Pepe Álvarez abandona las mariscadas y plantea una huelga general para salvar al PSOE.

Pepe Álvarez no descarta la huelga general y apunta a la oposición​

Una huelga general contra quien no gobierna no es una huelga general. Es un órdago. Y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lo dejó abierto al ser preguntado si descarta movilizar al país tras el rechazo de los decretos: «Por supuesto que no». Con esa respuesta, el foco del malestar se desplaza a un lugar incómodo: buena parte de las reacciones que circulan estos días colocan el destinatario de un hipotético paro en el PP, Vox y Junts —los que no están en La Moncloa, o no del todo— antes que en el Gobierno que sí está. La huelga general vuelve al primer plano convertida en un artefacto de difícil encaje.

Qué ha dicho UGT y qué se le está atribuyendo​

El sindicato no ha convocado nada. Ha dejado la puerta abierta, y eso basta para que la conversación se dispare. Álvarez habla de presión ante el bloqueo parlamentario; el relato que más circula traduce esa presión en una huelga planteada contra la oposición, lo que sería un caso poco frecuente en la historia reciente. En el imaginario clásico, la huelga general se convoca contra el Ejecutivo de turno. Aquí el razonamiento que predomina es el inverso: el Ejecutivo lleva ya unos cuantos años en el poder y no ha resuelto los problemas que ahora dice querer resolver, de modo que el destinatario del golpe de timón sería otro.

Ese cortocircuito lógico es el que alimenta el grueso del escepticismo, y no solo en los círculos más hostiles al sindicato.

Otoño de 2010: la única huelga general de quince años​

El precedente que más se repite es el de otoño de 2010, que varios participantes presentan como la única huelga general que los grandes sindicatos han convocado en quince años de gobiernos socialistas. No fue, se argumenta, estrictamente contra el entonces presidente del Gobierno, sino contra la austeridad, el déficit disparado y las reformas que llegaban desde Bruselas, en un contexto de protestas simultáneas por media Europa. Es decir: incluso el precedente que se invoca tenía un destinatario difuso.

La comparación sirve para medir la anomalía. Si el único paro general de una década y media se hizo con el Gobierno en el punto de mira —o con Bruselas en el punto de mira, según cómo se lea— una convocatoria dirigida a la oposición queda, cuando menos, huérfana de guion.

¿Tiene sentido una huelga general contra quien no gobierna?​

No, en términos estrictamente políticos. Un paro general es una herramienta de coerción contra quien tiene capacidad de decidir, y esa capacidad la tiene el Gobierno, no la oposición. De ahí que buena parte del análisis lo lea como huelga de salón: mucha retórica y poca infraestructura. El cálculo más pesimista sostiene que no llegará a convocarse, porque el coste interno sería alto. El escenario más voluntarista parte de que la presión, siquiera amagada, ya ha cumplido su función de señuelo.

En medio queda un detalle que no es menor: la capacidad de convocatoria sostenida del sindicato está bajo sospecha. La última gran movilización de este tipo queda lejos.

Subvenciones, liberados y servicios mínimos: el desgaste sindical​

Donde la discusión se vuelve más dura es en la estructura del propio sindicato. Circulan afirmaciones recurrentes sobre las subvenciones públicas, los cargos liberados y el diseño de los servicios mínimos, con la acusación —no probada, propia del terreno opinativo— de que buena parte de los efectivos sindicales queda al margen del descuento del día de huelga, mientras el trabajador raso sí lo sufre. Hay quien pide directamente la eliminación de las subvenciones a las organizaciones sindicales.

Sobre esa crítica planea un dato de contexto que sí está sobre la mesa: años de Gobierno sin una sola huelga general. Ese silencio prolongado es el que da munición a quienes sostienen que el sindicato se ha institucionalizado y ha dejado de morder.

El mercado laboral ya no es el de 2010​

Un paro general solo funciona si para el país, y el país que se para ya no es el de la gran industria. Parte del análisis apunta a que la base clásica de la huelga —plantilla estable, fábrica concentrada, afiliación alta— se ha estrechado, y que la composición actual del empleo, con mucho peso de los servicios, la temporalidad y una presencia creciente de trabajadores migrantes con menos arraigo sindical, hace más difícil un seguimiento masivo. Otros añaden un cálculo frío: hay quien no está dispuesto a perder jornadas de sueldo por una reivindicación que entiende ajena.

Junto a eso, otra línea de crítica apunta al mercado inmobiliario. Se sostiene que el problema de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, se ha agravado durante el ciclo político en curso, y que ese deterioro del bolsillo explica mejor el enfado que cualquier consigna sindical.

Y mientras, todos miran a las urnas​

El telón de fondo es electoral. Hay quien lee el amago de huelga como preparación del terreno para una hipotética llegada de la derecha al Gobierno, con la idea de dejar sembrado un conflicto antes de que cambie el inquilino de La Moncloa. Otros lo interpretan justo al revés: pánico a perder el poder y necesidad de exhibir músculo. Junts aparece en el relato por su papel en la legislatura, con la amnistía como moneda de cambio y una posición posterior de oposición que no puede sostener una moción de censura contra el Ejecutivo.

Con estos mimbres, la predicción más razonable —y más aburrida— es que no habrá huelga general, sino un amago sostenido mientras avanza el calendario. Conviene no cerrar el pronóstico: si el bloqueo parlamentario se enquista y el desgaste del Ejecutivo se acentúa, el coste de convocar dejará de parecer más alto que el de no hacerlo. Y ahí nadie tiene el guion.