Sánchez endurece los requisitos para crear universidades privadas
¿Sirve de algo exigir 4.500 alumnos a una universidad privada si quien firma el decreto estudió en un centro adscrito de El Escorial? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes un endurecimiento de los criterios de reconocimiento, autorización y creación de universidades públicas y privadas, con tramitación urgente en el Consejo de Ministros del martes. El objetivo declarado: perseguir los «chiringuitos educativos» y las prácticas que atenten contra el prestigio del sistema. La medida llega después de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, calificara la universidad privada de «amenaza» para la clase trabajadora por la compra de títulos.
Qué exige el nuevo marco a las universidades privadas
El paquete incluye un informe de evaluación preceptivo de la ANECA o de las agencias autonómicas equivalentes, que se sumará al de la Conferencia General de Política Universitaria. Solo podrán crearse nuevas universidades si alcanzan una **masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años** de ejercicio. Se reformarán las garantías de solidez económica y se exigirá a los promotores experiencia previa en gestión universitaria. Además, las universidades deberán reservar al menos un **10% de las plazas de alojamiento universitario** para facilitar el acceso a la vivienda.
Para las universidades online, el Gobierno propone considerarlas de ámbito nacional y someter su autorización a la aprobación de las Cortes Generales, con el fin de reforzar la supervisión y garantizar la calidad académica. Sánchez criticó a quienes extienden «alfombras rojas» a academias que, en muchas ocasiones, no buscan la excelencia sino «hacer caja emitiendo títulos sin garantías reales». Señaló a la Comunidad de Madrid, a la que atribuyó un recorte de casi el 30% en financiación a las universidades públicas desde 2016, y a Andalucía, con el presupuesto universitario congelado seis años.
El plan de relanzamiento de la UNED: 30 millones y 5.000 plazas
El Ejecutivo dedicará **30 millones de euros** el primer año al relanzamiento de la UNED, un 35% más de aportación estatal según sus cálculos. El plan contempla renovar capacidades digitales, ampliar a 5.000 plazas de grados y másteres habilitantes (Formación de Profesorado, Psicología General Sanitaria) y crear 2.000 nuevas plazas en títulos de alta demanda como Educación, Comunicación, Inteligencia Artificial, Neurociencias o Neutrónica Computacional. Sánchez quiere que la UNED sea «la universidad de referencia en España en enseñanza virtual pública y de calidad».
La doble vara de medir que denuncia el debate
La reacción no se hizo esperar. Una corriente mayoritaria sostiene que el anuncio es humo y señala la contradicción de que quien endurece los requisitos cursara estudios en un centro privado adscrito a la Complutense, el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, entre 1990 y 1995. Se recuerda también el doctorado de Sánchez y las dudas sobre el de su mujer, Begoña Gómez. Hay quien ironiza: «ahora para obtener un título hay que estudiar, ¿dónde vamos a parar?».
Otra línea de análisis apunta al negocio: hay quien sostiene que desde 1998 no se ha creado una sola universidad pública y que desde la crisis de 2008 se ha recortado un 30% la financiación ajustada a la inflación, mientras crecen los alumnos en la privada y concertada. El resultado, según esta versión, es que la pública se queda sin clientes y la privada se convierte en la vía de las élites. Un caso concreto que circula: un farmacéutico pagó dos años de pública a un hijo sin avances y luego una privada el doble de cara donde sacó el título con notable.
Chiringuitos también en la pública
No todos los reproches van contra la privada. Varios mensajes recuerdan que en la pública hay sagas familiares, profesores que solo aparecen el día de la presentación y exámenes vigilados, y acuerdos universidad-empresa donde quien tiene contactos aprueba. Se menciona la Complutense y sus nidos de poder interno. La conclusión que se repite: el problema no es el titular del centro, sino quién firma el título.
Al final, la pregunta no es si las universidades privadas necesitan más control. Es si quien lo firma tiene autoridad moral para imponerlo. La respuesta, como los títulos, depende de quién la emita.