¿Qué hizo mazón de 15 a 20:28?

Mazón y las cinco horas y media que nadie explica​

La tarde del 29 de octubre de 2024, mientras el barranco del Poyo se convertía en una trampa mortal para decenas de vecinos, según un cálculo que circula en el debate, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, permaneció inlocalizable durante cinco horas y media. Entre las 15:00 y las 20:28, según esa versión, el teléfono del jefe del Consell no respondió. La Generalitat no envió la alerta masiva a los móviles hasta las 20:11, cuando el agua ya había arrasado localidades enteras. La pregunta que sobrevuela el caso desde entonces no es menor: ¿dónde estaba el hombre que debía coordinar la emergencia?

¿Qué hizo Mazón entre las 15:00 y las 20:28?​

El vacío de esas cinco horas y media ha alimentado todo tipo de especulaciones. La versión oficial nunca ha detallado con precisión el paradero del presidente durante ese tramo crítico. Hay quien sostiene que estuvo en una comida con una periodista, una hipótesis que se ha repetido con insistencia en los mentideros digitales. Otras versiones apuntan a una sobremesa prolongada, a una siesta, a una reunión informal. Ninguna ha sido confirmada oficialmente. Lo único verificable es que el presidente no apareció en el Centro de Coordinación de Emergencias hasta después de las 20:00, cuando la catástrofe ya era irreversible.

La ausencia de una explicación clara y rápida —el recurso más elemental de cualquier gestor ante una crisis— se convirtió en el principal argumento de la oposición y en un lastre que el PP no ha logrado sacudirse. La máxima que circula en los análisis más cínicos es simple: cuando alguien no puede explicar dónde estaba, es que estaba en un sitio que no quiere contar.

La alerta tardía y el debate sobre las competencias​

La alerta de Protección Civil no se emitió hasta las 20:11, cuando el barranco del Poyo ya había desbordado su cauce y el agua corría por las calles de Paiporta, Picanya y Torrent. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no trasladó la información crítica a tiempo. La AEMET había avisado de lluvias intensas, pero no de la magnitud real del episodio. El Gobierno central no cerró ni la A-7 ni la A-3. Cada administración señala a la siguiente.

El argumento más repetido por los defensores del Consell es que la responsabilidad es compartida: la CHJ depende del Ministerio para la Transición Ecológica, la AEMET del Ministerio de Medio Ambiente, y la coordinación de emergencias es competencia autonómica. La oposición responde que la Generalitat tenía la competencia exclusiva sobre Protección Civil y que la alerta podía haberse enviado horas antes. El juez que investiga el caso aún no ha dirimido esta cuestión.

El coste político: dimisión, cárcel o sueldo vitalicio​

Mazón está políticamente muerto. Esa es la conclusión que comparten tanto sus críticos como buena parte de su propio partido. En el PP hay quien quiere que dimita para cerrar el capítulo antes de las próximas elecciones, pero el presidente se resiste. El motivo, según los análisis que circulan, no es ideológico: si abandona antes de acabar la legislatura, pierde el sueldo como expresidente, el coche oficial y la escolta. La ley valenciana solo garantiza esas prebendas a quienes completan su mandato.

La paradoja es que su continuidad desgasta al partido, pero su salida anticipada le condena económicamente. El PP no ha encontrado la fórmula para resolver el dilema. Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso y las comparecencias en las Corts se suceden sin que nadie haya asumido todavía la responsabilidad política última.

La reconstrucción: cuatro meses después, todavía sin puentes​

Cuatro meses después de la riada, la reconstrucción avanza a ritmo desigual. En Picanya solo se salvó un puente y los militares tuvieron que instalar una pasarela para que los vecinos no cruzaran por el fondo del barranco. En la autovía Torrent-Valencia, las obras llevan más de un mes para reparar un tramo. Hay quien sostiene que los 1.000 millones enviados a Ucrania o el gasto en publicidad institucional deberían haberse destinado a las zonas afectadas.

La gestión de la reconstrucción depende del ayuntamiento de turno: en algunos municipios se ha parcheado lo mínimo para funcionar; en otros, directamente no se ha hecho nada. La sensación dominante es que el primer aniversario de la riada llegará antes que la normalidad.

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El caso Mazón se ha convertido en un símbolo de algo más profundo: la incapacidad del sistema institucional español para coordinar una emergencia climática. La pregunta de qué hizo el presidente entre las 15:00 y las 20:28 sigue sin respuesta oficial. Y probablemente nunca la tendrá.