Núñez Feijóo pretende suplir a funcionarios jubilados por "máquinas" allá donde sea posible

Feijóo planea sustituir por máquinas a los funcionarios que se jubilen​

El plan lleva desde septiembre de 2022 sobre la mesa y ahora tiene cifra. El equipo de Alberto Núñez Feijóo quiere reformar la Administración Pública para ir sustituyendo «personas por tecnología» allí donde sea posible, y su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, lo resume sin rodeos: «Donde una máquina pueda trabajar, se puede hacer». El argumento estrella es demográfico: entre el 35% y el 50% de los empleados públicos se jubilarán de aquí a 2030, según los cálculos que maneja Génova. De ahí ese «si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca».

Qué propone el PP con los funcionarios que se jubilan​

La idea es reponer solo a una parte de la plantilla que vaya jubilándose y cubrir el resto con digitalización. El PP ya incluyó algo parecido en el programa con el que se presentó al 28-M, con la promesa de «garantizar la atención 24 horas 365 días al año». Ahora habla de una auditoría para detectar qué puestos pueden asumir plataformas tecnológicas y de un «buen diagnóstico» de la contabilidad pública.

El alcance es amplio: la reforma de la Ley de Función Pública tocaría el Estatuto Básico del Empleado Público y, por su artículo 2, se extendería a comunidades autónomas, ayuntamientos, cabildos, organismos y agencias públicas y universidades. Es decir, a casi toda la maquinaria administrativa del país, no solo a la estatal.

¿A cuántos empleados públicos afectaría la reforma?​

El reparto real de la plantilla desmonta la foto que muchos tienen en la cabeza. La Administración del Estado cuenta con 227.492 efectivos, a los que se suman 263.913 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por contra, los gobiernos regionales emplean a 1.617.142 personas: el 60% del personal público. Las entidades locales suman 598.526 trabajadores, el 21,92% del total. Juntas, comunidades y ayuntamientos concentran el 81,1% de los efectivos, mientras el Estado se queda en un 8,3% descontando policías y guardias civiles.

La serie histórica añade otro matiz incómodo: en 2002 el Estado tenía casi 300.000 empleados y en julio de 2022 la cifra se había reducido en casi 35.000. En paralelo, el sector público autonómico creció un 26,1% en dos décadas y casi un 7% desde 2012. La reforma, por tanto, se cebaría donde más gente hay, no donde más se ha engordado la nómina estatal.

El ahorro de 15.000 millones que nadie firma​

La cifra que acompaña al plan es de «a partir de 15.000 millones de euros» para el Estado. La propia formación la rebaja a estimación política que dependerá de muchas variables: horas de trabajo, capacidad, esfuerzo o modificación de plantillas. Traducido: es un número de campaña, no un cálculo auditado. Y hay un terreno donde el margen es mínimo, el de los cuerpos policiales, porque su labor no es reemplazable por un sistema informático.

El robot que no encuentra cita en la Seguridad Social​

La experiencia reciente invita a la prudencia. La digitalización de la administración ya ha permitido avances, pero también ha producido efectos curiosos: según una información de El País que se cita en el debate, ni un robot consigue encontrar cita en el 10% de las oficinas de la Seguridad Social. El resultado, según denuncian usuarios, sindicatos y profesionales laboralistas, es una cola invisible que empuja a muchos ciudadanos a pagar a un profesional para tramitar lo que antes despachaba una ventanilla.

La ironía alcanza su punto máximo con el Grupo de Afectados por la Burocracia Digital, nacido para reivindicar mejor trato a los mayores y luchar contra la brecha digital. Para inscribirse en el registro de asociaciones de la Generalitat, sus promotores se toparon con que les exigían firma electrónica: sin ella no hay carpeta ciudadana. «Demasiada burocracia, no lo ponen fácil», resume su portavoz, José Luis Gómez-Hurtado Chacón.

España ya tramita en digital más que la media europea​

Conviene desmontar otro tópico. En el Índice de Economía y Sociedad Digital de la Unión Europea, España figura en el puesto 7 y Estonia en el 9. Estonia lidera el ranking de Servicios Públicos Digitales, pero España ocupa la posición 5 de ese mismo indicador. No vamos tan atrás como sugiere el relato.

En herramientas, el ecosistema español ofrece cl@ve, certificado digital y autofirma; el problema no es tanto tener que hacer el trámite como tener que hacerlo. Y está la paradoja de Jevons: mejorar la eficiencia abarata el uso y termina disparando el consumo global. Se automatizan ventanillas y se multiplican los expedientes que antes ni existían. Un participante compara con países donde la recogida de basura funciona con años luz de eficacia, eficiencia y costes y concluye que parte de su éxito es propaganda, no gestión.

Cuántos votos cuesta decirle esto a un opositor​

El coste político del anuncio es difícil de exagerar. Hay quien sostiene que el PP está cerrando la puerta a millones de personas que viven o aspiran a vivir de la plaza pública, y que para una mayoría absoluta hacen falta casi 11 millones de votos y siete u ocho para estar ahí. Otros recuerdan que el empleo público es hoy el último colchón que evita que el paro se desborde, y que automatizar sin más traslada el problema a un sector privado que también hará su ajuste.

También hay quien apunta que el PP es un partido de altos funcionarios y que, para mantener sus retribuciones en términos constantes, la vía es recortar por abajo. El punto donde el análisis se atasca es siempre el mismo: si mañana se jubilan cientos de miles de personas, ¿quién cubre la ventanilla mientras el sistema informático aprende a hacerlo?