Ordenan a los policías trabajar de 'raiders' y camareros de "Don Pollo" para los forasteros

Policías de reparto: la orden de servir comida en el CIE de Tenerife​

La orden llegó al dispositivo móvil de los agentes y no dejaba margen: dos indicativos de Seguridad Ciudadana del GAC saldrán a diario a por la comida del bar Don Pollo y la repartirán entre los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife. Desayuno, comida y cena. «Por tiempo indefinido». La instalación volvió a funcionar ante la llegada de miles de personas a las costas canarias, y alguien decidió que el último eslabón de la cadena logística lo cubrieran radiopatrullas. La escena, resumida por un sindicato policial, es difícil de superar: la UPR en el CIE y los Zetas repartiendo bocatas.

Dos radiopatrullas diarias al Don Pollo​

El mensaje se difundió por los grupos de mensajería de los radiopatrullas de Santa Cruz de Tenerife y detalla el procedimiento completo. Los agentes serán advertidos por CIMACC a petición de los compañeros que estén custodiando a los internos en ese momento. La letra pequeña admite que todo dependerá de la disponibilidad de efectivos, «pero eso se irá resolviendo sobre la marcha». El dispositivo de seguridad del centro corresponde a la Unidad de Intervención Policial por las mañanas y tardes, y a la Unidad de Prevención y Reacción por las noches.

Hasta ahí, nada fuera de lo previsible en un centro con ocupación creciente. El problema aparece cuando la función policial se confunde con la de una empresa de catering, y el vehículo patrulla con una furgoneta de reparto.

5,4 kilómetros, ocho minutos y ningún protocolo sanitario​

El restaurante contratado para el servicio de alimentación es el bar Don Pollo, en el número 4 de la Avenida de los Majuelos. Desde el CIE hasta ese establecimiento hay algo más de cinco kilómetros, unos ocho minutos en coche. Los agentes recogen los sacos de comida en el bar y después los reparten entre los internos.

Según el relato que acompaña a la orden, el traslado se hace sin las condiciones sanitarias exigidas para la manipulación de alimentos y, terminado el reparto, los vehículos policiales no se desinfectan. Para una instalación que acoge a personas en situación de vulnerabilidad y para unos agentes que luego vuelven a la calle, es un detalle que no aparece en ningún protocolo.

¿Por qué pide Jupol que la comida la reparta una empresa?​

El sindicato policial Jupol sostiene que para ese cometido debería contratarse a una empresa de entrega, porque no es tarea de los funcionarios. Su argumento no es de dignidad profesional, es operativo. «Si hay una reyerta en Santa Cruz en noche de semana, en esos momentos lo mismo solo hay un Zeta disponible. La UPR en el CIE, y los Zetas repartiendo bocatas», resumen fuentes del sindicato.

La objeción tiene su lógica económica: cada minuto de patrulla dedicado a transportar bandejas es un minuto que no está en la calle. Y el proveedor de comida es un negocio contratado por la administración, no un servicio interno. La orden, sin embargo, no distingue entre seguridad y logística.

Humillación, castigo merecido y el efecto llamada​

La reacción al mensaje se partió en dos. Una parte de los comentarios lee la situación como una humillación para el cuerpo, con la sospecha de que una orden así desautoriza a la policía frente a quienes están internos en el centro. En esa línea circula un argumento que resume el malestar: se avisa de un efecto llamada al transmitir la idea de que el Estado no solo no frena la llegada, sino que pone a sus agentes a servir la cena.

Otra corriente, bastante menos compasiva, sostiene que los agentes se lo han ganado a pulso. El argumento se apoya en el papel policial durante la pandemia —multas por ir dos personas en el asiento delantero, controles de movilidad— y en la idea de que un funcionario que obedeció entonces no tiene autoridad moral para quejarse ahora. Hay incluso quien lo formula como una reparación: que se arrastren un poco.

En medio, el análisis más repetido no habla de venganza ni de dignidad, sino de jerarquía: en cualquier organismo público la orden de arriba se cumple y denunciarla sirve de poco. «En cualquier organismo público pueden hacer contigo lo que quieran por órdenes de arriba. Y traga o vete, porque denunciar eso es como ver llover». Quien puede, añaden, pide excedencia.

30.000 solicitudes de asilo denegadas y traslados lejos de los focos​

El trasfondo del reparto es el cuello de botella administrativo. En lo que va de año, más de 30.000 personas han solicitado asilo en España y su petición ha sido denegada, según los datos que manejan fuentes policiales. Los agentes advierten de que es imposible analizar e investigar a todas las personas que llegan y determinar si necesitan protección real.

Mientras se resuelven los expedientes, el reparto territorial es otro dato: Extremadura, Badajoz, Madrid, Castilla y León, Murcia, Andalucía o Aragón figuran entre los destinos de las personas trasladadas desde Canarias. La mayoría acabó en municipios pequeños, fuera del foco mediático y con comunicación escasa o nula a las corporaciones locales. La pregunta que queda flotando es la de siempre: qué pasa con esas personas cuando el expediente se cierra y no hay plaza ni retorno.

El punto donde el análisis se atasca​

Se puede discutir si la policía debe repartir comida o si eso lo hace una empresa de catering. Lo que no cuadra es la combinación: un CIE reabierto por presión migratoria, una plantilla que se declara insuficiente para atender la calle, y una orden de duración indefinida que se resuelve «sobre la marcha». Nadie ha explicado todavía qué se deja de hacer mientras dos radiopatrullas hacen de mensajeros.