El PP suma más votos y escaños pero no acepta los pactos
El 23J el Partido Popular sumó más votos y más escaños que el PSOE. Sin embargo, la aritmética parlamentaria ha permitido a Pedro Sánchez tejer una mayoría alternativa con los partidos nacionalistas e independentistas. Desde entonces, una parte del electorado conservador sostiene que el Gobierno resultante es ilegítimo y que los acuerdos alcanzados, especialmente la
amnistía, rompen el contrato electoral. La discusión, lejos de cerrarse, se ha enquistado en torno a una pregunta incómoda: ¿por qué no se acepta el resultado de las urnas?
El argumento de la victoria moral
En los días posteriores a la investidura, el argumento más repetido es que el PP ganó las elecciones y que, por tanto, le correspondería gobernar. «El resultado de las elecciones son más votos y escaños para el PP que para el PSOE», resume una intervención temprana. La conclusión que se extrae es que cualquier gobierno alternativo sería una suerte de fraude. Frente a esa tesis, otra corriente recuerda que en los sistemas parlamentarios no gobierna quien suma más votos, sino quien logra una mayoría de diputados. «En política gana quien logra formar gobierno», zanja otro mensaje. La discusión no es nueva, pero el tono se ha endurecido.
La amnistía como línea roja
El punto de fricción principal es la amnistía. Un mensaje cita un tuit en el que Pedro Sánchez afirma: «No habrá Amnistía ni referendum de independencia». Para muchos, ese giro es la prueba de que el acuerdo de investidura se construyó sobre una mentira. «Si te pasas toda la campaña electoral diciendo A y luego quieres gobernar haciendo B», resume una intervención, el resultado no sería el de las urnas. La respuesta desde el otro lado es que los cambios de opinión han existido siempre en política y que la hemeroteca del PP también registra bandazos. «¿Y si sacamos la emeroteca de la pepé con Ansar o Rajoy?», se pregunta con retintín.
El referéndum que el PSOE niega
La amnistía no es el único frente abierto. Un mensaje reproduce un fragmento del documento firmado en Bruselas por Santos Cerdán y Jordi Turull en el que se indica que «en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre se planteará, entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva: [...] Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». La cita se utiliza para sostener que el PSOE ha aceptado discutir un referéndum. La respuesta desde el otro lado es que se trata de una propuesta de Junts, no de un compromiso del Gobierno, y que el propio Sánchez lo ha negado públicamente.
El juego democrático y sus límites
Más allá del caso concreto, el intercambio deriva hacia una discusión sobre las reglas no escritas de la democracia. «Pactar para formar gobierno es el juego democrático que hay en todos los países democráticos», sostiene una intervención. Otros replican que una cosa es pactar y otra aceptar condiciones que consideran ilegales o contrarias al programa electoral. «Lo que no se acepta es que se llegue a acuerdos ilegales para formar gobierno», resume un mensaje. La frontera entre lo legítimo y lo aceptable se desplaza según el punto de vista.
La calle como extensión del desacuerdo
El descontento ha tenido traducción en las calles. Se mencionan concentraciones convocadas por el PP en las sedes del PSOE, aunque limitadas a las comunidades donde gobiernan. «No de toda España, solamente donde gobiernan estos bastardos-miserables», ironiza el mensaje inicial. La comparación con episodios anteriores no se hace esperar: se recuerdan las protestas ante el Parlamento andaluz durante la investidura de Juanma Moreno y el 'Rodea el Congreso' contra la investidura de Rajoy. La conclusión que se extrae es que la protesta callejera no es patrimonio de un solo bando.
El cruce de acusaciones se ha estancado en un punto muerto. Unos sostienen que el Gobierno es ilegítimo porque se apoya en quienes quieren romper España. Otros responden que la legitimidad viene de los escaños, no de los votos totales. Y mientras tanto, la pregunta original sigue sin respuesta: ¿por qué no se acepta el resultado de las urnas?