NVTRICION Un mongólico cede su vivienda a un programa social de su ayuntamiento y...

Un propietario de Girona pierde 8.800 euros al confiar en el alquiler social municipal​

¿Qué puede ocurrir cuando un particular cede su vivienda a un programa municipal de alquiler social? La respuesta la tiene un vecino de Girona que, tras participar en el programa 60/40 de la Oficina Municipal de Vivienda, ha visto cómo su piso regresaba a sus manos vacío y destrozado. La factura para reponerlo asciende a 8.800 euros. El Ayuntamiento de Girona, gobernado por la CUP, le ofrece solo 1.600 euros.

El programa 60/40: una apuesta arriesgada para el propietario​

El programa 60/40 de alquiler social de Girona funcionaba así: el propietario cede su vivienda al ayuntamiento, que se encarga de alquilarla a familias vulnerables a cambio de un 40% de la renta de mercado. El propietario recibe el 60%. En teoría, un negocio seguro con respaldo público. Pero cuando el contrato venció en junio del año pasado, el dueño quiso recuperar el piso para alquilarlo por su cuenta. Se encontró con una sorpresa: el ayuntamiento no lo devolvía. Según su testimonio, en mayo se presentó en la oficina y le dijeron que la devolución se retrasaría. Cuando finalmente recuperó la vivienda, estaba vacía de muebles, con desperfectos y, según algunos comentarios, incluso con instalaciones dañadas.

8.800 euros frente a 1.600: la brecha de la compensación​

El propietario calcula que necesita 8.800 euros para reponer todos los muebles y reparar los daños. El ayuntamiento, por su parte, le ofrece 1.600 euros. La diferencia es abismal y plantea la pregunta de quién asume el riesgo real de estos programas. Desde el punto de vista legal, los contratos de cesión suelen incluir cláusulas sobre el estado de la vivienda, pero en la práctica, la administración rara vez se hace cargo de todos los desperfectos. Un inventario detallado y notarial sería la única garantía, pero no siempre se realiza. A esto se suma la dificultad de probar que los daños fueron causados por los inquilinos y no por el desgaste normal, algo que la ley de arrendamientos urbanos ya regula con criterios muy restrictivos.

Las lecciones de una experiencia que se repite​

Más allá del caso concreto, este episodio ilustra los riesgos de confiar en las administraciones cuando se trata de patrimonio privado. La falta de diligencia en la devolución, la ausencia de un seguro o aval suficiente, y la lentitud burocrática son problemas recurrentes. Muchos propietarios han tenido experiencias similares en otros municipios con programas de alquiler social. El debate público suele enfrentar a quienes defienden la intervención pública como solución a la emergencia habitacional y quienes prefieren el mercado libre. En este caso, la lección ha sido cara: 8.800 euros que el propietario probablemente no recuperará íntegramente, aunque podría emprender acciones legales por responsabilidad patrimonial de la administración.

Así que la próxima vez que un ayuntamiento ofrezca un programa de alquiler social con condiciones aparentemente ventajosas, conviene leer la letra pequeña y, sobre todo, no olvidar que el riesgo de impago o de daños sigue existiendo. Girona ha puesto el precio: 8.800 euros.