Próximamente en sus barrios: El Gobierno pretende repartir 2.500 menas llegados a Canarias por toda la península

El Gobierno propone repartir 2.500 menores migrantes de Canarias por la península​

La reunión entre el Gobierno de España y el de Canarias para aliviar la presión migratoria en las islas ha dejado un acuerdo a medias. El Ejecutivo central apuesta por una proposición de ley para distribuir a unos 2.500 menores extranjeros no acompañados de los 5.500 que Canarias tutela en solitario, mientras que el Gobierno canario reclama un decreto ley por ser más ágil. «Aquí tenemos una pequeña divergencia porque ellos entienden que debe ser un decreto ley para su aplicación inmediata desde el Gobierno de España por seguridad jurídica», admitió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz.

Proposición de ley o decreto ley: la disputa por los plazos​

Torres defendió que la proposición de ley es «el mecanismo mejor» y se mostró abierto a cualquier fórmula que acelere los trámites. La propuesta del Gobierno incluye que sea urgente, de lectura única y sin vetos en el Senado, lo que permitiría su aprobación en unos tres meses. El texto modifica el artículo 35 para aplicarse a los territorios que tengan una contingencia de emergencia inmigratoria, que hoy son tres: Ceuta, Melilla y Canarias. La modificación se activaría previa conferencia sectorial y con los criterios ya aprobados en ella.

Clavijo, por su parte, insistió en que Canarias necesita una solución inmediata: una vez que una comunidad autónoma esté saturada y tenga el 150% de sus plazas cubiertas, los nuevos menores que lleguen deberían ser asignados directamente a otra comunidad y, tras un periodo de quince días, poder ser derivados. La discrepancia no es menor: mientras el Gobierno central prioriza la seguridad jurídica de una ley, Canarias alerta de que el sistema está al borde del colapso.

El rechazo de varias comunidades al reparto de menores migrantes​

El anuncio del reparto no ha caído bien en varias autonomías. Madrid, Andalucía, Castilla y León y Cataluña han rechazado el acuerdo entre el Estado y Canarias para la distribución de menores migrantes. La Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno central de invadir competencias autonómicas con cuotas «impuestas» y ha anunciado la apertura de un nuevo centro de primera acogida en Fuenlabrada, que se sumará a los de Hortaleza y Casa de Campo. El Ejecutivo madrileño sostiene que la presión migratoria ha aumentado y que el Gobierno está derivando a adultos que se hacen pasar por menores.

En paralelo, los datos de llegadas siguen creciendo. La llegada de menores migrantes a España se ha incrementado un 190% en el primer semestre de 2024. En Aragón, el 95,8% de los inmigrantes ilegales que dijeron ser menores no lo son, según las pruebas realizadas. Andalucía ha recibido 500 menores en lo que va de año, con un coste estimado de 3 millones de euros. Y en Madrid, solo en lo que va de año, ya han llegado un tercio de los 2.500 que se pretenden repartir.

El coste económico de la acogida: 52.925 euros por menor al año​

La propuesta de reparto incluye financiación específica para compensar el esfuerzo de las comunidades. Según el texto, La Rioja recibiría 15,3 millones de euros para la acogida de los 285 niños que le corresponden. El gasto por cada menor se estima en 52.925 euros anuales, a los que habría que añadir previsiones de gastos adicionales. El montante destinado a cada comunidad se va recortando conforme se reducen las plazas comprometidas.

La cifra ha generado un debate sobre prioridades. Hay quien sostiene que si existe un problema de natalidad en España, ese mismo dinero podría destinarse a apoyar a las familias españolas que quieran tener hijos. Otros argumentan que la financiación es insuficiente para cubrir los costes reales de acogida y que las comunidades acabarán asumiendo el déficit. Lo que nadie discute es que el sistema actual está tensionado: Canarias tutela en solitario a 5.500 menores y reclama ayuda urgente.

La dimensión demográfica: África superará los 2.500 millones de habitantes en 2050​

Las proyecciones de Naciones Unidas apuntan a que la población de África rondará los 2.500 millones en 2050, lo que supondría más del 25% de la población mundial. Ese dato, repetido en foros y análisis, alimenta la idea de que la presión migratoria no es un fenómeno puntual, sino estructural. Algunos participantes en el debate señalan que Europa no puede absorber ese crecimiento y que las políticas de reparto solo trasladan el problema de un punto a otro del mapa.

Frente a esa visión, otros argumentan que la migración es una consecuencia de la desigualdad global y que las políticas de acogida deben combinarse con cooperación al desarrollo. La discusión sobre el reparto de menores se inserta así en un debate más amplio sobre el modelo migratorio europeo, que ninguna de las partes parece dispuesta a cerrar.

Las pruebas de determinación de edad: un aparato sin usar en Tenerife​

Uno de los puntos más polémicos es la determinación de la edad de los migrantes que dicen ser menores. Un aparato crucial para determinar la edad de los migrantes está sin uso dentro de una caja en Tenerife, según ha trascendido. La Fiscalía de Menores debe ordenar las pruebas radiológicas, pero la falta de medios retrasa el proceso. Mientras tanto, algunos adultos podrían estar siendo acogidos como menores, lo que distorsiona las cifras y genera agravios entre las comunidades receptoras.

La Comunidad de Madrid ha alertado de que el Gobierno está colando inmigrantes ilegales adultos que se hacen pasar por menores. No es una acusación aislada: en Aragón, el 95,8% de los que dijeron ser menores no lo eran, según los datos citados. La falta de pruebas fiables alimenta la desconfianza y complica cualquier reparto equitativo.

El impacto en la seguridad ciudadana: incidentes en Reus y Lleida​

En los últimos meses se han registrado incidentes protagonizados por menores migrantes en varias localidades. Un grupo de menas marroquíes sembró el pánico en Reus (Tarragona), robando móviles a adolescentes y asaltando a personas mayores. En Lleida, una brutal pelea entre menas marroquíes en plena calle dejó a uno de los jóvenes inconsciente tras un fuerte puñetazo. Estos episodios, difundidos en redes y medios, han avivado el rechazo al reparto en algunas comunidades.

Sin embargo, no todos los análisis comparten el diagnóstico. Hay quien sostiene que estos incidentes son puntuales y que criminalizar a un colectivo entero por la conducta de unos pocos es injusto y contraproducente. Otros responden que la repetición de estos hechos en distintas ciudades evidencia un problema de integración que no se resuelve con buenas intenciones. La discusión sobre la seguridad se mezcla así con la del reparto, complicando cualquier acuerdo.

El futuro incierto del reparto: entre la urgencia y la falta de acuerdo​

El Gobierno central mantiene su apuesta por una proposición de ley urgente, mientras Canarias insiste en el decreto ley. Las comunidades del PP rechazan las cuotas impuestas y exigen más financiación y competencias. El reparto de los 2.500 menores sigue sin fecha clara. Mientras tanto, Canarias sigue tutelando a 5.500 menores en solitario y los llegados siguen aumentando.

El cálculo completo, desglosado partida a partida, revela que el coste por menor supera los 52.000 euros anuales, una cifra que ninguna comunidad ha aceptado sin condiciones. La pelota está en el tejado del Gobierno, que debe decidir si fuerza la máquina con una ley o cede al decreto ley que pide Canarias. Lo que está claro es que el problema no va a desaparecer por sí solo.