Begoña Gómez y el plazo de entrega de pasaportes: el pulso con la justicia
Pasado mañana vence el plazo fijado por el juez para que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entregue sus pasaportes. La orden judicial, avanzada en medios de comunicación, se enmarca en una investigación que ha levantado ampollas en el entorno gubernamental. La pregunta que corre en círculos jurídicos y económicos no es si cumplirá, sino qué ocurrirá si se niega.
El juez instructor, con más de siete décadas de experiencia a sus espaldas, ha sido testigo de fugas sonadas: desde la de Carles Puigdemont hasta la de Luis Roldán. Con esos antecedentes, la medida cautelar de retirada de pasaportes no es casual. Pero algunos analistas apuntan a que la estrategia podría estar diseñada para conceder una salida airosa a la investigada, al permitirle un incumplimiento que derivaría en un archivo posterior.
El precedente de las maletas de Delcy y otras fugas
Las referencias al desembarco de las 23 maletas de Delcy Rodríguez en Barajas o a la fuga de Puigdemont no son anécdotas menores. La judicatura sabe que la eficacia de una orden depende de su ejecución inmediata. Si Begoña Gómez se negara a entregar los pasaportes, el juez podría decretar su busca y captura o elevar la presión procesal. Sin embargo, algunos juristas consideran que, dada la proximidad del instructor al final de su carrera, podría optar por una resolución moderada.
¿Cuántos pasaportes tiene y adónde ha viajado?
La orden judicial requiere la entrega de varios pasaportes, lo que sugiere que la investigada podría tener más de una nacionalidad o documentos de viaje de diferentes países. La incógnita sobre sus desplazamientos –y los destinos visitados– es uno de los ejes del caso. La transparencia en este punto será clave para la credibilidad del proceso.
Con el contador judicial corriendo, el miércoles se presenta como una fecha clave. Si no hay entrega voluntaria, se abrirá un escenario de desacato que, según la experiencia, suele resolverse en los tribunales superiores. La audiencia provincial tendrá la última palabra.