El PSOE denuncia a Abascal por delito de odio ante la Fiscalía
El PSOE ha anunciado una denuncia ante la Fiscalía contra Santiago Abascal y
Vox por un presunto delito de odio, amparándose en el artículo 510 del Código Penal, que castiga las conductas que fomenten públicamente el odio, la hostilidad y la violencia. La denuncia se refiere a unas declaraciones de Abascal en Argentina en las que señaló que «habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgar de los pies» al presidente del Gobierno, y a los ataques a las sedes socialistas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, lo resumió con una frase que ha corrido como la pólvora: «Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley».
La noticia, difundida por medios como
ABC,
RTVE y
El País, ha abierto un debate que trasciende el caso concreto: ¿hasta dónde puede llegar la crítica política sin cruzar la línea delictiva? ¿Es proporcionado que un partido denuncie a su oposición ante la Fiscalía? ¿O estamos ante una maniobra de distracción?
Qué dice el artículo 510 del Código Penal
El artículo 510 del Código Penal castiga a quienes fomenten públicamente el odio, la hostilidad o la violencia contra grupos o personas por motivos ideológicos, entre otros. El PSOE sostiene que las palabras de Abascal encajan en ese supuesto. La denuncia también menciona los ataques a las sedes socialistas, aunque no se detalla si esos ataques se produjeron antes o después de las declaraciones del líder de Vox.
La clave jurídica está en si las declaraciones se hicieron en territorio español o extranjero. Abascal habló en Argentina. Algunos análisis apuntan a que la Fiscalía española tendría difícil perseguir un delito cometido fuera de España, salvo que se aplique el principio de justicia universal, que en este caso no parece encajar. La denuncia, por tanto, tendría un recorrido incierto.
La reacción: «Bomba de humo» y «persecución a la oposición»
Una parte de los participantes sostiene que la denuncia es una
bomba de humo para desviar la atención de la amnistía. Otros ven en ella un intento de criminalizar al adversario político. Hay quien recuerda que el PSOE ya denunció a Vox por otros motivos y que la Fiscalía no siempre ha actuado con la misma diligencia cuando las denuncias iban en sentido contrario.
El argumento más repetido es que se está utilizando el delito de odio como herramienta para silenciar a la oposición. «Odiar al PSOE es delito», resume el título del debate. La idea de que el Gobierno de coalición pretende ilegalizar a Vox sobrevuela en muchos mensajes, aunque no hay ningún indicio de que eso esté sobre la mesa.
El precedente de Rubiales y la justicia universal
Algunos mensajes comparan el caso con el de Luis Rubiales, que fue juzgado en España por hechos ocurridos en Australia. La diferencia es que en el caso Rubiales se aplicó el principio de justicia universal recogido en la ley, mientras que en el caso de Abascal no está claro que se pueda aplicar el mismo criterio. La comparación sirve para subrayar la sensación de doble rasero.
También se menciona que la Fiscalía ya ha sido criticada por su supuesta falta de independencia. La denuncia del PSOE, según esta lectura, no tendría otro objetivo que el de alimentar el relato de que Vox es un partido fuera de la ley.
El contexto: amnistía, independentismo y desgaste
El trasfondo del debate es la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas. Varios mensajes sostienen que la denuncia contra Abascal es una cortina para que no se hable de la amnistía. Otros, en cambio, defienden que el PSOE tiene derecho a denunciar lo que considera un delito, y que si Abascal no hubiera dicho lo que dijo, no habría denuncia.
La discusión deriva hacia la calidad democrática. Hay quien afirma que se está persiguiendo a la oposición y quien responde que la oposición también persigue al Gobierno con acusaciones sin fundamento. El resultado es un clima de confrontación que no parece que vaya a rebajarse.
Qué puede pasar ahora
La Fiscalía deberá decidir si admite a trámite la denuncia y si ve indicios de delito. Si la admite, el caso podría acabar en el Tribunal Supremo, dado que Abascal es diputado. El proceso, en cualquier caso, sería largo. Y el desenlace, incierto.
Mientras tanto, la denuncia ya ha cumplido una función política: ha puesto el foco en Vox y ha obligado a la oposición a defenderse. Si eso era lo que buscaba el PSOE, lo ha conseguido. Otra cosa es que la Fiscalía termine dando la razón a los denunciantes. La pelota está en su tejado.