Rusia diseñó el vaciado de empresas de Cataluña para hacer depender a Puigdemont de la financiación de Moscú

Puigdemont y los emisarios rusos: la trama que el PP lleva a la Eurocámara​

Un encuentro de veinte minutos en el Hotel Colón de Barcelona. Una dirigente enviada en lugar del president porque era licenciada en Económicas. Un ciudadano ruso presentado ante los dirigentes catalanes como exgeneral. Y una pregunta que quedó sin respuesta clara: qué planes tenía el Govern con las criptomonedas. Esa es la escena que la documentación remitida por el Grupo Parlamentario Popular al Parlamento Europeo pone encima de la mesa, según el material que ha circulado sobre el caso.

La fecha clave es el 21 de octubre de 2017. Tres semanas después del referéndum declarado ilegal, la mano derecha de Carles Puigdemont habría mantenido un encuentro con emisarios vinculados al Kremlin. La inteligencia española maneja la hipótesis de que Moscú buscó acelerar la salida de empresas de Cataluña para forzar una mayor dependencia del expresident de la financiación rusa. La tesis es ambiciosa. La prueba, de momento, es indiciaria.

Qué dice el documento remitido a la Eurocámara​

El texto describe cómo, tras el 1-O, varios ciudadanos rusos con vínculos con su Gobierno mantuvieron reuniones con miembros destacados del Govern, incluido Puigdemont. Los contactos se habrían prolongado hasta 2020, tanto en España como en Rusia, y salen a la luz a partir de las investigaciones de la Guardia Civil en el marco del caso Voloh, dirigido por el juez Joaquín Aguirre en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

La figura central es Víctor Terradelles, exsecretario de Relaciones Internacionales de CDC y presidente de la Fundación CATmon. Según su declaración ante el juez, el 20 de octubre de 2017 fue contactado por el empresario Jordi Sardà Bonvehí, que operaba con el ciudadano ruso Sergey Motin, fallecido, presentado ante los dirigentes catalanes como exgeneral ruso. Terradelles declaró que hizo de mensajero: preguntó a Puigdemont si quería verlos y este dijo que sí.

A la primera reunión, hacia el 21 de octubre, no acudió el president. Fue Elsa Artadi, coordinadora interdepartamental de la Generalitat, quien según su propia declaración ante el juez en mayo de 2022 fue enviada porque era licenciada en Económicas. El encuentro duró unos veinte minutos en el Hotel Colón. Artadi afirmó no recordar la identidad de los asistentes, ni la fecha, ni la duración, ni el contenido de la conversación. Los rusos preguntaron por los planes del Govern en materia de criptomonedas.

Criptomonedas, sanciones y el dinero opaco​

El documento subraya que las criptomonedas son una forma opaca de mover dinero que puede utilizarse para evitar sanciones. Es el punto que conecta la trama catalana con el interés ruso por esquivar el cerco financiero internacional. En los meses posteriores, los mensajes interceptados a Terradelles mostrarían a Sardà afirmando que gestionaba una operación cuyo detalle completo no ha trascendido en el material disponible.

El relato oficial sostiene que el separatismo se convirtió en correa de transmisión de Moscú para desestabilizar la UE. La acusación es grave y, a la fecha de esta discusión, no consta sentencia firme que la respalde. El caso sigue en instrucción.

El vaciado empresarial: ¿causa rusa o consecuencia política?​

Aquí es donde el análisis se parte. La hipótesis de la inteligencia española apunta a que Moscú contó con acelerar la salida de empresas catalanas para aumentar la dependencia financiera de Puigdemont. La objeción más repetida es de lógica elemental: si Rusia no era capaz de fabricar lavadoras competitivas, resulta difícil sostener que manejara simultáneamente el éxodo empresarial a siete mil kilómetros de distancia bajo las narices del CNI y la OTAN.

La contrahipótesis tiene su propia fuerza. El vaciado empresarial de Cataluña se explica mejor, según esta lectura, por la inseguridad jurídica generada por el propio procés: obligaciones de rotulación en catalán, nuevos impuestos autonómicos y locales, y el espectáculo de una comunidad que declaró la independencia y luego la suspendió. Las empresas no necesitaban un empujón de Moscú. Les bastó con mirar el telediario.

La reunión de la que nadie recuerda nada​

Hay un detalle que descoloca. Una reunión de veinte minutos entre una alto cargo del Govern y un supuesto exgeneral ruso, en pleno octubre de 2017, y la persona enviada no recuerda ni con quién habló. Es posible. También es posible que la memoria selectiva sea la virtud más útil en política. Lo que no se puede es exigir al contribuyente que acepte como prueba lo que la propia protagonista no recuerda.

La investigación sigue abierta. La Audiencia de Barcelona ha instado al juez a decidir si manda el caso a juicio o lo cierra. Hasta entonces, todo lo que hay es documentación remitida a una institución europea, declaraciones ante un juez y una hipótesis de inteligencia que aún no ha encontrado su confirmación procesal.

¿Cuánto de esta historia es una trama real y cuánto es la necesidad de encontrar un culpable exterior para un desastre que nos fabricamos solos?