Otro escándalo: Espionaje en cuarteles del ejército, con micros y cámaras intalados en máquinas de café.

RESUMEN DEL DEBATE · elaborado con IA

El Ejército aparta 85 máquinas de vending ante el temor a microespías El Ejército de Tierra ha ordenado la retirada de 85 máquinas de vending de sus bases y acuartelamientos. El motivo oficial: que los nuevos sistemas de pago con tarjeta oculten cámaras y micrófonos.

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El Ejército retira 85 máquinas de 'vending' de los cuarteles por temor a cámaras y micros espías​

Defensa desactiva los nuevos sistemas de pago con tarjeta tras la voz de alarma de una asociación de militares

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Margarita Robles junto a miembros del Ejército de Tierra, en una imagen de archivo. | Flickr M.Defensa
Publicado: 10/08/2026 • 05:25

La preocupación por ser espiado por una potencia extranjera hasta en los lugares más insospechados, ha llevado al Ejército de Tierra a emitir una orden interna sin precedentes: la retirada de 85 máquinas de ventas de bebidas y comidas de sus bases y acuartelamientos por temor a que hayan instalado cámaras y micrófonos en los nuevos sistemas de pago con tarjeta que llevan los modelos más sofisticados.

La voz de alarma la dio la Unión de Militares de Tropa (UMT), una de las asociaciones militares reconocidas por el Ministerio de Defensa, que en febrero envió un escrito al departamento de Margarita Robles ante lo que entendía como «una situación de extrema gravedad» la incorporación de un nuevo sistema de pago con tarjeta en máquinas vending que ya estaban instaladas en instalaciones militares y que, a su juicio, podía provocar «una brecha inaceptable en los protocolos de seguridad de las instalaciones del Ministerio de Defensa».

«Estos módulos de pago, sin previo aviso, sin cartelería informativa y sin el consentimiento de los afectados, integran cámaras de vídeo y micrófonos con capacidad de captar imágenes y audio de forma continua. Este grave hecho ha sido inicialmente detectado y puesto en nuestro conocimiento por diversos socios y personal destinado en el ámbito territorial de la Subinspección General del Ejército Sur».

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Indra entrega al Ejército del Aire unas gafas holográficas para reparar aviones de combate
Roberto Alcolea
Ante esta «alarmante información» recabada sobre el terreno, la primera reacción «provisional» que se empezó a barajar y aplicar «de facto» resultó ser «a todas luces insuficiente», ya que se limitaba «a tapar la lente de la cámara con cinta adhesiva a la espera de supuestas justificaciones por parte de la empresa adjudicataria».

«Semejante ‘medida de seguridad’ no solo evidencia una preocupante falta de rigor frente a la normativa de protección de datos y el sentido común, sino que ignora por completo que la captación de conversaciones a través de los micrófonos integrados sigue siendo plenamente operativa, manteniendo viva la vulneración de derechos», advirtió entonces UMT en su escrito a Defensa. Además, «dada la operativa habitual en las licitaciones y contratos de servicios de restauración y vending en el Ministerio de Defensa, existe el fundado temor de que este gravísimo incidente no sea un caso aislado» circunscrito a la demarcación del Ejército Sur.

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El Ejército duda de su superioridad militar sobre Jovenlandia si hay que defender Ceuta y Melilla
Pelayo Barro
Por ello, a juicio de esta asociación de militares, «resulta imperativo determinar si esta misma empresa adjudicataria, u otras con terminales de pago de idénticas características técnicas, han instalado estas máquinas en otras bases, acuartelamientos y establecimientos a nivel nacional, extendiendo esta vulneración masiva de derechos a miles de militares y civiles en todo el territorio español».

La respuesta de Defensa llegó a los seis meses y en ella se informa que el Ejército de Tierra ha reconocido la existencia de 85 máquinas con este tipo de terminal, de un total de 244 repartidas en sus instalaciones castrenses. Las empresas insistieron en que los nuevos dispositivos de pago con tarjeta solo pueden leer códigos QR o de barras y que, en ningún caso, pueden tomar fotos, escanear códigos o grabar imágenes, ya que dichas funciones fueron bloqueadas por un programa informático diseñado a tal efecto. Pero el Ejército no ha quedado conforme con las explicaciones.

