Por fin España pone los cojines encima de la mesa en la UE (exige la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego)

España ha decidido ejercer presión en la Unión Europea para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, utilizando la ampliación del bloque como palanca.

España ha decidido jugar sus cartas más fuertes en Bruselas. El objetivo es claro: que el catalán, el euskera y el gallego dejen de ser idiomas “extraoficiales” y pasen a tener el mismo estatus que el resto de lenguas de los países miembros dentro de las instituciones de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el encargado de poner voz a esta exigencia, dejando caer que la ampliación del club comunitario, con países como Montenegro o Albania llamando a la puerta, urge a resolver esta cuestión. La postura es contundente: es impensable que entren nuevos idiomas si no lo hacen antes los que ya se hablan en España.

un veto con nombre propio

La jugada española no es nueva, pero esta vez parece que vienen con más determinación. Ya el pasado año se intentó colar la propuesta en el Consejo de Asuntos Generales, esa reunión donde los ministros de Exteriores de los 27 deciden qué idiomas se convierten en oficiales. Entonces, la iniciativa española se topó con un muro. Un grupo de países, entre los que se encontraban Alemania, Italia, Finlandia, Croacia, la República Checa y Suecia, dijeron un "no" rotundo. Las excusas fueron de corte legal y práctico, pero desde Madrid se sospecha que había algo más, motivos políticos. El Gobierno español, de hecho, se ofreció a cubrir todos los costes derivados de esta oficialidad, intentando acallar las voces que temían un efecto dominó o un gasto desorbitado.

la balanza de la ampliación

La clave de bóveda de la estrategia española reside en la propia mecánica de la UE. Para que un nuevo país entre en el club, se necesita la unanimidad de todos los miembros. Y ahí es donde España puede apretar. Si la oficialidad de sus lenguas no sale adelante, el Gobierno español podría, teóricamente, bloquear la adhesión de nuevos miembros. La cifra habla por sí sola: el catalán lo hablan más de 10 millones de personas, el gallego más de 3 millones y el euskera más de 1 millón. Comparado con el montenegrino, que lo hablan unas 260.000 personas, la desproporción es evidente. España argumenta que la oficialidad de estas lenguas es una cuestión de identidad nacional, y que su caso es singular, dado su uso oficial en el Congreso de los Diputados. La próxima cita, el Consejo de Asuntos Generales del 23 de septiembre, se perfila como un momento decisivo.