Sánchez mueve 240.000 viviendas para alquiler en precampaña
240.000 viviendas para alquiler. El plan que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa se sostiene, en buena parte, sobre un parque inmobiliario que llevaba más de una década cogiendo polvo, y que se activa justo cuando se acerca otra cita con las urnas. A la medida estrella se suman, según los foreros que siguen el asunto, una subida del IRPF y un incremento del IBI, además del aval público del 20% de la entrada. El anuncio ha caído con más recelo que aplauso, incluso entre quienes celebran el golpe al rentista.
240.000 viviendas y varias decenas de miles ya construidas
De ese total, unas 50.000 saldrían del stock de la SAREB, el banco malo que se quedó con los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas tras el pinchazo de la burbuja. Hay quien sostiene, citando a Lacalle, que alrededor de 15.000 de esos inmuebles estarían situados en zonas de mercado tensionado, allí donde el alquiler se ha vuelto un lujo.
La duda que recorre el sector no es cuántas llaves se prometen, sino de dónde salen. Buena parte de los activos que acumula el banco malo son promociones a medias, pisos en urbanizaciones sin servicios o inmuebles que los fondos buitre pasaron de largo. Si nadie los quiso cuando el mercado estaba mejor, el interrogante es qué los hace apetecibles ahora.
¿Quién paga si el aval del 20% sale mal?
Aquí está el punto que más ampollas levanta. Si el Estado solo avala, el debate sería otro. El problema aparece, según se advierte en el hilo, si adelanta el 20% de la entrada al banco y el comprador, sin un euro ahorrado, se lanza a hipotecarse porque no tiene nada que perder: si la cosa va mal, el embargo le cuesta poco más que la cuota mensual y el resto lo cubren los impuestos de todos. Ese repunte de compradores insolventes es exactamente el escenario que algunos ven alimentando una nueva burbuja desde abajo.
La letra pequeña: el precio del alquiler
En el hilo se da por hecho que el paquete fiscal apuntará al propietario: subida del IRPF para los ingresos del alquiler y más IBI, con un discurso que trata al pequeño arrendador como si fuera un especulador profesional. El cálculo que circula sobre los alquileres del plan público es el siguiente:
- 1 dormitorio: 500 € al mes
- 2 dormitorios: 700 € al mes
- 3 dormitorios: 1.000 € al mes
A esos precios hay que sumar comunidad e IBI por cuenta del inquilino, con contratos de un mínimo de dos años y un máximo de siete. El desglose, partida a partida, deja una diferencia entre lo anunciado y lo que acaba pagando el inquilino que conviene mirar con lupa.
Los pisos que nadie quería comprar
Hay una explicación menos épica para la operación. Como apunta un forero, con Basilea III en vigor los bancos tienen que soltar los activos tóxicos que arrastran en balance, y el ladrillo parado es el más incómodo de todos. Venderlo a fondos buitre ya no es tan rentable; colocarlo en una sociedad pública de alquiler resuelve el problema en los libros a costa del erario. La misma jugada, con otro envoltorio, se ha visto en otras administraciones, que han comprado a los bancos edificios enteros que no quería nadie para reconvertirlos en alquiler social.
De la promesa al escepticismo en cuatro años
El anuncio llega después de años de compromisos parecidos sin traducirse en grúas. Los más críticos recuerdan que se lleva gobernando lo suficiente como para no dejar el problema para la precampaña, y que las medidas se activan siempre con la misma urgencia: cuando queda poco para votar. El historial no ayuda: la vivienda ha sido la promesa recurrente de cada ciclo electoral, y la cifra redonda —primero un millón de casas, ahora 240.000— aparece y desaparece según convenga al relato.
Otros, en cambio, conceden que el golpe al rentista tiene su lógica y que movilizar el parque del banco malo, aunque sea a regañadientes, es mejor que dejarlo oxidar.
Con las cifras sobre la mesa, ¿alguien cree de verdad que 240.000 llaves van a llegar al mercado antes que la próxima cita electoral?