(imagen visible para usuarios registrados)Máquina de venta de bebidas. | Alexander Antropov (Pixabay)
Por ello, ha enviado un requerimiento a las empresas adjudicatarias en el que les ordena cesar de inmediato cualquier captación de imagen o sonido mediante esos nuevos dispositivos instalados, la retirada en el plazo de un mes de dichos sistemas de pago o su sustitución por dispositivos que carezcan de cámara y micrófono, así como entregar una certificación técnica en la que el fabricante acredite «la inexistencia física» de sistemas de captación audiovisual activos en los nuevos dispositivos que se instalen, y abstenerse de instalar futuros dispositivos con sensores o sistemas de recogida de datos personales sin autorización previa. Asimismo, en los futuros procesos de contratación se incluirá la prohibición de este tipo de sistemas.

En cuanto a la Armada y el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), no se ha detectado la presencia de este tipo de máquinas con capacidad de grabar audio y vídeo. Y desde el Ejército del Aire se ha procedido a la «desactivación» de la función de vídeo y audio en aquellas máquinas en las que existían estas capacidades. En cuanto a instalaciones ajenas a las Fuerzas Armadas, pero de competencia del Ministerio de Defensa, se han detectado siete máquinas que disponen de cámara y micrófono, si bien la empresa adjudicataria certificó que el uso de cámara y micrófonos estaba bloqueado de fábrica.

Sin brecha de datos personales​

En todo caso, y como medida de prudencia y reducción de riesgos, Defensa está elaborando un protocolo que establezca la obligación de comunicación previa para la instalación de dispositivos de este tipo. Entre tanto, las máquinas bajo sospecha se han reubicado en zonas menos expuestas y se ha pedido a la citada empresa el sellado físico de las cámaras y micrófonos bajo la supervisión de personal de seguridad del ministerio.

El departamento de Robles descarta que se haya producido una brecha de datos personales tras las comprobaciones realizadas, aunque ha difundido varias recomendaciones. En primer lugar, la inclusión expresa de los requisitos de protección de datos y seguridad de la información en futuros pliegos de contratación. También la prohibición de instalar dispositivos como los denunciados por la UMT o su sustitución por otros que carezcan físicamente de cámara y micrófono, así como tener un mantenimiento actualizado de los inventarios de dispositivos instalados en las dependencias correspondientes.

 
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(imagen visible para usuarios registrados)La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional (Fuente: Agencias)
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Los militares exigen explicaciones a Defensa tras instalar máquinas de ‘vending’ con micrófonos espía​


La Unión de Militares de Tropa destapa una grave brecha de privacidad tras detectar módulos de pago con cámaras y micrófonos sin consentimiento en recintos castrenses.
porAntonio Olalla
4 agosto, 2026 05:25
La seguridad en las instalaciones militares españolas y el Ministerio de Defensa se ha visto envuelta en una grave controversia después de que se revelara un fallo de protección de datos de proporciones mayúsculas. La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha hecho público un informe detallado sobre la instalación irregular de módulos de pago con tarjeta en máquinas expendedoras ubicadas en el interior de diversos acuartelamientos. Estos dispositivos incorporaban cámaras de vídeo y micrófonos con capacidad para captar imagen y sonido de forma continuada, operando sin cartelería informativa, sin el consentimiento de los usuarios y al margen de los controles legales preceptivos.

El descubrimiento inicial no provino de los protocolos internos de control de calidad o de auditorías tecnológicas del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles, sino de la agudeza y la preocupación de los propios socios y militares destinados en el ámbito de la Subinspección General del Ejército Sur (SUIGE SUR). Al percatarse de la presencia de las lentes en las expendedoras, la primera reacción sobre el terreno fue improvisada pero elocuente: cubrir los objetivos de las cámaras con cinta adhesiva, aunque los micrófonos continuaron operativos durante semanas. Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad a la que se enfrentan a diario los miembros de las Fuerzas Armadas en espacios que deberían contar con los máximos estándares de confidencialidad y contrainteligencia.

