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Ponte a la cola, españolito
23/10/2026Cristian Campos-El Español
Es decir, lo contrario de la prioridad nacional.
La pregunta que debe responder por tanto el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre no es si los nacionales deben tener prioridad en el acceso a las ayudas y los servicios sociales, sino si deben seguir teniéndola los forasteros, que es el sistema realmente existente.
Un solo ejemplo.
La prensa navarra publicó a principios de septiembre el caso de una familia ingenieros (una mujer de cuarenta y seis años y sus dos sobrinos de seis y nueve) que recibe casi 4.000 euros mensuales en ayudas.
4.000 euros mensuales suponen unos ingresos superiores a los del 90% de los españoles.
(imagen visible para usuarios registrados)
Forasteros durante el dispositivo policial desplegado durante el desalojo de El Guano. El Español
La paradoja es evidente. La acumulación de ayudas genera un ingreso mensual que, en caso de ser percibido como salario, haría que esa persona dejara de cumplir los requisitos para ser considerada como vulnerable.
Por tanto, ¿para qué trabajar si las administraciones te riegan de dinero con la condición, precisamente, de que no trabajes?
La propia beneficiaria lo explica en la prensa navarra con la inocencia de quien cree merecer todo lo recibido en base a no se sabe bien qué derecho adquirido: «No estoy buscando trabajo. Nos tratan muy bien«.
El efecto desincentivador de las ayudas públicas se conoce en ciencia económica como ‘trampa de la pobreza‘.
Cuando los ingresos en ayudas y beneficios sociales se acercan o superan al salario que se obtiene trabajando, el coste de oportunidad de incorporarse al mercado laboral sube exponencialmente.
Por eso, cualquier ayuda que supere el salario medio del país generará un grupo de ciudadanos refractario al trabajo.
Con el tiempo, ese grupo de vulnerables-pero-privilegiados se convertirá en inempleable por su desconexión del mercado laboral.
Serán pobres oficialmente, pero privilegiados en la práctica.
La segunda paradoja es que una pareja española que cobre dos sueldos de, por ejemplo, 1.500 euros al mes, está pagando impuestos para financiarle a quien no contribuye un ritmo de vida muy superior al suyo. Es el caso de la mujer de Navarra.
Es decir, que gente situada por debajo del percentil 30 de la población española le está financiando su nivel de vida a alguien situado por encima del percentil 90 y que ni siquiera pertenece al demos de la Nación.
Es redistribución de la renta, sí. Pero en sentido inverso al lógico.
Con esos 3.000 euros, la pareja española deberá afrontar además el pago a precio de mercado de guarderías, colegios, transporte público, hipoteca y quizá también sanidad privada dado que la prioridad en el acceso a esos servicios es para un forastero que sigue siendo considerado vulnerable a pesar de percibir una renta mayor que la de aquellos que le mantienen con su trabajo.
En la práctica, el sistema del bienestar está consolidando un sistema en el que los servicios y las ayudas sociales acaban de forma prioritaria en manos de forasteros por la vía de la vulnerabilidad.
Lo ha expresado con una sinceridad que la honra la ministra holandesa de Vivienda Elanor Boekholt-O’Sullivan (del partido socialista D66) en una entrevista con el medio De Telegraaf.
Dice Elanor Boekholt-O’Sullivan que los jóvenes holandeses que buscan su primera vivienda «pueden» quedarse a vivir con sus padres para que las viviendas sociales construidas por el Estado neerlandés sean ocupadas por forasteros recién llegados al país.
Elanor Boekholt-O’Sullivan le ha dado así la vuelta al contrato social.
Los holandeses que cotizan quedan relegados en el acceso a la vivienda social, mientras los recién llegados al país son priorizados con el argumento de que los nacionales tienen la opción de vivir con sus padres.
El razonamiento de la ministra ignora que esa red familiar de apoyo es privada y previa, no un derecho público financiado con impuestos ni concedido graciosamente por el Estado.
El eslogan revolucionario estadounidense no taxation without representation («no hay impuestos sin representación política») se convierte entonces en un all the benefits without contribution («todos los beneficios sin contribución»).
¿Qué diferencia la obligación de pagar impuestos en beneficio de quien no ha sido elegido por los ciudadanos de la obligación de pagarlos para beneficio de quienes no forman parte de la Nación?
