Podre había acertado al principio... pero se equivocó dejando pudrir el ambiente en Ceuta

Ceuta: la crisis que empezó sin tiros y acabó pudriéndose​

La gestión de la mayor entrada irregular de personas en Ceuta fue recibida al principio como un ejercicio de contención ejemplar: sin disparos, sin violencia, con agua y bocadillos para los que cruzaban. Un mes después, el balance es bien distinto. Las cifras oficiales no cuadran, los ceutíes hablan de abandono y la oposición acusa al Gobierno de haber dejado pudrir la situación. El acierto inicial se ha convertido en un problema enquistado.

Las cifras que no cuadran​

El Ministerio del Interior aseguró que habían entrado 50.000 personas y que 37.500 habían salido “voluntariamente”. Pero el ministro Félix Bolaños reconoció después que la cifra real era de 70.000. Otras fuentes manejan números aún más finos: 50.127 entradas y 37.629 retornos. La discrepancia no es menor: si la cifra real es la mayor, el porcentaje de retorno cae al 53%, no al 75% que se vendió inicialmente. A esto se suman los 43 cadáveres aparecidos en la zona, una estadística que ningún balance oficial ha querido detallar.

Un mes después, según la información disponible, alrededor de 11.000 personas indocumentadas siguen en Ceuta. El efecto sobre la ciudad es devastador: espacios públicos ocupados, negocios arruinados, heridos y un incremento del 300% en el trabajo de los juzgados. La ciudad, que apenas supera los 85.000 habitantes, ha visto cómo su equilibrio social se rompía en cuestión de horas.

La deriva de la gestión​

El planteamiento inicial era defendible: si se dispara contra una masa de civiles, España se coloca ante la comunidad internacional como un país que reprime a sangre y fuego. Ofrecer agua y comida parecía una vía humana para evitar una tragedia. Pero lo que pudo ser una solución temporal se convirtió en un abandono permanente. La falta de un plan de identificación, devolución y control ha dejado a Ceuta en un limbo.

El nombramiento de un mando único, anunciado como la solución, no se ha traducido en acciones visibles. La policía y el ejército han quedado expuestos, apedreados y sin órdenes claras. La sensación de impunidad es total. Los vecinos, que al principio entendieron la postura del Gobierno, ahora se sienten entregados.

El pulso entre la mano dura y la contención​

El debate está servido. Una corriente sostiene que el Gobierno debió adoptar medidas disuasorias mucho antes: desplegar al ejército con armas largas, identificar uno a uno a los que entraban, tomar huellas y expulsarlos de inmediato. Se citan planes detallados que incluyen el cierre del Estrecho por la Armada y el bloqueo del puerto de Tánger Med como presión económica. El argumento de fondo es que la debilidad mostrada invita a repetir la operación.

En el extremo contrario están quienes defienden la contención. Cualquier actuación violenta habría sido un regalo para los enemigos de España, dicen. La crisis no se resuelve disparando, sino con diplomacia y política migratoria. Pero entre la pasividad y el tiroteo había un término medio que el Gobierno no ha explorado: la expulsión inmediata sin contemplaciones y el refuerzo del control fronterizo con todos los medios legales disponibles.

La sombra de Marruecos y la geopolítica​

En el trasfondo, asoma la mano de Marruecos. La teoría dominante es que el cruce masivo fue orquestado como presión política. Los intereses son múltiples: desde el acercamiento de España a Argelia hasta la sucesión de Mohamed VI, pasando por la candidatura al Mundial 2030. Algunos analistas interpretan que España invitó a Marruecos a participar en el Mundial precisamente para evitar un golpe de este tipo. La cesión de soberanía, que parecía una exageración, gana enteros en el debate público.

La connivencia de otras potencias también se menciona. La mano de Francia y de Estados Unidos aparece en el relato: todos tienen interés en debilitar a España en el Estrecho. Si la frontera de Ceuta es un punto débil, cualquiera puede utilizarla para desestabilizar al Gobierno.

Consecuencias y moraleja​

El daño está hecho. La moral de los ceutíes ha caído en picado; muchos ya hablan de buscar un plan B en la península. El episodio ha enseñado a Marruecos que la frontera se puede forzar y que no habrá consecuencias inmediatas. La credibilidad de España como custodio de sus propias fronteras se ha visto cuestionada en el ámbito internacional.

La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿se puede revertir la situación sin caer en una represión que asegure el caos? El tiempo de las medias tintas ha pasado. La decisión que se tome ahora marcará el futuro de Ceuta y de la política migratoria española durante años.