Una batería de trece preguntas sin respuesta transparente​

Ante la gravedad de los hechos, la asociación profesional registró el pasado 16 de febrero de 2026 una batería formal de trece preguntas ante la Subsecretaría de Defensa y el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). En dicho requerimiento se exigía aclarar el alcance exacto del despliegue tecnológico, el censo de personas potencialmente afectadas, la cronología de la instalación y, de manera crucial, si se había llevado a cabo la preceptiva Evaluación de Impacto en Protección de Datos exigida por el artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Asimismo, se instaba a esclarecer si se había notificado la brecha de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos.

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Tras apurar los plazos reglamentarios y solicitar una ampliación en el mes de marzo, el Ministerio de Defensa emitió finalmente su respuesta el pasado 16 de julio de 2026. Sin embargo, la contestación oficial ha generado un profundo malestar en el colectivo militar debido a que ha sido clasificada bajo el epígrafe de «uso oficial». Esta catalogación restrictiva impide tanto a los militares afectados como a la opinión pública conocer el alcance real de lo sucedido, limitando la transparencia institucional en un asunto que afecta directamente a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

(imagen visible para usuarios registrados)Máquina de ‘vending’. Foto Europa Press
De la documentación remitida por la Administración se desprende implícitamente que la denuncia formulada por la UMT era completamente veraz, lo que obligó al departamento ministerial a adoptar medidas correctoras de urgencia que afectan incluso a los futuros pliegos de contratación pública. Pese a este reconocimiento indirecto, cuestiones troncales como la cronología exacta de la exposición, la depuración de responsabilidades políticas y técnicas y los cauces específicos para que los damnificados ejerzan sus derechos siguen sin una contestación satisfactoria. Además, la verificación de que los dispositivos no llegaron a transmitir ni almacenar datos sensibles descansa exclusivamente en certificaciones aportadas por las propias empresas proveedoras, sin que se haya realizado una auditoría independiente que garantice la integridad del proceso.

Un grave precedente en la protección de la Defensa Nacional​

El presidente de la Unión de Militares de Tropa, Francisco José Durán Baños, no ha dudado en calificar el suceso con extrema dureza, advirtiendo sobre las implicaciones estratégicas de la brecha. «Que unos dispositivos con cámara y micrófono hayan podido operar dentro de recintos afectos a la Defensa Nacional sin que nadie lo advirtiera en los pliegos de contratación es un fallo de seguridad y de protección de datos de primer orden», señaló el dirigente asociativo, quien añadió que, aunque celebran la reacción correctora del Ministerio, los militares y sus familias tienen el derecho legítimo a conocer los detalles del incidente, su duración temporal y los responsables directos de la omisión de controles.

La presencia de tecnología de captación audiovisual no señalizada en zonas de acceso restringido militar abre un debate muy preocupante sobre los riesgos de espionaje industrial o filtración de información clasificada. Los acuartelamientos albergan conversaciones, movimientos de tropas, planificación de maniobras y datos logísticos que están protegidos por estrictas normativas de seguridad nacional. Permitir la instalación de máquinas expendedoras inteligentes dotadas de sensores ópticos y acústicos sin una supervisión previa de los órganos de seguridad del Estado evidencia grietas operativas que superan el ámbito meramente administrativo para adentrarse en la seguridad geopolítica.

Frente a esta situación de opacidad informativa, la UMT ha anunciado que mantendrá abiertas todas las vías legales a su alcance. Entre las medidas previstas figuran la interposición de reclamaciones formales ante la Agencia Española de Protección de Datos, solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia, la presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo y el traslado formal del expediente al Observatorio de la Vida Militar. El objetivo último de estas acciones es forzar una investigación exhaustiva que garantice una verificación técnica totalmente independiente.