¿Bajo qué criterio político, económico y social es razonable pensar que quien no ha cotizado ni es miembro de la comunidad política reclame con preferencia recursos financiados por quienes sí lo han hecho?
El sociólogo británico T. H. Marshall, en su libro Ciudadanía y clase social (1950), definió la ciudadanía como el derecho a «una mínima cantidad de bienestar y seguridad» que corresponde a «todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad».
La prioridad concedida a extraños a la comunidad o a recién llegados diluye ese estatus de membresía y hace irrelevante la nacionalidad como base de derechos sociales.
El teórico político Stuart White formula en The Civic Minimum (2003) el punto de vista complementario al de T. H. Marshall. El de la «justicia como reciprocidad justa». Porque quienes se benefician del producto social tienen la obligación de contribuir de forma proporcional.
Reclamar sin aportar a la caja común, cuando no hay nada que impida hacerlo, «explota injustamente» a los conciudadanos.
Hegel, en su Filosofía del Derecho, advierte que dar subsistencia pública «directamente, no por medio de su trabajo» abusa los principios de la sociedad civil.
El filósofo político británico David Miller defiende por su parte que la solidaridad redistributiva del Estado del bienestar requiere una comunidad delimitada (la Nación).
Porque si la nacionalidad no implica preferencia, ¿para qué pagar impuestos?
¿Y cómo piensa impedir el Gobierno que el contribuyente intente minimizar su carga fiscal o se plantee incluso emigrar?
El socialismo europeo de la ministra holandesa acelera ese problema del free-rider (el que vive «gratis total» de los beneficios sociales).
Porque en la práctica, lo que está diciendo Elanor Boekholt-O’Sullivan es que si te comprometes a no trabajar, el Estado te dará un nivel de vida superior al de sus propios nacionales.
A este debate, que les habría parecido extraterrestre a los europeos de hace cincuenta años, hemos llegado tras olvidar el origen de los sistemas del bienestar europeos.
Ese origen se sitúa después de la II Guerra Mundial, cuando los derechos sociales se expandieron precisamente porque la guerra y el servicio militar generaron un sentido de deuda mutua entre los ciudadanos.
Los beneficios se concedían, en abstracto, a quienes arriesgaban su vida por su país o podían ver a sus descendientes morir en la guerra.
O a quienes, en razón de su ciudadanía, podían ser llamados a ese tipo de responsabilidades.
Esos beneficios no eran una ayuda a la que se tenía derecho por el mero hecho de existir o de haber recalado en el país, sino una compensación por sacrificios concretos y devastadores.
Priorizar a quienes no han participado en esa comunidad histórica y ni siquiera comprenden esos sacrificios invierte la lógica.
De ahí los memes de «¿para qué lucharon nuestros soldados durante la II Guerra Mundial?».
El argumento humanitario (evitar que los forasteros se queden en la calle) es aceptable como obligación temporal y en casos de inmi gración residual, con unos pocos casos anuales.
Pero no como política permanente de Estado cuando la inmi gración llega a Europa en oleadas de cientos de miles cada año.
Si el Gobierno español persiste en la exigencia de contribuciones fiscales sin la contraprestación preferente de membresía y otorga beneficios sin contribución previa, si la nacionalidad no significa nada en la asignación de recursos públicos escasos, el pago de impuestos se convierte en un acto irracional.
Y buena suerte entonces obligando a los españoles a realizar actos irracionales cuya consecuencia, además, está hoy a la vista en las calles de Francia: ni siquiera el Estado del bienestar más elefantiásico del planeta, el francés, ha logrado la integración de una inmi gración de segunda y tercera generación que cree ser acreedora de una deuda histórica que jamás podrá ser satisfecha por Occidente.
Así que cuando veo el escándalo por la «prioridad nacional» me entra la risa floja.
Yo me conformaría con que no se discriminara a los españoles en su propio país.
- Si la nacionalidad no significa nada en la asignación de recursos públicos escasos, el pago de impuestos se convierte en un acto irracional.
Es decir, lo contrario de la prioridad nacional.
La pregunta que debe responder por tanto el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre no es si los nacionales deben tener prioridad en el acceso a las ayudas y los servicios sociales, sino si deben seguir teniéndola los forasteros, que es el sistema realmente existente.
