¿De verdad hace falta quemar las calles? Debate abierto

El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó en un acto político que votar el 29N evita tener que salir a la calle a protestar durante cuatro años si la derecha llega al Gobierno. La frase convirtió la protesta callejera en un escenario indeseable que solo se evita con la papeleta.

La frase la soltó Óscar Puente, ministro de Transportes, en un acto de partido. Dijo que el 29N hay «una oportunidad para parar el fascismo» y que la mejor manera de pararlo es votar. Hasta ahí, discurso de campaña corriente. Lo llamativo vino después: si la derecha gobierna, habrá que salir a la calle a protestar «por las muchas cosas malas» que sucederán. Y remató: es mejor salir un día y meter la papeleta que estar saliendo un día tras otro durante cuatro años.

La cita circuló rápido porque tiene una segunda lectura incómoda. Puesta del derecho, Puente describe la protesta como una carga que el votante puede ahorrarse. Puesta del revés, admite que la calle es el recurso que queda cuando se pierde una elección. Ninguna de las dos lecturas es una novedad en política. La novedad es que lo diga un miembro del Gobierno en voz alta y sin anestesia.

La protesta como amenaza y como derecho

Conviene separar dos cosas que el discurso público mezcla con frecuencia. Una es el derecho de reunión y manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución española, que lo regula junto al derecho de asociación. Otra es la protesta como herramienta de presión política, que en España tiene un historial largo y transversal: la han usado sindicatos, asociaciones vecinales, plataformas de afectados y también partidos de todo signo cuando estaban en la oposición.

El problema de fondo no es que Puente mencione la calle. Es el marco mental que construye: la protesta aparece como algo que hay que evitar, no como un derecho que se ejerce. Y el voto se presenta como el mecanismo que te libra de tener que manifestarte. Eso, en un país donde las manifestaciones por la sanidad pública, la vivienda o las pensiones han sido masivas en los últimos años, choca con la experiencia de mucha gente que protesta precisamente porque votar no le ha resuelto el problema.

Hay un detalle que conviene no perder de vista. La frase no describe una amenaza de la derecha. Describe una reacción: si gobiernan y hacen cosas malas, la gente saldrá a la calle. Eso es, en teoría, lo que ocurre en cualquier democracia. El conflicto surge cuando el Gobierno de turno presenta esa reacción como un coste para el votante en lugar de como un síntoma de que algo va mal.

Qué se juega el PSOE con este marco

El PSOE llega al 29N con un discurso centrado en el riesgo que representa la derecha. La fórmula de Puente encaja en esa línea: movilizar el voto útil apelando al miedo a lo que viene después. Es una estrategia conocida y no exclusiva de España. Los partidos en el Gobierno suelen presentar las elecciones como un plebiscito sobre el adversario más que sobre su propia gestión.

El riesgo de ese marco es doble. Primero, si el electorado no compra la amenaza, el mensaje se queda en ruido. Segundo, si la compra pero el resultado no le convence, la decepción se vuelve contra quien prometió que el voto bastaba. La historia electoral española reciente está llena de movilizaciones contra gobiernos que ganaron con discursos de este tipo.

La protesta, además, no es patrimonio de nadie. En los últimos años ha habido manifestaciones convocadas desde la derecha contra políticas del Ejecutivo, y también desde la izquierda contra decisiones del mismo Ejecutivo. Tratar la calle como un recurso del adversario o como un castigo que se evita con la papeleta simplifica una realidad que es más variada.

El coste de decir en voz alta lo que se piensa

Hay una tradición en la comunicación política que consiste en no explicitar demasiado. Las frases redondas se pulen hasta que no comprometen. Puente no hizo eso. Dijo lo que muchos dirigentes piensan pero no formulan: que gobernar mal genera protesta y que la protesta desgasta. Es una obviedad. El problema es que, dicha por un miembro del Gobierno, suena a advertencia.

La reacción pública se dividió entre quienes vieron una descripción realista y quienes vieron una amenaza velada. Ninguna de las dos lecturas es descabellada. Lo que sí es seguro es que la frase funcionó como lo que era: un titular. Y en campaña, un titular vale más que un matiz.

Queda una pregunta que el propio discurso deja sin responder. Si la derecha gobierna y hace cosas malas, ¿la protesta será legítima o será un problema de orden público? La respuesta a esa pregunta depende de quién la formule y desde dónde. Y eso, más que la frase de Puente, es lo que conviene vigilar.