(imagen visible para usuarios registrados)Reaccionarioda del Ministerio de Defensa. Foto Agencias

Llamamiento a la colaboración del personal en los cuarteles​

Para blindar los recintos castrenses frente a futuras negligencias similares, la asociación ha emitido un llamamiento directo a todo el personal militar y civil destinado en las bases. Se insta a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que observe la presencia de máquinas expendedoras con módulos de pago equipados con cámaras o micrófonos carentes de señalización visible a comunicarlo de inmediato a través de los canales oficiales de la organización. La vigilancia activa desde las bases se erige así en la primera línea de defensa frente a la vulneración de los derechos digitales en el ámbito castrense.

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En definitiva, el caso de las cámaras ocultas en el vending militar deja al descubierto la urgencia de endurecer los controles de seguridaden la contratación pública del sector defensivo. Mientras el Ministerio de Defensa opta por el hermetismo bajo la clasificación oficial, las asociaciones profesionales continúan ejerciendo un papel fiscalizador indispensable. La protección de los derechos de los soldados y la salvaguarda de las instalaciones estratégicas del Estado exigen luz, taquígrafos y una rendición de cuentas que evite que la privacidad en los cuarteles vuelva a quedar en entredicho.
 
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El Ejército retira 85 máquinas de 'vending' de los cuarteles por temor a cámaras y micros espías​

Defensa desactiva los nuevos sistemas de pago con tarjeta tras la voz de alarma de una asociación de militares

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Margarita Robles junto a miembros del Ejército de Tierra, en una imagen de archivo. | Flickr M.Defensa
Publicado: 10/08/2026 • 05:25

La preocupación por ser espiado por una potencia extranjera hasta en los lugares más insospechados, ha llevado al Ejército de Tierra a emitir una orden interna sin precedentes: la retirada de 85 máquinas de ventas de bebidas y comidas de sus bases y acuartelamientos por temor a que hayan instalado cámaras y micrófonos en los nuevos sistemas de pago con tarjeta que llevan los modelos más sofisticados.

La voz de alarma la dio la Unión de Militares de Tropa (UMT), una de las asociaciones militares reconocidas por el Ministerio de Defensa, que en febrero envió un escrito al departamento de Margarita Robles ante lo que entendía como «una situación de extrema gravedad» la incorporación de un nuevo sistema de pago con tarjeta en máquinas vending que ya estaban instaladas en instalaciones militares y que, a su juicio, podía provocar «una brecha inaceptable en los protocolos de seguridad de las instalaciones del Ministerio de Defensa».

«Estos módulos de pago, sin previo aviso, sin cartelería informativa y sin el consentimiento de los afectados, integran cámaras de vídeo y micrófonos con capacidad de captar imágenes y audio de forma continua. Este grave hecho ha sido inicialmente detectado y puesto en nuestro conocimiento por diversos socios y personal destinado en el ámbito territorial de la Subinspección General del Ejército Sur».

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Ante esta «alarmante información» recabada sobre el terreno, la primera reacción «provisional» que se empezó a barajar y aplicar «de facto» resultó ser «a todas luces insuficiente», ya que se limitaba «a tapar la lente de la cámara con cinta adhesiva a la espera de supuestas justificaciones por parte de la empresa adjudicataria».

«Semejante ‘medida de seguridad’ no solo evidencia una preocupante falta de rigor frente a la normativa de protección de datos y el sentido común, sino que ignora por completo que la captación de conversaciones a través de los micrófonos integrados sigue siendo plenamente operativa, manteniendo viva la vulneración de derechos», advirtió entonces UMT en su escrito a Defensa. Además, «dada la operativa habitual en las licitaciones y contratos de servicios de restauración y vending en el Ministerio de Defensa, existe el fundado temor de que este gravísimo incidente no sea un caso aislado» circunscrito a la demarcación del Ejército Sur.

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El Ejército duda de su superioridad militar sobre Jovenlandia si hay que defender Ceuta y Melilla
Pelayo Barro
Por ello, a juicio de esta asociación de militares, «resulta imperativo determinar si esta misma empresa adjudicataria, u otras con terminales de pago de idénticas características técnicas, han instalado estas máquinas en otras bases, acuartelamientos y establecimientos a nivel nacional, extendiendo esta vulneración masiva de derechos a miles de militares y civiles en todo el territorio español».