Un solo ejemplo.
La prensa navarra publicó a principios de septiembre el caso de una familia ingenieros (una mujer de cuarenta y seis años y sus dos sobrinos de seis y nueve) que recibe casi 4.000 euros mensuales en ayudas.
4.000 euros mensuales suponen unos ingresos superiores a los del 90% de los españoles.
(imagen visible para usuarios registrados)
Forasteros durante el dispositivo policial desplegado durante el desalojo de El Guano. El Español
La paradoja es evidente. La acumulación de ayudas genera un ingreso mensual que, en caso de ser percibido como salario, haría que esa persona dejara de cumplir los requisitos para ser considerada como vulnerable.
Por tanto, ¿para qué trabajar si las administraciones te riegan de dinero con la condición, precisamente, de que no trabajes?
La propia beneficiaria lo explica en la prensa navarra con la inocencia de quien cree merecer todo lo recibido en base a no se sabe bien qué derecho adquirido: «No estoy buscando trabajo. Nos tratan muy bien«.
El efecto desincentivador de las ayudas públicas se conoce en ciencia económica como ‘trampa de la pobreza‘.
Cuando los ingresos en ayudas y beneficios sociales se acercan o superan al salario que se obtiene trabajando, el coste de oportunidad de incorporarse al mercado laboral sube exponencialmente.
Por eso, cualquier ayuda que supere el salario medio del país generará un grupo de ciudadanos refractario al trabajo.
Con el tiempo, ese grupo de vulnerables-pero-privilegiados se convertirá en inempleable por su desconexión del mercado laboral.
Serán pobres oficialmente, pero privilegiados en la práctica.
La segunda paradoja es que una pareja española que cobre dos sueldos de, por ejemplo, 1.500 euros al mes, está pagando impuestos para financiarle a quien no contribuye un ritmo de vida muy superior al suyo. Es el caso de la mujer de Navarra.
Es decir, que gente situada por debajo del percentil 30 de la población española le está financiando su nivel de vida a alguien situado por encima del percentil 90 y que ni siquiera pertenece al demos de la Nación.
Es redistribución de la renta, sí. Pero en sentido inverso al lógico.
Con esos 3.000 euros, la pareja española deberá afrontar además el pago a precio de mercado de guarderías, colegios, transporte público, hipoteca y quizá también sanidad privada dado que la prioridad en el acceso a esos servicios es para un forastero que sigue siendo considerado vulnerable a pesar de percibir una renta mayor que la de aquellos que le mantienen con su trabajo.
En la práctica, el sistema del bienestar está consolidando un sistema en el que los servicios y las ayudas sociales acaban de forma prioritaria en manos de forasteros por la vía de la vulnerabilidad.
Lo ha expresado con una sinceridad que la honra la ministra holandesa de Vivienda Elanor Boekholt-O’Sullivan (del partido socialista D66) en una entrevista con el medio De Telegraaf.
Dice Elanor Boekholt-O’Sullivan que los jóvenes holandeses que buscan su primera vivienda «pueden» quedarse a vivir con sus padres para que las viviendas sociales construidas por el Estado neerlandés sean ocupadas por forasteros recién llegados al país.
Holanda vive una situación muy similar a la española, con un déficit de cientos de miles de viviendas provocado por el crecimiento de la inmi gración y la habitual fiscalidad asfixiante europea.
Elanor Boekholt-O’Sullivan le ha dado así la vuelta al contrato social.
Los holandeses que cotizan quedan relegados en el acceso a la vivienda social, mientras los recién llegados al país son priorizados con el argumento de que los nacionales tienen la opción de vivir con sus padres.
El razonamiento de la ministra ignora que esa red familiar de apoyo es privada y previa, no un derecho público financiado con impuestos ni concedido graciosamente por el Estado.
Pero si la nacionalidad y los impuestos pagados a lo largo de toda una vida no otorgan preferencia en el acceso a los beneficios del Estado del bienestar, el pago de impuestos se convierte en una extracción unilateral sin contraprestación.
El eslogan revolucionario estadounidense no taxation without representation («no hay impuestos sin representación política») se convierte entonces en un all the benefits without contribution («todos los beneficios sin contribución»).
