de dos jóvenes por un robo. Depende del día, del turno y de quién esté mirando.

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Con la coca cola ya en la calle, la alarma apagada y la caja cobrando al siguiente, queda la pregunta: si nadie va a retener al ladrón, nadie va a pagar la multa y nadie va a reponer el producto, ¿a quién le sigue pareciendo que esto disuade a alguien?