La respuesta de Defensa llegó a los seis meses y en ella se informa que el Ejército de Tierra ha reconocido la existencia de 85 máquinas con este tipo de terminal, de un total de 244 repartidas en sus instalaciones castrenses. Las empresas insistieron en que los nuevos dispositivos de pago con tarjeta solo pueden leer códigos QR o de barras y que, en ningún caso, pueden tomar fotos, escanear códigos o grabar imágenes, ya que dichas funciones fueron bloqueadas por un programa informático diseñado a tal efecto. Pero el Ejército no ha quedado conforme con las explicaciones.

(imagen visible para usuarios registrados)Máquina de venta de bebidas. | Alexander Antropov (Pixabay)
Por ello, ha enviado un requerimiento a las empresas adjudicatarias en el que les ordena cesar de inmediato cualquier captación de imagen o sonido mediante esos nuevos dispositivos instalados, la retirada en el plazo de un mes de dichos sistemas de pago o su sustitución por dispositivos que carezcan de cámara y micrófono, así como entregar una certificación técnica en la que el fabricante acredite «la inexistencia física» de sistemas de captación audiovisual activos en los nuevos dispositivos que se instalen, y abstenerse de instalar futuros dispositivos con sensores o sistemas de recogida de datos personales sin autorización previa. Asimismo, en los futuros procesos de contratación se incluirá la prohibición de este tipo de sistemas.

En cuanto a la Armada y el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), no se ha detectado la presencia de este tipo de máquinas con capacidad de grabar audio y vídeo. Y desde el Ejército del Aire se ha procedido a la «desactivación» de la función de vídeo y audio en aquellas máquinas en las que existían estas capacidades. En cuanto a instalaciones ajenas a las Fuerzas Armadas, pero de competencia del Ministerio de Defensa, se han detectado siete máquinas que disponen de cámara y micrófono, si bien la empresa adjudicataria certificó que el uso de cámara y micrófonos estaba bloqueado de fábrica.

Sin brecha de datos personales​

En todo caso, y como medida de prudencia y reducción de riesgos, Defensa está elaborando un protocolo que establezca la obligación de comunicación previa para la instalación de dispositivos de este tipo. Entre tanto, las máquinas bajo sospecha se han reubicado en zonas menos expuestas y se ha pedido a la citada empresa el sellado físico de las cámaras y micrófonos bajo la supervisión de personal de seguridad del ministerio.

El departamento de Robles descarta que se haya producido una brecha de datos personales tras las comprobaciones realizadas, aunque ha difundido varias recomendaciones. En primer lugar, la inclusión expresa de los requisitos de protección de datos y seguridad de la información en futuros pliegos de contratación. También la prohibición de instalar dispositivos como los denunciados por la UMT o su sustitución por otros que carezcan físicamente de cámara y micrófono, así como tener un mantenimiento actualizado de los inventarios de dispositivos instalados en las dependencias correspondientes.

 
Ninguna duda. Además las conversaciones más interesantes se producen alrededor de las máquinas de café cuando la gente se relaja y es más propensa a decir lo que de verdad piensa.
 
La principal función de este ejercito en los próximas años va a ser reprimir a los escasos disidentes que se nieguen a aceptar las medidas de control sanitarias, climáticas, etc. que el gobierno imponga para "salvar millones de vidas"
 
Última edición:
No entiendo tanta preocupación, si alguien quiere saber algo secreto de nuestro ejército se lo pregunta directamente a los ministros y ya, sin perder el tiempo con micros y cámaras en máquinas de café.
 
Pero hay una cosa que no entiendo, quien ha puesto las cámaras? No lo saben? Tendrán una tarjeta sim o se conectarán por wifi para transmitir lo grabado no? Las cámaras estaban integradas o eran añadidos exteriores? No son capaces de averiguar a donde conectaban? Potencia extranjera dicen, me da a mí que la transmisión iba directa a la sede de algún partido.
 
Pero hay una cosa que no entiendo, quien ha puesto las cámaras? No lo saben? Tendrán una tarjeta sim o se conectarán por wifi para transmitir lo grabado no? Las cámaras estaban integradas o eran añadidos exteriores? No son capaces de averiguar a donde conectaban? Potencia extranjera dicen, me da a mí que la transmisión iba directa a la sede de algún partido.


