Valencia no arde: la revuelta que no llega
La gota fría de octubre de 2024 anegó municipios enteros de Valencia y dejó centenares de víctimas mortales y unas pérdidas económicas que se describen como incalculables. La pregunta que vino después —si esa catástrofe es la mecha de una revolución o de una guerra civil— tiene una respuesta mayoritaria: no. Y un matiz incómodo:
no ahora.
Lo que sí ocurrió, y está en la base del enfado, es la suma de una inundación y un apagón institucional. Sin comida, sin agua, sin luz, sin telefonía, sin internet, con viviendas y vehículos destrozados y con familiares muertos o desaparecidos, según el inventario que circula. A eso se añadieron, según algunos mensajes, saqueos en comercios de localidades anegadas y una ayuda pública que llegaba con cuentagotas.
¿Por qué se habla de guerra civil en Valencia?
Porque hay un patrón conocido: cuando alguien pierde todo, deja de tener algo que perder. Ese razonamiento resume el clima. Hay quien sostiene, con la fórmula «motivos no faltan», que la combinación de destrozo material, impunidad percibida y ausencia del Estado es el caldo de cultivo clásico de un estallido. El contraste que se usa es la pandemia: entonces se perdió la libertad, pero había televisión, series y nóminas. Ahora, no.
Otros apuntan a la geografía. Un estallido real exigiría coordinación en al menos
cinco puntos distintos de la península, y aquí cada municipio pelea por su cuenta. La solidaridad, en cambio, sí se organizó: bomberos de Cádiz y Málaga desplazados a la zona, voluntarios civiles trabajando mientras la información oficial sobre cómo ayudar brillaba por su ausencia.
El argumento del 60%: por qué no se espera un estallido
El porcentaje que más se repite en la conversación: hay quien sostiene que el
60% de los adultos cobra del Estado. Con esa dependencia, la rebelión sale cara. La memoria reciente tampoco ayuda a los optimistas del estallido. Durante la pandemia hubo
tres meses de confinamiento, decenas de miles de muertos que algunos mensajes atribuyen al encierro y una libertad suspendida de facto. No pasó nada. «Como envidio vuestra inocencia», resume la posición de quien lleva años viendo anuncios de revolución que nunca llegan.
El otro gran freno es la digestión del cabreo por vía electoral. Se argumenta que el sistema de partidos absorbe el descontento y lo devuelve cada cuatro años convertido en voto. Hay una lectura más dura: si no hubo consecuencias políticas después de la pandemia, la probabilidad de que las haya por una riada se desploma. Nadie cree que se vaya a señalar a los responsables, y ese cinismo desactiva más que cualquier discurso.
Las revoluciones se hacen con el estómago vacío
La frase se repite como sentencia. Pero convive con su contraria: el que tiene el estómago vacío y hambre atrasada suele resignarse. La metáfora que corre por la conversación es la del matarife que degüella gallinas y corderos y comprueba cómo el animal, incluso el gallo bravo, se queda quieto cuando ve caer a los demás. La aplicación al caso es explícita y amarga: el ser humano moderno ya demostró en la pandemia que se deja domesticar con la promesa de un rescate.
Frente a eso, la única vía que algunos ven viable no es la insurrección, sino la desconexión:
soltar el remo, dejar de sostener el sistema y montar una economía paralela —trueque, monedas alternativas— sobre la que no puedan meter mano los intermediarios. Es una revolución sin barricadas y sin épica, más parecida a una deserción logística que a un asalto al palacio. Y hay un obstáculo de fondo: no existe masa crítica dispuesta a militar en nada.
Barracones, promesas y el calendario del goteo
El escenario que más consenso genera no es el estallido, es el pudrimiento lento. La previsión es que dentro de
seis meses o un año haya miles de personas viviendo en alojamientos temporales, con las ayudas prometidas sin llegar y con la tragedia difuminada en los medios. El precedente que se cita es el de los afectados por la erupción volcánica, que años después seguían en casetas de obra. «Aquí nunca pasa nada», zanja ese argumento.
A eso se suma la sospecha sobre el destino del dinero. Una corriente sostiene que se prometerá mucho y se cumplirá poco, y que buena parte de los fondos acabará desviada. Es una acusación lanzada sin pruebas, y como tal hay que tomarla: parte del clima de desconfianza, no un hecho establecido.
Quién capitaliza el descontento
Poco después de la riada, el foco se desplazó de la gestión a la responsabilidad. La queja de que
no ha dimitido nadie se convirtió en el lema compartido, seguido del cruce de acusaciones entre administraciones: la Generalitat y el Gobierno central tirándose los muertos, el PP local señalado por la respuesta y el Ejecutivo acusado de usar la tragedia para desgastar al adversario. También circula la hipótesis inversa, la de que la falta de reacción buscaba castigar políticamente a un territorio. Sin pruebas que la sostengan.
El enfado no encuentra destinatario único, y eso lo diluye. Hay quien sostiene que el problema no es un partido, sino el sistema entero, y que cualquier movilización que no vaya contra él es una pérdida de tiempo. Es la versión española del
no nos representan, con veinte años de recorrido y muy pocos resultados.
Si algo cambia, no será con una revolución de manual, con comités y banderas. Será, si acaso, por acumulación de agravios: un barracón que no se desmonta, una ayuda que no llega, una víctima sin nombre en el balance. Si se cumple la tesis que más se repite, con el 60% de los adultos cobrando directa o indirectamente del Estado, la mecha tiene el agua justa para no prender rápido. Y nadie con responsabilidad parece tener prisa por secarla.