Por fin surge una opción politica que los abstenautistas podrán votar.

Un grupo de feministas con trayectoria académica y activista concurre a las elecciones generales del 29-N bajo las siglas del Partido Feministas al Congreso (PFAC). Su programa incluye una ley abolicionista de la prostitución, la derogación de la ley trans y la auditoría de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Hay quien lleva años diciendo que no vota porque no hay a quién. Que todos los partidos se parecen, que las siglas cambian pero el fondo es el mismo, que el voto útil es una trampa y la abstención una forma de protesta. Esa postura tiene un nombre informal entre quienes la practican: abstenerse como quien firma una hoja de reclamaciones que nadie lee. El problema de esa lógica es que, de vez en cuando, aparece una candidatura que no encaja en el molde y deja al abstencionista sin excusa. Eso es, al menos, lo que sostienen quienes impulsan el Partido Feministas al Congreso (PFAC), una formación que concurre a las elecciones generales del 29-N con un programa que no se parece al de ninguna otra fuerza con representación parlamentaria.

Un partido nacido en 2022 y estrenado en las europeas de 2024

El PFAC se constituyó en 2022 con un objetivo declarado: que su voz «se oiga en las instituciones que tienen poder para impulsar los cambios sociales». No concurrió a las generales de 2023 porque el adelanto electoral les pilló a contrapié, ni a las autonómicas por falta de implantación territorial. Su primer reto real fueron las elecciones europeas de 2024, donde la circunscripción única y un tiempo de preparación mayor les permitieron presentarse. Obtuvieron 29.742 votos, insuficientes para conseguir representación en el Parlamento Europeo.

En noviembre de 2025 celebraron su I Congreso en Valencia, donde militantes y simpatizantes debatieron y aprobaron el ideario político del partido. El documento se elaboró de forma colectiva: un equipo de más de treinta personas redactó un borrador a mediados de 2025, las agrupaciones territoriales lo revisaron y la militancia lo votó en el congreso tras incorporar enmiendas. El resultado es el programa electoral que presentan ahora.

La dirección actual, elegida en octubre de 2024, está compuesta por Pilar Aguilar, ensayista, crítica de cine y activista feminista; Amparo Mañés, que fue directora de la unidad de igualdad de la Universidad de Valencia; y Zuriñe Ojeda, periodista que dirige el diario El Común.

Abolición de la prostitución y derogación de la ley trans

Entre las prioridades del programa está una ley abolicionista de la prostitución «que proteja a las mujeres, persiga penalmente a los proxenetas y sancione al putero». También prometen derogar la ley trans, así como «todas las normas y protocolos que niegan la realidad material del sexo, falsean censos y estadísticas, y tienen gravísimas consecuencias para la salud de las y los menores y los derechos de las mujeres».

Otra de sus propuestas es auditar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuestionados por los casos de malversación destapados por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. El partido se presenta, dicen, contra «las políticas falsamente progresistas que nos han borrado de las leyes», en referencia a las políticas del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.

En materia económica, las feministas de raigambre marxista que integran el partido se definen contra el neoliberalismo, que a su juicio es transversal. Quieren dar el salto al Congreso para «garantizar los recursos necesarios para la erradicación de las desigualdades sociales y apostar firmemente por reforzar los servicios públicos y revertir los recortes y la privatización que los están debilitando». «Los derechos que reconoce la Constitución no pueden ser conculcados por las fuerzas del mercado, empezando por el derecho a la vivienda», aseguran.

La feminización de la pobreza como eje del discurso

El feminismo impregna toda su propuesta electoral. El partido sostiene que la feminización de la pobreza es un hecho y pone como ejemplo el caso de una mujer de 87 años fallecida en Madrid tras ser desahuciada. Según su análisis, hay «demasiadas» mujeres que son forzadas legal y judicialmente a salir de sus casas «cada día», en un contexto en que las posibilidades de encontrar una vivienda alternativa son nulas. Mujeres, añaden, que nunca pudieron acceder a sueldos medio decentes que les permitieran comprar una vivienda mientras cuidaban a mayores de los que el Estado se desentendía.

El partido también señala que, con un gobierno conformado por partidos supuestamente progresistas, España ha descendido 22 puestos en el ranking de mejores países para ser mujer. Esa cifra la utilizan como argumento para justificar su ruptura con el espacio político de la izquierda tradicional.

Qué significa para el votante que se abstenía

La irrupción de candidaturas como el PFAC plantea una pregunta incómoda para quien usaba la abstención como protesta: ¿se abstiene porque no hay opciones que le representen o porque votar exige asumir que ninguna opción es perfecta? El partido no aspira a ganar las elecciones. Aspira a entrar en el Congreso y condicionar la agenda. Con 29.742 votos en las europeas como único precedente electoral, el umbral para lograr escaño en una circunscripción provincial es alto, pero la circunscripción única de las europeas y la dispersión provincial de las generales son escenarios distintos.

El votante que se identificaba con la abstención como forma de castigo tiene ahora una papeleta que no encaja en el eje izquierda-derecha convencional. Si eso basta para movilizarle es otra cosa. Pero la excusa de que no hay a quién votar acaba de perder parte de su fundamento.