El adoctrinamiento que no cesa (Alberto Noguera en su bitácora)

La Generalitat Valenciana ha añadido a las funciones de su inspección educativa la de velar por la neutralidad ideológica, con 20 inspectores previstos y un buzón de denuncias todavía sin abrir. La norma no define qué es adoctrinamiento, y el PSOE ha recurrido al Tribunal Constitucional.

Hay una ley que lleva meses aprobada y de la que casi nadie habla en la barra del bar. El 31 de julio de 2026, el gobierno de la Comunidad Valenciana, coalición de PP y VOX, sacó adelante la ley 5/2026, un texto heterogéneo que toca fiscalidad, gestión administrativa y gestión financiera. Lo llamativo está en su artículo 155, que añade una función nueva al Decreto 80/2017, el que enumera las tareas de la inspección educativa. A partir de ahora, esos inspectores también deben velar por la neutralidad ideológica en los centros.

La medida viene acompañada de dos anuncios. El primero: nombrar a 20 nuevos inspectores dedicados específicamente a esa labor. El segundo: habilitar un buzón anónimo de denuncias para que padres, alumnos o profesores comuniquen lo que consideren adoctrinamiento. Ese buzón, a día de hoy, no está operativo. El PSOE ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional y está por ver qué dice.

El problema de fondo es que la norma no define qué es adoctrinamiento. Sin esa definición, tampoco queda claro qué se entiende por neutralidad ideológica. Y sin concreción, el objetivo declarado —impedir el adoctrinamiento en las aulas— se queda en un brindis al sol. Hace falta un desarrollo reglamentario que especifique qué se puede hacer y qué no.

Cómo se cuela la política en un instituto sin que nadie lo note

El adoctrinamiento educativo no funciona con mítines. Funciona con gestos pequeños, repetidos, que se presentan como sentido común. Un ejemplo: la megafonía del centro. Un día suena una voz profesoral que informa de que el 31 es el último día de matrícula para la prueba de acceso a ciclos. Comunicación institucional, sin duda. Al día siguiente, esa misma voz dice: «Recordad que hoy, a la hora del patio, vamos a acudir a hacernos la foto en la puerta principal del centro, con camiseta o sin ella». No menciona la reivindicación. No hace falta. El mensaje ya ha pasado: hay una causa que se apoya oficialmente, y el que no participe se queda fuera.

El uso de la megafonía para fines no estrictamente académicos es adoctrinamiento porque todo adoctrinamiento se apoya en el principio de oficialidad y pensamiento único. Una idea presentada como opcional u opinable no adoctrina. Una idea presentada como la postura del centro, sí.

Lo mismo ocurre con las canciones del cambio de clase. A las 8:00, 8:55, 9:50, 10:45, 11:15, 12:10, 13:05, 14:00, 14:10, 15:00, suena música por los altavoces. Y esa música tiene letra. Canciones de chicas cantando rabiosas, un grupito con dulzaina y tabalet, canción protesta. La lavadora mental en marcha cada cincuenta minutos. Cualquier melodía de despertador de móvil sería más apropiada para marcar el cambio de clase.

Grupos de acción, carteles y bibliotecas con sesgo

En muchos centros de la Comunidad Valenciana han proliferado los llamados Grupos de Acción Feminista. Se anuncian por megafonía oficial, se promocionan con carteles pegados en las paredes y funcionan como un grupo de interés político con recursos del centro. Su objetivo declarado es la toma de conciencia sobre machismos y micromachismos, desde una interpretación ideologizada de las relaciones humanas. Un alumno que se acercó a uno de esos grupos salió convencido de los grandes privilegios que gozaba por ser hombre. A final de curso lo echaron del centro por cumplir la mayoría de edad y ser extranjero, y lo mandaron a un mercado laboral desregulado sin titulación.

