El recuento paralelo de actas con el que Alvise impugna el 9J
Las elecciones europeas del 9 de junio dejaron un resultado oficial que una parte del electorado no da por bueno. El líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, sostiene que el recuento oficial está manipulado y que un recuento popular de las actas de escrutinio demostrará que a su partido le han robado casi la mitad de los votos. La tesis circula con fuerza en redes y grupos de mensajería, pero no está respaldada por ninguna institución electoral ni por los partidos que tienen copia de esas mismas actas.
La acusación tiene una pata concreta: las actas de escrutinio. Cada mesa electoral levanta un acta con los votos de cada candidatura, y los interventores de los partidos se llevan copia. Es decir, los partidos ya tienen esos datos. La afirmación de que el recuento oficial no cuadra con las actas solo se sostiene si esas copias no coinciden con lo publicado, algo que nadie ha demostrado todavía.
Qué dice el recuento alternativo y qué falta por comprobar
El relato del fraude se apoya en tres piezas. La primera: los resultados de Junts en plazas donde el independentismo catalán no tiene base electoral, como Madrid, Zaragoza, Las Palmas o Marbella. La segunda: el supuesto desfase entre los votos que SALF habría obtenido y los que el Ministerio del Interior publica. La tercera: la sospecha de que el conteo electrónico de Indra es el punto donde se puede alterar el resultado sin tocar las actas físicas.
Sobre el terreno, hay quien cuenta su propia experiencia. Un participante afirma haber votado a Iustitia Europa y no encontrar ningún voto de ese partido en la web oficial correspondiente a su colegio. Otro dice haber revisado los datos de su municipio y encontrar 88 votos a Junts donde en las europeas anteriores apenas había tres. Son anécdotas, no pruebas, pero alimentan la sensación de que algo no encaja.
La contraargumentación también circula. Los partidos políticos tienen copia de todas las actas porque sus interventores las fotografían y las envían a las sedes. Si el recuento oficial no coincidiera con esas copias, cualquier formación podría impugnar mesa por mesa con documentación en la mano. Hasta ahora, ninguna lo ha hecho de forma masiva.
El bulo del perito y la sombra del 6 de enero
En medio del ruido, un dato incómodo para el relato: el perito informático que Alvise dijo que revisaría con él toda la noche electoral desmintió públicamente el supuesto fraude. La respuesta del entorno fue que el perito estaba condicionado. El episodio debilita la versión del pucherazo, pero no la detiene.
El precedente que muchos citan es el de Donald Trump en 2020. La diferencia es que allí hubo decenas de demandas, auditorías y recuentos, y ninguna alteró el resultado. Aquí, de momento, hay fotografías, un bot que cuenta actas y una promesa de recuento popular. El salto de eso a meter a Pedro Sánchez en prisión es, como mínimo, largo.
Qué haría falta para que esto llegara a los tribunales
Para impugnar unas elecciones no basta con sospechas. Hace falta documentación verificable: actas originales, cotejo mesa por mesa y un procedimiento ante la Junta Electoral o los tribunales. Si el recuento paralelo produce discrepancias sistemáticas entre las copias de los partidos y los datos oficiales, el asunto tendría recorrido legal. Si solo produce tuits, no.
La pregunta que queda abierta no es si Alvise puede meter a Sánchez en prisión. Es si alguien va a cotejar de verdad las actas, mesa por mesa, con nombre y firma, o si todo esto se quedará en otro episodio de ruido que se apaga cuando llegue la siguiente polémica.