Eric Finch
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La propuesta de crear supermercados públicos en Barcelona reaviva el debate sobre la eficacia de la gestión estatal frente a la privada, con la experiencia histórica mostrando resultados dispares.
La idea de que la gestión pública es intrínsecamente superior a la privada, especialmente en lo que respecta a la provisión de bienes y servicios esenciales, es un mantra recurrente en ciertos ámbitos políticos. Sin embargo, la historia ofrece un panorama más matizado. Tomemos el caso de la República Democrática Federal de Yugoslavia, fundada en 1945 bajo el liderazgo de Josip Broz Tito. Tito intentó una tercera vía entre el capitalismo occidental y el comunismo soviético, permitiendo ciertos atisbos de propiedad privada. Tras su muerte en 1980, la desintegración del país a principios de los noventa y la subsiguiente guerra demostraron las fragilidades de un modelo mal cohesionado. En viajes realizados a finales de los ochenta, se pudo constatar en la práctica que los bares privados en Yugoslavia ofrecían una experiencia notablemente superior a los estatales, una observación que apuntaba a la eficiencia y calidad que a menudo acompaña a la competencia.
Los experimentos socialistas, en general, han tendido a desembocar en una distribución de mediocridad o, en el peor de los casos, de miseria, junto con la creación de oligarquías extractivas y una progresiva erosión de las libertades. A pesar de estas evidencias, la izquierda a menudo insiste en la superioridad de lo público. Adam Smith, figura cumbre del liberalismo, ya explicaba en el siglo XVIII que no es la benevolencia del carnicero o el panadero lo que nos asegura el sustento, sino su propio interés. Esta máxima se ve reflejada en fenómenos cotidianos, como la diferencia entre los baños públicos de estaciones de tren que, cuando son de acceso gratuito, suelen presentar un estado lamentable, y aquellos que, como en la estación de Zaragoza, requieren un pago de 1 euro para acceder, y que, sorprendentemente, exhiben una higiene y un cuidado impecables.
Este contraste pone de manifiesto una pregunta fundamental: ¿qué modelo es realmente más eficaz? Si comparamos la decadente Renfe pública con las líneas aéreas privadas españolas, o la calidad de los automóviles fabricados en la Alemania Federal de Mercedes y Volkswagen frente al rudimentario Trabant de la RDA comunista, las conclusiones parecen apuntar en una dirección. La libre competencia económica, la creatividad y el afán de superación de los empresarios son motores que, en última instancia, benefician a la sociedad tanto por la diversidad de ofertas como por los empleos que generan.
En este contexto, la reciente propuesta del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear supermercados públicos para ofrecer productos más asequibles a los ciudadanos, ha generado un considerable debate. Tras un encuentro en Nueva York, Collboni anunció su intención de replicar una iniciativa similar impulsada por un edil neoyorquino. El objetivo declarado es abaratar la cesta de la compra, aunque los detalles sobre cómo se logrará este abaratamiento, el nivel de descuento esperado y quién asumirá la diferencia con el precio de mercado –que recaerá, inevitablemente, sobre los impuestos de todos–, no han sido desvelados.
España ya cuenta con una oferta de supermercados extraordinariamente variada, tanto en la diversidad de productos como en el abanico de precios. Existen cadenas que se especializan en ofrecer los precios más bajos, los llamados «supermercados low cost», y otras que han logrado un equilibrio muy ajustado entre calidad y coste. También hay opciones de gama alta para consumidores con mayor poder adquisitivo. Por ello, la idea de supermercados públicos, presentada como una solución populista, parece poco probable que resuelva problemas estructurales. Más bien, podría interpretarse como una maniobra de propaganda para un alcalde que enfrenta serios desafíos en materia de seguridad en su ciudad, utilizando la propuesta como una cortina de humo.
Las declaraciones de Collboni reflejan una cierta desconexión económica en la izquierda actual. En lugar de apoyar a los empresarios y fomentar la creación de nuevas empresas que generen empleo y satisfagan a los consumidores, se les tacha de obtener «beneficios obscenos» y se les persigue con una fiscalidad elevada. La propuesta de supermercados socialistas evoca imágenes de la Cuba de los Castro, un modelo que dista mucho de ser un ejemplo de prosperidad. Es comprensible que Collboni apueste por lo público, dado que su trayectoria profesional se ha desarrollado íntegramente en el ámbito sindical y político, en la UGT y el PSC, sin haber experimentado la necesidad de ganarse la vida en el sector privado.
La famosa frase atribuida a Deng Xiaoping a finales de los setenta, «Gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones», encapsula una visión pragmática y orientada a resultados. China, tras adoptar esta filosofía y abrir su economía al sector privado, experimentó una transformación radical, pasando de la miseria a convertirse en una potencia económica mundial. La clave fue priorizar la eficacia y la capacidad de generar riqueza y bienestar, independientemente de la ideología subyacente.
En contraste, la propuesta de Barcelona parece querer invertir este principio, sugiriendo que «Gato progre, aunque no cace ningún ratón». Esta visión, que prioriza la ideología sobre la efectividad, es preocupante, especialmente considerando el pasado de Cataluña como un motor económico en España. Hoy, la región parece verse lastrada por políticas que a menudo se perciben como histriónicas y autolesivas, alejadas de la eficiencia que demanda la economía moderna. La búsqueda de resultados tangibles, como la caza de ratones (o, en este caso, la oferta de productos asequibles y de calidad), debería ser el criterio fundamental para evaluar cualquier iniciativa económica, sin importar su adscripción ideológica.
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