Ofcom activa el protocolo de crisis: ¿prevención o censura preventiva?
El regulador británico Ofcom ha finalizado su 'protocolo de respuesta a crisis' justo cuando los
disturbios de Belfast tomaban las calles. La medida, integrada en la Online Safety Act, obliga a redes sociales y plataformas de mensajería a activar equipos de moderación de emergencia cuando una crisis "ocurra o sea probable que ocurra". También deben mantener una línea de comunicación directa con las fuerzas del orden para coordinar retiradas de contenido. El problema está en el criterio: "probable" es un juicio subjetivo y futuro delegado en empresas privadas con todo el incentivo para sobreactuar.
Las reacciones no se han hecho esperar. Para muchos, esto supone un paso más hacia la
censura estatal: la
libertad de expresión se suspende en cuanto la situación se complica. Hay quien lo compara directamente con la distopía de 1984. Otros señalan que, al ser una dictadura refrendada en las urnas y apoyada por la UE, es difícil quitarle legitimidad. La pregunta que queda en el aire es hasta qué punto una medida concebida para proteger la seguridad no acaba siendo una herramienta de control político. Porque cuando la probabilidad de una crisis la decide el poder, la libertad de expresión siempre pierde.
El riesgo de la 'probabilidad' como desencadenante
La clave del nuevo protocolo reside en la ambigüedad del término "probable". No hay un umbral objetivo: lo decide la propia plataforma bajo presión de las autoridades. En la práctica, cualquier disturbio o protesta puede ser etiquetado como crisis inminente, y el contenido crítico retirado antes de que se difunda. Las empresas privadas, que ya sobreactúan por miedo a multas, tienen ahora una excusa perfecta para censurar sin rendir cuentas.
¿Estamos ante una medida de seguridad razonable o ante un precedente peligroso para la libertad de expresión en Occidente?
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