Nueva prohibición de X: ¿se nos va de las manos la regulación?

Prohibir X: la ministra que aún no ha presentado el cómo​

¿Se puede prohibir una red social en España con una rueda de prensa? Es la pregunta que sobrevuela el anuncio atribuido a una ministra del Gobierno y que, a la fecha de esta discusión, sigue sin traducirse en un texto legal, una fecha o un procedimiento. El detonante fue un mensaje en la red social X en el que se afirmaba que el siguiente objetivo del Ejecutivo era prohibir la propia plataforma, acompañado de una captura. A partir de ahí, la conversación derivó hacia un asunto más de fondo: quién decide qué se puede decir en internet y con qué instrumentos.

El primer dato que se impone es el más incómodo para el anuncio: X ya no se llama Twitter. La plataforma cambió de nombre hace años y el propio mensaje inicial hablaba de «Twitter», lo que dio pie a la primera andanada irónica. «Twitter hace ya 3 años que no existe», resume una intervención temprana. El desliz no es menor: si el objetivo declarado es una empresa concreta, conviene acertar con la razón social.

Qué se sabe del anuncio y qué no​

Lo que hay, a la fecha de este intercambio, es una intención expresada en público y ninguna hoja de ruta. No consta borrador de ley, no consta consulta pública, no consta calendario. Hay quien lo lee como una simple operación de casito: «Sabe que no puede hacerlo pero quiere casito y por eso lo suelta», sostiene una de las intervenciones. Otros van más lejos y lo enmarcan en una ofensiva regulatoria más amplia sobre las plataformas digitales.

El problema jurídico es el que más pesa. Prohibir una red social de alcance global exige encajar la medida en el ordenamiento europeo, y ahí el margen es estrecho. «Si X vulnera derechos fundamentales, que los denuncien ante el tribunal de derechos humanos», plantea un mensaje, antes de recordar que la libertad de expresión es, precisamente, un derecho fundamental. La contradicción no es retórica: vulnerar la libertad de expresión es vulnerar un derecho fundamental, y prohibir una plataforma por su contenido choca de frente con ese marco.

El precedente que se cita: los países donde X está bloqueada​

La comparación internacional aparece pronto y sirve para situar la magnitud del anuncio. La lista que se maneja en la conversación incluye China, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Rusia y Turkmenistán, además de Venezuela, donde el bloqueo se habría levantado, y Pakistán, con restricciones intermitentes. El argumento implícito es claro: España entraría en una compañía poco recomendable.

Ese encuadre genera una segunda línea de discusión, más incómoda para quien defiende la medida: si el problema es el contenido, la vía no es cerrar la puerta, sino competir en el mercado de las ideas. «En cuanto se quita la censura la verdad se impone», sostiene una intervención que cita a Escohotado, para añadir que la mentira necesita subvenciones e intervención mientras la verdad se sostiene sola. Es una tesis discutible, pero ordena bien el debate: ¿se combate el discurso indeseado con más discurso o con menos?

La cuota fiscal: lo que X sí paga y lo que se le reclama​

En medio del ruido aparece el único bloque con números. Una intervención sostiene que la plataforma paga unos 250.000 euros por sociedades y un 3% de todo el ingreso publicitario generado en España, la conocida como tasa Google. Otra añade que España no es un mercado principal para X: no se alcanzaría el millón de cuentas, frente a los 25 millones registrados que se atribuyen a YouTube en el país.

La confusión no tarda en llegar: alguien pregunta si esos 250.000 son millones de euros. No lo son. El episodio ilustra bien el nivel de detalle con el que se discute la parte económica, y también una obviedad que conviene repetir: una empresa que factura publicidad en España paga impuestos en España, con o sin prohibición. La propuesta de que la plataforma tribute por operar aquí no requiere cerrarla, sino aplicar la normativa vigente.

El giro del debate: de la libertad de expresión a la vida​

A medida que avanza la conversación, el eje se desplaza. Aparece la trayectoria política de la ministra señalada, su militancia y su formación —diplomada en Nutrición Humana y Dietética, con experiencia en proyectos de salud sexual y reproductiva—, y con ello el reproche clásico: quienes ayer defendían la libertad de expresión hoy piden cerrar la ventana que no controlan. «A los rojos les encantaba Twitter cuando lo tenían controlado», resume una intervención.

El contragolpe llega por el flanco de los derechos: hay quien recuerda que el derecho a la vida es el más fundamental de todos y que la coherencia exige aplicarlo también a los no nacidos. Es el punto donde el intercambio deja de ser sobre X y se convierte en la enésima batalla cultural española. La prohibición de la red social queda como excusa, no como tema.

Qué puede pasar con la prohibición de X en España​

Con lo que hay sobre la mesa, el escenario más probable es el de siempre: mucho anuncio y poca norma. El marco europeo de servicios digitales ya permite sancionar contenidos ilícitos sin necesidad de cerrar plataformas, y ese es el camino que cualquier Gobierno tiene recorrido. Prohibir X exigiría asumir un coste diplomático y jurídico que nadie ha explicado todavía.

Queda la hipótesis más cínica y, por eso, más verosímil: que el anuncio no busque efectos legales, sino electorales. Mientras tanto, la única certeza verificable es que la plataforma sigue operando, la ministra sigue en el cargo y el texto legal sigue sin aparecer. Un plan sin fecha, sin articulado y sin competencia para ejecutarlo. Cine, decía alguien. O humo, según otra intervención. A estas alturas, la diferencia es académica.