Junts quiere castigar a las empresas que no regresen a Cataluña tras su pacto con Sánchez

Junts plantea sancionar a las empresas que no vuelvan a Cataluña​

El 6 de octubre de 2017 miles de sociedades y los dos grandes bancos catalanes anunciaron en cadena el traslado de su sede social fuera de Cataluña. La prensa lo bautizó como el viernes negro. Seis años después, el pacto de investidura entre el PSOE y Junts incluye un plan para «facilitar y promover el regreso» de esas sedes, y los negociadores independentistas han llevado a la mesa una propuesta para sancionar a las compañías que decidan mantener su domicilio fuera de la comunidad. El planteamiento del asunto cifra en más de 7.000 firmas las que abandonaron la región en pleno golpe de Estado separatista. La amenaza tiene truco: la mayoría de las grandes empresas afectadas ya ha dejado claro que no piensa volver.

Qué propone Junts y en qué se apoya​

La medida pasa por limitar el acceso a ayudas, exenciones o medidas de apoyo público a las empresas que no regresen una vez cerrado el pacto. Los independentistas se apoyan en el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital, que obliga a fijar el domicilio donde radique el centro de su efectiva administración y dirección o su principal establecimiento. También aluden al decreto de medidas urgentes que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2017 para permitir el cambio de sede sin convocar junta de accionistas. La paradoja es evidente: no piden derogarlo, porque eso complicaría justamente el retorno que buscan.

Conviene leer la letra pequeña. El acuerdo no habla de expropiar ni de prohibir nada, sino de condicionar el trato público: quien vuelva, recibe; quien no vuelva, se queda fuera del reparto. Es presión administrativa, no sanción penal, y por ahí asoman los primeros problemas.

¿Puede sancionarse a una empresa por tener su sede fuera de Cataluña?​

Aquí la propuesta se estrella, según varios participantes, contra el marco legal. La contratación pública se regula en gran medida a nivel europeo y excluye expresamente la discriminación por residencia fiscal de la empresa, de modo que vetar a una compañía por su domicilio choca con los tratados del mercado común europeo. El encaje autonómico sería algo más viable, pero solo para compañías muy dependientes de las subvenciones y los contratos de la Generalitat. A escala estatal, la medida se considera directamente ilegal.

La coincidencia en este punto es amplia. Se argumenta que el plan acabará antes en los tribunales europeos que en el Boletín Oficial, y que el propio acuerdo se apoya en una ley estatal para justificar algo que esa ley no autoriza. La seguridad jurídica a la carta —según si la empresa se pliega o no a lo que quieran los políticos de turno— es el flanco más débil de todo el planteamiento.

Las grandes empresas no se plantean volver​

A pesar de las peticiones del Círculo de Economía catalán y de las exigencias de la Generalitat, las compañías que trasladaron su sede no han movido ficha. La razón es la misma que las hizo marchar: inseguridad jurídica e inestabilidad política. Lo han deslizado entidades financieras como Banco Sabadell o CaixaBank y compañías como Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, Arquia Banca o Cementos Molins.

Sancionar a quien ya se fue no suele ser el mejor argumento para que vuelva. La receta que se repite en cualquier manual es la contraria: bajar impuestos y garantizar seguridad jurídica. Con muy poco que ofrezcan, razonan algunos, volverían solas.

El escenario que nadie quiere: ni Madrid ni Cataluña recaudan​

Si la presión y la inseguridad empujan a las empresas a saltar otra frontera, el resultado se aleja del que buscan las dos partes. El dinero no acabaría ni en las arcas del Estado ni en las de la Generalitat, sino en Países Bajos o en el país al que decidan mudarse. Es el lose-lose que resume buena parte del enfado: se penaliza a quien se marcha y se acelera su salida.

Entre medias, una parte del público ha empezado a promover el boicot a los productos catalanes como respuesta, convencida de que ninguna administración va a tomar cartas en el asunto. Es la patada hacia arriba de siempre: si el Estado no actúa, que actúe el consumidor.

Qué más esconde el acuerdo: deuda y el 100% de los impuestos​

La amnistía, la persecución de los jueces y la autodeterminación acapararon los titulares, pero los negociadores socialistas y de Junts también abordaron sustanciales aspectos económicos. Sobre la mesa están la condonación de la deuda autonómica catalana y la cesión del 100% de los impuestos, además del citado plan para el retorno de las sedes. La parte económica del pacto no es un apéndice: es el corazón del intercambio.

El detalle del acuerdo, con las cifras de deuda y el reparto fiscal, permite calibrar hasta dónde llega el compromiso. Los números concretos son los que aclaran si Cataluña sale ganando, perdiendo o simplemente cambiando de acreedor.

Las compañías que se marcharon en 2017 tienen ahora un motivo más para quedarse donde están. El plan para traerlas de vuelta depende de que alguien quiera volver. Ninguna de las grandes firmas que se fueron ha anunciado que lo hará.