Rumor en los cénaculos de Madrid: Sánchez estudia ya la fórmula para no celebrar elecciones en 2027

Sánchez y el calendario electoral: el debate sobre la convocatoria​

La discusión sobre cuándo debe convocarse las próximas elecciones generales ha vuelto a la palestra. Un tuit de Vozpópuli recogido en el hilo afirma que «cada día más gente convencida de que Sánchez no llamará a elecciones ni cuando está obligado a hacerlo e invocará una situación de excepcionalidad». El debate sobre los plazos legales y la interpretación de la Constitución es el eje central de esta polémica.

El laberinto legal de la convocatoria electoral​

La legislación española establece que las elecciones generales deben convocarse cada cuatro años, pero la interpretación de cuándo comienza a contar ese plazo ha sido objeto de debate. Desde los que defendían que la legislatura echaba a andar el día de las elecciones, hasta los que señalaban que ésta arrancaba con la constitución del Parlamento o en el momento en que los diputados adquieren su condición de tales. Y luego estaban los más osados, defensores de que los plazos no comenzaban a contar hasta la investidura del nuevo presidente. Eso permitía retrasar más la siguiente convocatoria electoral, pero no se llegó a tanto.

La controversia no es nueva. En 2015, tras las elecciones generales, no se pudo investir a un presidente, lo que planteó la pregunta de si el plazo de cuatro años empezaba a contar desde la fecha de los comicios o desde la investidura. Finalmente, se optó por la interpretación más restrictiva, pero el debate sigue latente. Ahora, con la vista puesta en 2027, algunos analistas sugieren que el Gobierno podría intentar una argucia similar para prolongar la legislatura.

¿Qué dice la Constitución sobre la convocatoria de elecciones?​

La Constitución Española establece en su artículo 68 que el Congreso es elegido por cuatro años, y que el mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. La disolución debe ser decretada por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros. Sin embargo, no especifica con claridad el momento exacto a partir del cual se cuentan esos cuatro años. Esta ambigüedad es la que ha dado pie a distintas interpretaciones.

Algunos juristas sostienen que el plazo comienza con la constitución de las Cortes, otros con la investidura del presidente. La práctica habitual ha sido contar desde la fecha de las elecciones, pero no hay una norma que lo fije de manera inequívoca. Esta falta de claridad es la que alimenta los rumores sobre posibles maniobras para retrasar la convocatoria.

El precedente de 2015 y la investidura fallida​

En 2015, tras las elecciones generales, ningún candidato logró la investidura, lo que llevó a una repetición electoral en 2016. Durante ese periodo, se discutió si el plazo de cuatro años debía contarse desde la fecha de las elecciones de 2015 o desde la investidura de Mariano Rajoy en 2016. Finalmente, se optó por contar desde las elecciones, pero el debate quedó abierto. Ahora, con un escenario político similar, algunos temen que se pueda intentar una interpretación más laxa para alargar la legislatura.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha declarado en varias ocasiones que el Ejecutivo agotará la legislatura, pero no ha aclarado si eso significa que las elecciones se celebrarán en 2027 o más tarde. La oposición, por su parte, acusa al Gobierno de querer perpetuarse en el poder y de estar preparando el terreno para un adelanto electoral o para un retraso indefinido.

Las reacciones políticas y sociales​

Las declaraciones de Diego Rubio, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, sobre la migración como motor de crecimiento económico han avivado aún más la polémica. En un tuit, Rubio afirmó que «no se puede detener la migración... uno de los principales motores de crecimiento de nuestros modelos económicos es el crecimiento demográfico». Estas palabras han sido interpretadas por algunos como una señal de que el Gobierno planea regularizar a cientos de miles de inmigrantes para ampliar la base electoral.

La oposición ha criticado duramente estas declaraciones, acusando al Gobierno de querer manipular el censo electoral. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido explicaciones y ha advertido que no permitirá que se juegue con las reglas electorales. Por su parte, Vox ha anunciado que llevará el asunto a los tribunales si se confirma cualquier intento de retrasar las elecciones.

El fantasma de la excepcionalidad​

El tuit de Vozpópuli menciona la posibilidad de que Sánchez invoque una «situación de excepcionalidad» para no convocar elecciones. Esta figura, contemplada en el artículo 116 de la Constitución, permite al Gobierno declarar estados de alarma, excepción o sitio en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, su aplicación para evitar elecciones sería un uso cuando menos controvertido. Los estados de excepción están pensados para emergencias como catástrofes naturales, crisis sanitarias o alteraciones graves del orden público, no para eludir el calendario electoral.

Algunos expertos en derecho constitucional señalan que cualquier intento de utilizar estos mecanismos para prorrogar la legislatura sería inmediatamente recurrido ante el Tribunal Constitucional. Otros, más pesimistas, creen que el Gobierno podría intentarlo y que la respuesta institucional sería lenta y débil. La incertidumbre sobre el futuro político de España sigue creciendo.

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El debate sobre la convocatoria electoral de 2027 está servido. Mientras unos confían en que se respetará la legalidad, otros temen que se intente un nuevo artificio para alargar la legislatura. Lo que está claro es que la interpretación de los plazos legales y la falta de una norma clara seguirán dando que hablar. La pelota está en el tejado del Gobierno, que aún no ha despejado la incógnita.