Sánchez anuncia la herramienta 'HODIO', que permitirá medir la presencia, evolución y alcance de los discursos de repruebo en las redes sociales:

HODIO: el Gobierno medirá el odio en redes con informes semestrales​

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de la herramienta HODIO, siglas de «Huella de Odio y Polarización», un sistema institucional que medirá la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en redes sociales. Lo presentó con una frase que ya circula como eslogan: «Va a ser una herramienta transparente y rigurosa. Cuando algo se mide, deja de ser invisible». La iniciativa se vincula al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, y no es una app para ciudadanos ni un botón de denuncia: es un sistema de análisis y monitorización.

Qué hará exactamente y quién lo gestionará​

Según lo anunciado, la herramienta servirá para medir la presencia de mensajes de odio, analizar cómo se amplifican por algoritmos o viralización, ver su evolución en el tiempo y publicar informes sobre qué plataformas frenan esos contenidos y cuáles los permiten. La intención declarada es que funcione de forma parecida a la huella de carbono: un indicador que muestre cuánto contribuyen las redes al problema. La ministra portavoz, Elma Saiz, publicará cada seis meses un «ranking del odio» tras rastrear todas las redes sociales, según el anuncio recogido en el material de partida.

El objetivo político es triple: presionar a las plataformas para que retiren contenidos de odio, responsabilizar a las tecnológicas si amplifican esos mensajes y servir de base para futuras regulaciones o sanciones. La clasificación de qué es odio se basa, según la explicación oficial, en criterios académicos, estándares internacionales y la combinación de herramientas automatizadas con revisión experta.

El día elegido y la sospecha de la contraprogramación​

Uno de los reproches que más recorrido tiene es la fecha. El anuncio se produjo el 11-M, el mismo día del homenaje a las víctimas de los atentados de Madrid. Hay quien sostiene que Sánchez contraprogramó el sainete para que el homenaje no tuviese repercusión mediática, coincidiendo con la presencia de Ayuso y otras figuras políticas. La coincidencia con el aniversario se repite en varios mensajes como prueba de intención, aunque es una lectura, no un hecho documentado.

El coste, la prioridad y el chiringuito​

La crítica económica es la más repetida: se discute que se destine dinero público a un sistema de monitorización mientras la factura de la luz se sitúa en 40 céntimos el kWh, según el dato que se cita en la conversación. La acusación de «chiringuito» para desviar fondos aparece asociada al destino de los fondos Next Generation, de los que se afirma que se ha fulminado el 50% en estructuras clientelares. Son afirmaciones que circulan sin verificación en el material.

Qué se considera odio y quién lo decide​

El punto más conflictivo es la definición. La clasificación se apoya en criterios académicos, estándares internacionales y revisión experta, según la versión oficial. La objeción que se repite es que eso deja en manos del Ejecutivo decidir qué es odio y qué no, con el riesgo de que la vara de medir se aplique solo en una dirección. Hay quien recuerda que ya existen figuras legales para perseguir el discurso de odio y que una herramienta de monitorización añade una capa de vigilancia sobre quién opina y quién sigue esa opinión. La referencia a 1984 y al «ministerio del odio» aparece varias veces, y hay quien va más allá y habla de dictadura disfrazada.

El precedente de X y las redes públicas​

El anuncio se cruza con el debate sobre la propiedad de las plataformas. Se menciona la propuesta de Ione Belarra de crear una red social pública en España, con el argumento de que X está en manos de un ultraderechista. La discusión derivó hacia qué países han prohibido o bloqueado X y por qué motivos, con listados de gobiernos que alegan desinformación o seguridad nacional. El hilo no cierra esa lista: la deja apuntada.

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El sistema se queda, de momento, en el anuncio: sin fecha de entrada en funcionamiento, sin presupuesto detallado y sin saber qué plataformas aparecerán en el primer ranking. La herramienta que promete medir el odio aún no ha medido nada.