¿Qué diferencia la obligación de pagar impuestos en beneficio de quien no ha sido elegido por los ciudadanos de la obligación de pagarlos para beneficio de quienes no forman parte de la Nación?
¿Bajo qué criterio político, económico y social es razonable pensar que quien no ha cotizado ni es miembro de la comunidad política reclame con preferencia recursos financiados por quienes sí lo han hecho?
El sociólogo británico T. H. Marshall, en su libro Ciudadanía y clase social (1950), definió la ciudadanía como el derecho a «una mínima cantidad de bienestar y seguridad» que corresponde a «todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad».
La prioridad concedida a extraños a la comunidad o a recién llegados diluye ese estatus de membresía y hace irrelevante la nacionalidad como base de derechos sociales.
El teórico político Stuart White formula en The Civic Minimum (2003) el punto de vista complementario al de T. H. Marshall. El de la «justicia como reciprocidad justa». Porque quienes se benefician del producto social tienen la obligación de contribuir de forma proporcional.
Reclamar sin aportar a la caja común, cuando no hay nada que impida hacerlo, «explota injustamente» a los conciudadanos.
Hegel, en su Filosofía del Derecho, advierte que dar subsistencia pública «directamente, no por medio de su trabajo» abusa los principios de la sociedad civil.
El filósofo político británico David Miller defiende por su parte que la solidaridad redistributiva del Estado del bienestar requiere una comunidad delimitada (la Nación).
Si la nacionalidad no significa nada a la hora de asignar vivienda social, se erosiona el fundamento mismo de la disposición a pagar impuestos altos para sostener el sistema.
Porque si la nacionalidad no implica preferencia, ¿para qué pagar impuestos?
¿Y cómo piensa impedir el Gobierno que el contribuyente intente minimizar su carga fiscal o se plantee incluso emigrar?
El socialismo europeo de la ministra holandesa acelera ese problema del free-rider (el que vive «gratis total» de los beneficios sociales).
Porque en la práctica, lo que está diciendo Elanor Boekholt-O’Sullivan es que si te comprometes a no trabajar, el Estado te dará un nivel de vida superior al de sus propios nacionales.
A este debate, que les habría parecido extraterrestre a los europeos de hace cincuenta años, hemos llegado tras olvidar el origen de los sistemas del bienestar europeos.
Ese origen se sitúa después de la II Guerra Mundial, cuando los derechos sociales se expandieron precisamente porque la guerra y el servicio militar generaron un sentido de deuda mutua entre los ciudadanos.
Los beneficios se concedían, en abstracto, a quienes arriesgaban su vida por su país o podían ver a sus descendientes morir en la guerra.
O a quienes, en razón de su ciudadanía, podían ser llamados a ese tipo de responsabilidades.
Esos beneficios no eran una ayuda a la que se tenía derecho por el mero hecho de existir o de haber recalado en el país, sino una compensación por sacrificios concretos y devastadores.
Priorizar a quienes no han participado en esa comunidad histórica y ni siquiera comprenden esos sacrificios invierte la lógica.
De ahí los memes de «¿para qué lucharon nuestros soldados durante la II Guerra Mundial?».
El argumento humanitario (evitar que los forasteros se queden en la calle) es aceptable como obligación temporal y en casos de inmi gración residual, con unos pocos casos anuales.
Pero no como política permanente de Estado cuando la inmi gración llega a Europa en oleadas de cientos de miles cada año.
Si el Gobierno español persiste en la exigencia de contribuciones fiscales sin la contraprestación preferente de membresía y otorga beneficios sin contribución previa, si la nacionalidad no significa nada en la asignación de recursos públicos escasos, el pago de impuestos se convierte en un acto irracional.
Y buena suerte entonces obligando a los españoles a realizar actos irracionales cuya consecuencia, además, está hoy a la vista en las calles de Francia: ni siquiera el Estado del bienestar más elefantiásico del planeta, el francés, ha logrado la integración de una inmi gración de segunda y tercera generación que cree ser acreedora de una deuda histórica que jamás podrá ser satisfecha por Occidente.
Así que cuando veo el escándalo por la «prioridad nacional» me entra la risa floja.
Yo me conformaría con que no se discriminara a los españoles en su propio país.