Inmobiliaria: Pidro Sanchis aprueba no uno sino dos "decretos mar1carmen"

Dos decretos de vivienda «Maricarmen» y Junts con el veto puesto​

PSOE y Sumar han acordado dos decretos de vivienda en lugar de uno, con todas las medidas de la vía Maricarmen repartidas entre ambos textos, y el Ejecutivo deja en manos de sus socios parlamentarios la aprobación final. El pacto con el socio de coalición no desatasca, sin embargo, el nudo de fondo: según el hilo del debate, Junts mantiene el veto al decreto más ambicioso porque considera una «imposición» que se incluya en él la reforma de la ley de alquileres. Consenso arriba, atasco abajo.

Por qué se aprueban dos decretos de vivienda y no uno​

El desdoble permite que cada socio vote por separado lo que puede defender ante su electorado y lo que no. Un texto básico, con recorrido para salir adelante; otro con la reforma de los arrendamientos dentro, abocado a caer. Según una de las lecturas que circulan en el debate, el decreto duro se votará en contra por Junts mientras Podemos y Sumar lo respaldan, de modo que cada cual se lleva su relato. Hay quien sostiene en el hilo que el diseño invita a hablar de trilerismo parlamentario más que de política de vivienda.

¿Por qué Junts veta la reforma de la ley de alquileres?​

Según lo publicado en el hilo, porque entiende que meterla en el decreto es una imposición, no una negociación. El partido mantendría así el bloqueo sobre el texto que toca la normativa de arrendamientos, mientras deja pasar el que considera de mínimos. La secuencia deja un titular incómodo: acuerdo firmado con el socio de coalición, aprobación pendiente del resto. Y una duda que nadie ha cerrado: de los dos decretos, ¿cuál es exactamente el que sigue bloqueado? En esta legislatura ya se han montado otros decretos ómnibus con el mismo método.

El argumento económico: menos oferta, rentas más altas​

La objeción que plantean varios participantes no discute la intención —bajar el precio del alquiler— sino el resultado. Sostienen que regular en exceso el mercado reduce la oferta: hay propietarios que directamente retiran el inmueble del alquiler, y con menos vivienda disponible la presión sobre las rentas sube en vez de bajar. El precedente que citan es Cataluña, donde afirman que se ha aplicado una regulación de este tipo. Frente a esa tesis, en el hilo se apunta otra lectura: sin intervención, el alquiler se comporta como un activo financiero y la vivienda deja de ser un derecho. Ninguna de las dos se ha resuelto en la práctica.

960.000 páginas de regulación al año​

Y de fondo, el problema de siempre. En 2016, Estado y comunidades autónomas aprobaron 681 nuevas normas que ocuparon 895.820 páginas en los boletines oficiales. Durante los años de crisis, la media anual rondó las 960.000 páginas, de las que unas 203.000 correspondían al Estado y otras 757.000 a los gobiernos autonómicos. Entre 1970 y 2016 España acumuló 41.336 normas estatales, a un ritmo medio de 900 leyes al año. Con ese volumen, cualquier decreto compite contra una maraña normativa que ya distorsiona el mercado por sí sola.

Quedan dos decretos, un veto en pie y ninguna cifra de alquiler que baje por decreto. Si el objetivo era abaratar la vivienda, ¿cuál de los dos textos hace eso y cuándo empieza a notarse?