Sanchez lo supo 12 horas antes

«Sánchez supo de la DANA 12 horas antes y no movilizó ni al ejército»​

La discusión sobre la gestión de la DANA en Valencia se ha desplazado del terreno de la meteorología al de la responsabilidad política. El punto de partida es una acusación concreta: el Gobierno central conocía la magnitud de la catástrofe con horas de antelación y se limitó a enviar comunicados por correo electrónico y mensajes de WhatsApp a la Generalitat. La tesis que recorre el análisis es que esa vía es insuficiente cuando hay vidas en juego. «Ante una cosa de estas no vale decir: mandamos algunos comunicados a Mazón, le enviamos varios WhatsApp, le mandamos un email. Eso no vale», resume una de las intervenciones más repetidas. La cifra que sobrevuela el asunto es la de más de dos centenares de muertos y la constatación de que la alerta masiva a la población llegó cuando el barranco ya había desbordado.

Qué sabía el Gobierno y cuándo lo supo​

El relato que se impone en el análisis es el de una cadena de avisos que se quedó a medio camino. La AEMET anunció precipitaciones de hasta 160 litros por metro cuadrado en Chiva, un volumen que, según los cálculos que circulan, el barranco puede asimilar provocando como mucho una riada a la altura de los bordillos. Lo que ningún sistema de canalización estaba diseñado para soportar fueron los 680 litros registrados en la misma localidad mientras caían 400 en Utiel. Esa acumulación, señalan los análisis, no tenía precedentes.

La pregunta que se repite es por qué, ante esa información, el Ejecutivo central no activó todos los recursos del Estado de forma inmediata y preventiva. «Hay que poner todos los recursos y personal del estado a trabajar de manera inmediata y preventivamente», sostiene una de las voces más críticas, que añade que las comunicaciones a Mazón debieron hacerse «de manera personal, presencialmente y obligarle a actuar comunicándole la gravedad de la situación». El reproche no es solo a la Generalitat: es a un Gobierno que, teniendo los datos de Protección Civil y del ejército, se cruzó de brazos a la espera de que otros actuaran.

La versión de los hechos que sostiene la mayoría​

Frente a la tesis de la negligencia generalizada, una parte del análisis defiende que la mayoría de los afectados no tenía forma de saber lo que se les venía encima. «Sabíamos que venía la gota fría, como todos los putos años, pero no podíamos saber lo que estaba pasando barranco arriba», resume una intervención que ha sido de las más respaldadas. El argumento es que nadie toma medidas si no hay síntomas visibles de que pueda pasar algo, y que la lluvia que caía en la calle permitía salir sin paraguas.

Esa corriente recuerda que en 1982 la gente gritaba por las calles de Alzira advirtiendo de que subieran a sus casas porque venía mucha agua. Se sabía que el embalse de Tous iba a reventar por la crecida y dio tiempo a lanzar una alerta que salvó vidas, en una época en la que no había móviles ni redes sociales. La comparación implícita es demoledora: con menos medios, hubo más aviso.

El sistema que debía proteger y no protegió​

Más allá de la disputa entre administraciones, hay un diagnóstico estructural que gana peso. «No se pudo evitar porque el sistema que tenía que evitarlo no funciona. La democracia parlamentaria y el estado de las autonomías no pueden proteger la vida de los ciudadanos españoles», sostiene una de las posiciones más duras. El argumento se apoya en un dato concreto: había una base de helicópteros del ejército a veinte minutos y no salieron al día siguiente.

La crítica apunta a que el ejército, por ley, por sentido común y por teoría bélica, debería vigilar de forma independiente las infraestructuras críticas. Que no lo hiciera, según esta lectura, no es un fallo puntual sino la consecuencia de un diseño institucional que reparte competencias y diluye responsabilidades. La conclusión que se extrae es que, además de buscar responsables penales directos, habría que replantear el propio sistema.

El relato oficial y sus grietas​

La desconfianza hacia la versión oficial recorre buena parte de las intervenciones. Hay quien sostiene que se está ocultando información y quien directamente habla de manipulación. «Nos han metido al Viruelo. Ese es el malware», resume una intervención que mezcla el humor con la denuncia. La referencia a la ministra de Igualdad y a sus declaraciones sobre que era «su momento» se repite como ejemplo de lo que se percibe como desconexión del Gobierno con la gravedad del asunto.

En el extremo más conspirativo, aunque minoritario, aparecen teorías que vinculan las desgracias con la retirada de restos del Valle de los Caídos. Ese tipo de afirmaciones no están respaldadas por ninguna prueba y funcionan más como catarsis que como análisis. Lo que sí tiene recorrido es la idea de que el poder es información y de que en Moncloa, con 2.500 personas trabajando, se sabía todo lo que había que saber con antelación.

Las consecuencias políticas que se anticipan​

El escenario que se dibuja no es el de una crisis que se cierre con dimisiones rápidas. «También sabían lo de los trenes del 11M pero esta vez me da la sensación que no va a terminar de la misma manera», apunta una intervención que subraya el desapego hacia la política y las instituciones. La predicción que gana enteros es que la gestión de la DANA ha herido de muerte a los responsables y que deberían acabar en la cárcel si se quiere un país sano a futuro.

La comparación con el 11M no es casual. En ambos casos se cuestiona qué sabía el Gobierno y cuándo lo supo. La diferencia, según esta lectura, es que ahora la ciudadanía está más desconectada de los partidos y más dispuesta a exigir responsabilidades. La única solución que se plantea desde el humor negro es la «revolución de las escobas»: que cada uno vaya con una escoba a la Moncloa y no se mueva de allí hasta que se vaya Sánchez.

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Con estos mimbres, la previsión es que el asunto no se apague con una comparecencia. La presión social, la desconfianza en los medios y la acumulación de testimonios apuntan a un desgaste prolongado. Pero conviene no cerrar el diagnóstico: la misma ciudadanía que exige responsabilidades es la que, según los datos disponibles, no tenía forma de saber lo que se le venía encima. Esa contradicción, y no otra, es la que sostiene el conflicto.