Sus preguntas tienen respuesta técnica y es bastante más aburrida que la del titular, pero deja el asunto peor, no mejor. Voy una por una.

¿Quién puso las cámaras? La empresa del vending, en una actualización rutinaria del módulo de pago. No las puso nadie a escondidas: vienen de fábrica. Son producto de catálogo que se vende en cualquier sitio.

¿Estaban integradas o eran un añadido externo? Integradas. Y aquí está la clave de todo: para leer un código QR hace falta un sensor óptico. Eso es una cámara. Si usted quiere que la máquina acepte Bizum o pago con el móvil, le está pidiendo una cámara. No hay otra manera de hacerlo.

¿Tienen SIM o van por wifi? SIM, y no es un extra: es su función principal. Un terminal cashless tiene que autorizar la tarjeta en tiempo real contra el banco y mandar telemetría de ventas y averías. Va conectado todo el día por diseño.

Le pongo un ejemplo público para que vea que no me lo invento. La ficha técnica del Nayax VPOS Touch, un terminal corriente de máquina de café, lista: lector de códigos QR integrado, micrófono integrado, altavoz, interacción por voz en 36 idiomas y comunicación 2G, 3G y 4G. No sé si es el modelo del caso y no lo voy a afirmar, pero esa combinación exacta está en el catálogo comercial de cualquiera.

O sea que el micrófono tampoco es de espía: está para que la máquina le hable y le entienda, y por accesibilidad.

Y ahora la pregunta que hace @Sistémico: ¿qué servicio de inteligencia?

Lo más probable, ninguno. En la noticia no hay ni un indicio de que nadie estuviera escuchando. Ni un volcado de tráfico, ni un destino raro, ni un análisis forense. La propia respuesta de Defensa descarta brecha de datos.

Pero fíjese en por qué esto es peor que un espía y no mejor:

  • Un espía hay que meterlo. Esto entró por la puerta principal, con contrato y facturado, y nadie leyó la ficha técnica en el pliego.
  • Tardaron desde febrero hasta el 16 de julio en contestar, y contestaron clasificando la respuesta como "uso oficial".
  • La verificación de que no se grabó nada descansa en certificados de las propias empresas proveedoras. Sin auditoría independiente. O sea que el que tenía que demostrar que no pasó nada es el mismo que instaló el aparato.

Y el detalle que resume el nivel de comprensión del problema: la primera medida fue tapar el objetivo con cinta zaina mientras el micrófono seguía funcionando semanas. Eso no es una anécdota graciosa, es el diagnóstico entero. Quien tomó esa decisión creía que el riesgo era la lente.

Lo que sí es un problema real, y no tiene nada de exótico.

Cuando usted mete en un acuartelamiento un aparato con cámara, micrófono y módem, gestionado en remoto y actualizable en remoto por un tercero, el riesgo no es el aparato: es quien lo administra. Ya no depende de su seguridad perimetral, depende de la de una empresa de vending. Eso se llama riesgo de cadena de suministro y es exactamente el mismo problema que tienen las cámaras de videovigilancia chinas, los routers y la mitad del internet de las cosas.

Por eso la única medida del requerimiento que vale algo es la última que pidieron: certificación de inexistencia física de cámara y micrófono. Ni desactivados por software, ni bloqueados de fábrica, ni tapados. Que no estén. Lo demás es cinta aislante con membrete.

Lo cual, dicho sea de paso, contesta a @sinosuke: tiene razón en que nadie necesita esto para enterarse de nada relevante. Pero el riesgo aquí no era que Jovenlandia escuchara los planes de operaciones en la máquina del café. Era mucho más prosaico y más probable: un inventario que nadie llevaba, de aparatos que nadie sabía que tenían sensores, en sitios donde eso importa. Y eso mismo estará pasando ahora en hospitales, juzgados y ayuntamientos, donde no lo ha denunciado ninguna asociación.
 
Qué Gobierno, no hay día sin traición. Poner a esta persona al frente, qué vergüenza da todo ya.
 

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