La cartelería es otro frente. Las paredes de los pasillos y las aulas se forran de carteles con causas que, consideradas una a una, pueden tener legitimidad. El problema es que todas juntas conforman un monotema y desplazan a otras realidades: adicciones, insomnio, bajo rendimiento, depresión, ansiedad. En un aula, un grupo de 4º de ESO pidió poner como fondo de pantalla la bandera de España. Se puso. En los días siguientes, algunos alumnos comentaron que un profesor se había quejado por su uso político. Al poco, el fondo había sido retirado y se estableció una contraseña de administrador para impedir cambios. Los mismos que llenan las paredes de carteles arco iris y violeta no soportan una bandera de España en un centro público.

Las bibliotecas también se usan como escaparate. Hay estanterías enteras dedicadas a temáticas concretas, con el llamado Punto Violeta a la cabeza. Se gastan miles de euros públicos al año en comprar libros, y ese gasto debería fiscalizarse. De El Conde Lucanor puede haber un ejemplar; de Enseñar a transgredir, de Bell Hooks, siete en primera fila.

Libros de texto, tutorías y ayuntamientos que meten baza

La normativa valenciana de libros de texto, el sistema Xarxa Llibres, funciona por intercambio de ejemplares entre alumnos cada curso. Presupone que todos los profesores usan libro de texto incluso en Bachillerato, que no elaboran materiales propios. Y este año se ha prohibido pedir dinero para fotocopias, con un presupuesto del centro muy limitado. En la práctica, el libro de texto es obligatorio. En un manual de Lengua Castellana de 1º de Bachillerato de la editorial McGraw Hill, al explicar el esquema de la comunicación y las funciones del lenguaje, aparece un cartel de contenido ideológico. Los textos, además, vienen filtrados con el mismo sesgo. Quienes los escriben probablemente ni se creen lo que ponen: han comprobado que los departamentos didácticos eligen antes ese libro si incluye esos carteles.

Las tutorías eran la hora de los problemas individuales del alumnado. Ahora se usan para contenidos de dudosa neutralidad. El departamento de Orientación, la dirección del centro y los ayuntamientos intentan meter baza. En Calpe, una orientadora estuvo dos años sin saludar a un profesor porque este se negó a repartir en su tutoría unas fotocopias con doctrina sobre la ley de violencia de género. El ayuntamiento de Dénia, gobernado por PSOE y Compromís, lleva actividades al instituto: una «obra de Lorca» que acaba siendo los Sonetos del amor oscuro en modo teatro, la lectura obligatoria de El infierno de Marta, y un espectáculo titulado «Los beneficios de la igualdad» para alumnos de 3º de ESO. Las competencias educativas son autonómicas, y el gobierno autonómico es de PP y VOX. No hace falta tocar la libertad de cátedra: basta una orden que prohíba la injerencia de los ayuntamientos en los centros de Secundaria y Bachillerato.

Qué se puede hacer y qué no

El efecto del adoctrinamiento no es que gane un partido. Es paro, fracaso, rencor y baja autoestima en los menores que caen en ideologías que distorsionan la realidad y se apoyan en el miedo y la culpa. Cuando algunos se dan cuenta de que las únicas de su entorno con chalet y buen coche son las que se casaron con quien les compró ese chalet y ese coche, tienen ya cuarenta años.

Hay medidas concretas que una normativa de neutralidad ideológica podría recoger. Prohibir los carteles en las paredes. Centralizar en la Conselleria la compra de libros para bibliotecas. Que la música del cambio de clase sea de Beethoven o David Guetta. Que la megafonía se use solo para lo académico. Que no se acuda al centro con camisetas reivindicativas. Que el profesorado se abstenga de pulseras o marcas físicas de posturas ideológicas. Que los libros de Xarxa Llibres pasen antes por la Conselleria. Que los ayuntamientos no organicen actividades en los centros. Que los libros de biblioteca se ordenen por materias y alfabéticamente por apellido del autor. Y que el feminismo y el arco iris se consideren ideología de género, por tanto contenido político no neutral.

Todo esto toca derechos y competencias, y cualquier norma que restrinja libertades debe tener encaje legal y jurisprudencial. El recurso ante el Tribunal Constitucional está pendiente, y conviene recordar que ninguna de estas medidas está exenta de debate jurídico.