El alquiler y la ley de la oferta: hay quien lo paga
¿Por qué un piso de 60 metros cuadrados en el centro de una gran ciudad española se anuncia a 1.000, 1.200 o 1.600 euros al mes? La respuesta que se repite en cualquier tertulia económica es la misma que se da para el precio del pan o del tabaco: porque hay alguien dispuesto a pagarlo. El precio de mercado no lo fija el casero, ni el banco, ni el político de turno. Lo fija la suma de voluntades de quienes firman el contrato. Y mientras esa suma no baje, el cartel de «alquilado» no se despega del balcón.
El argumento tiene su lógica y su trampa. La lógica es la de siempre: si un coche de segunda mano tasado en 4.000 euros aparece en un portal a 10.000 y nadie lo compra, el vendedor baja el precio. Si lo pone a 19.000 y le llueven las ofertas, lo mantiene. La trampa aparece cuando se aplica a un bien de primera necesidad con demanda rígida.
La vivienda no es un coche. Uno puede renunciar al coche; a dormir bajo techo, no.
Qué dicen los datos sobre la demanda
Los números que maneja el sector apuntan a un desequilibrio estructural. La construcción de vivienda nueva lleva años por debajo de la creación de hogares, y el parque de alquiler disponible se ha reducido por la conversión a uso turístico y por la inseguridad jurídica que muchos propietarios alegan. El resultado es un mercado donde
la oferta es escasa y la demanda es brutal. En ese contexto, el precio no refleja el valor del inmueble, sino la desesperación de quien busca.
Hay un dato que descoloca: en una conversación reciente se mencionó que una trabajadora del sector de la limpieza, al conocer que un piso se alquilaba por 1.600 euros, respondió que «está barato a 400 euros la habitación». Es decir, el precio por habitación en el mercado informal ya se ha normalizado.
La referencia ya no es el piso completo, sino el colchón compartido.
El cálculo que nadie quiere hacer
La comparación con la cesta de la compra es inevitable. Si el pan subiera a 6 euros y los yogures a 3, la gente seguiría comprando pan y yogures, pero nadie diría que esos precios son normales. Con la vivienda ocurre algo parecido:
que se pague no significa que sea sostenible. En las grandes ciudades, para que el alquiler o la hipoteca no superen el 50% de los ingresos netos —un umbral que ya se considera una barbaridad— hace falta ganar más de 3.000 euros al mes. Y no se habla de pisos de lujo, sino de viviendas normales.
Hay quien sostiene que el problema no es la oferta, sino la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, que ha duplicado los ingresos por hogar y, con ellos, la capacidad de puja. Otros señalan que la competencia entre varios adultos compartiendo piso distorsiona el mercado: seis personas con salario mínimo pueden pagar más que una pareja con buenos sueldos.
Las soluciones que se barajan y sus problemas
Las propuestas que circulan se pueden agrupar en tres bloques. El primero apuesta por
construir vivienda masivamente, pero se topa con plazos: un plan de choque tarda años en notarse y la red eléctrica de algunas zonas ya está saturada para nuevas acometidas. El segundo bloque apunta a
reducir la presión demográfica, con deportaciones o retorno de población, una medida que choca con la realidad económica de un país que necesita mano de obra en sectores como el cuidado de mayores. El tercero confía en
controlar los precios por ley, una receta que, como recuerda la historia económica desde Diocleciano, ha fracasado sistemáticamente cuando se ha intentado.
El precio justo y el precio real
La discusión de fondo es filosófica: ¿es justo el precio que alguien está dispuesto a pagar? Para el análisis económico ortodoxo, sí: el mercado ha hablado. Para el análisis social, no: un sistema donde el alquiler se come la mitad del salario y la otra mitad se reparte entre comida y transporte no es un mercado, es una trampa.
La elasticidad de la demanda de vivienda es casi nula: no hay sustituto. Eso convierte cualquier precio en un precio posible.
Mientras tanto, la conversación pública sigue atascada en la televisión, donde se repiten lugares comunes sobre la oferta y la demanda sin entrar en los números. La pregunta que flota es incómoda: si el precio lo fija la suma de voluntades, ¿qué pasa cuando la voluntad de pagar no es libre, sino la única opción para no dormir en la calle?