Ibiza abre Tráfico dos días: faltan funcionarios

Ibiza abre la oficina de Tráfico sólo dos días por falta de funcionarios​

¿Cuántos empleados públicos hacen falta para que una isla no se atasque? En Ibiza, más de los que hay y bastantes menos de los que el precio de la vivienda permite mantener. La oficina de Tráfico abre dos días a la semana. No es por falta de vehículos ni de conductores: falta quien despache los papeles.

De las cinco personas que figuran en esa oficina, sólo una atiende al público y el resto arrastra además otras tareas, con 16 vacantes sin cubrir. El resultado son colas en los edificios públicos, retrasos en la gestión y una administración que no llega. Policía Nacional, Guardia Civil, Administración de Justicia y Agencia Tributaria han advertido de que, sin medidas, los servicios públicos de la isla pueden acabar en colapso. La protesta se dejó ver en una manifestación en el paseo Vara del Rey, en plena capital pitiusa.

¿Por qué la oficina de Tráfico de Ibiza sólo abre dos días?​

Porque el personal disponible no da para más jornadas de ventanilla. El reparto que circula entre quienes conocen el organismo es el siguiente: entre cinco empleados hay que cubrir atención al público, traspasos, matriculaciones, carnets de conducir y multas, de modo que la cara al ciudadano se concentra en dos días. Con 16 plazas vacantes, la alternativa sería alargar turnos o dejar tareas sin hacer, y ninguna de las dos cosas sale gratis.

La paradoja es que la isla no carece de actividad administrativa. Cuanta más gente vive, conduce y matricula, más trabajo entra en la misma ventanilla. Y cuanto menos personal hay para tramitarlo, más crece la cola al otro lado del mostrador.

Del paseo Vara del Rey a los hoteles de la Guardia Civil​

La falta de personal dejó de ser un asunto de despacho cuando los funcionarios de varios cuerpos y de la Agencia Tributaria advirtieron de que el servicio público de Ibiza puede llegar al colapso si no se toman medidas. El descontento se trasladó a la calle con una concentración en el paseo Vara del Rey, en el centro de la capital.

Hay una prueba involuntaria del problema. La mayoría de los refuerzos de la Guardia Civil destinados a la isla se alojan en hoteles, según las informaciones publicadas sobre el despliegue. Cuando el propio Estado recurre al alojamiento turístico para colocar a sus agentes, la pregunta sobre el precio de la vivienda deja de ser un debate abstracto y se convierte en logística de servicio público.

Alquiler social a 400 euros: quién paga la factura​

Una de las propuestas más repetidas pasa por que la Administración construya vivienda sencilla, sin aspavientos arquitectónicos, y la alquile a sus empleados públicos por una cuota asequible: el ejemplo que se maneja ronda los 400 euros al mes, con la condición de que quien la ocupe no tenga otro inmueble en la isla.

El argumento a favor es de pura aritmética: si un funcionario cobra lo mismo en Cuenca que en Ibiza y en Ibiza el alquiler se come el sueldo, no irá a Ibiza. El argumento en contra también es aritmético: construir y subvencionar vivienda con dinero de todos para resolver un problema causado por los precios del mercado privado es pagar dos veces. En esa línea se apunta a los propietarios que hacen negocio del alquiler y a la especulación como causa raíz, y se sugiere que lo lógico sería gravar el suelo y no premiar la tenencia, por ejemplo con subidas fuertes del recibo del IBI que expulsen a los compradores de segunda residencia. El desglose de quién paga qué y cuánto exactamente es lo que nadie cierra.

La casa del médico, el pabellón y el precedente sueco​

La memoria larga del debate recuerda que esto ya existía. Antiguamente había casa para el médico, para el farmacéutico, para el cura y para el veterinario: los profesionales que una comunidad necesitaba vivían en vivienda ligada al puesto. La Guardia Civil conserva sus pabellones, que en zonas con poco mercado residencial siguen cumpliendo una función que nadie discute.

También se traen a colación ejemplos del ámbito privado: compañías eléctricas que daban vivienda en usufructo gratuito a sus trabajadores y que, con los años, acabó siendo propiedad de estos. Y la referencia nórdica, donde entrar en una empresa mediana lleva aparejada vivienda gratuita. No son caridad, se argumenta, sino política social y de retención de talento. Con una diferencia incómoda: eso funcionaba cuando el suelo no era un activo financiero.

Mismo sueldo, isla distinta​

El nudo del asunto está en que el salario público no se indexa al coste de la vida local. Un empleado de la Administración General del Estado cobra la misma nómina en una capital de interior que en una isla cuyo metro cuadrado se ha convertido en objeto de deseo internacional. Las estimaciones que circulan sitúan a un funcionario del grupo A1 en una horquilla de 50.000 a 60.000 euros anuales en los tramos altos, cifra que en Ibiza se evapora con rapidez.

Para calibrar el desfase basta un dato puesto sobre la mesa: alquilar un balcón, sólo un balcón, se ha llegado a cifrar en 700 euros. Y un solar de 700 metros cuadrados en un paraje anodino, con licencia para construir unos 500 útiles, recibió una oferta de 1.400.000 euros. Con esos mimbres, la isla compite por personal cualificado con Madrid, con Barcelona y con cualquier capital donde el mismo sueldo compra una vida.

La conclusión provisional es incómoda para todos. El residente sufre las colas, el empresario no encuentra trabajador que pueda pagarse el alojamiento y el Estado no encuentra a quien quiera administrarle la isla. Si la única palanca disponible es subir la retribución o regalar parte del alquiler, alguien tendrá que firmar el cheque. Hasta entonces, la ventanilla seguirá abierta dos días a la semana: uno para los que hacen cola y otro, si se puede, para los que atienden.