SE CONSUMA LA TRAICIÓN: Pedro Sánchez acaba de ser investido como presidente del gobierno. El precio, vender y humillar a España

Sánchez preside España con la amnistía como moneda de cambio​

¿Cuánto cuesta un Gobierno? El que se cerró el 16 de noviembre de 2023 tiene un precio identificable: una ley de amnistía. Ese día el Rey firmaba el Real Decreto que nombra a Pedro Sánchez Pérez-Castejón presidente del Gobierno, después de que el Congreso le diera su confianza por mayoría absoluta en la primera votación. El candidato había sido propuesto a la presidenta de la Cámara baja el 3 de octubre, tras las consultas con los representantes de los grupos parlamentarios. Todo el procedimiento cabe en dos artículos de la Constitución: el 99 y el 62. La discusión no está en el procedimiento. Está en la factura.

Qué dice exactamente el Real Decreto que firmó el Rey​

El texto oficial recuerda que el nombramiento se produce «en virtud de lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Española», y que la propuesta del candidato al Congreso —la fase que regula el artículo 99— se produjo el 3 de octubre, después de las consultas preceptivas. Cerrada la sesión de investidura, la presidenta del Congreso acudió al Palacio de La Zarzuela para informar al Rey de la elección. El candidato había obtenido la confianza de la Cámara baja por mayoría absoluta en primera votación. La mecánica constitucional no admite réplica. Otra cosa es lo que esos mismos artículos permiten meter dentro.

La amnistía, el precio explícito del pacto​

En el análisis más repetido, la ley de amnistía es el peaje que se paga por los votos que sostienen la investidura. Hay un matiz jurídico que conviene no perder de vista: la amnistía la registró el grupo socialista en el Congreso, no el Gobierno en funciones, que no puede promover según qué iniciativas. La distinción importa mucho en lo técnico y casi nada en el relato público. Los partidos independentistas cambiaron de posición a cambio de un texto que borra causas abiertas. Para unos es la prueba de que España se vende; para otros, la prueba de que se negocia como cualquier país. El hecho verificable es que el pacto existe y que su precio tiene nombre.

El coste económico: deuda, pensiones y una imprenta en el límite​

Aquí el asunto se vuelve contable. La advertencia más repetida no es política sino de balance: las pensiones se están pagando con dinero prestado, y la sostenibilidad de ese esquema depende de que alguien siga comprando deuda. Se sostiene que la imprenta del BCE está al límite y que la legislatura arranca con el viento macroeconómico en contra. Otra corriente apunta más lejos, a un colapso financiero global que llegaría con independencia de quién firme los decretos. Y una tercera añade un ángulo incómodo: quien cobra nómina pública disfruta del llamado efecto Cantillon, porque el dinero nuevo entra en la economía por ahí antes de que los precios suban. El cálculo completo, partida a partida, da un resultado que llama la atención. Unas veces se cuenta como coartada y otras como acusación.

Ferraz: protestas, material antidisturbios y una coincidencia sin verificar​

Las concentraciones frente a la sede socialista en la calle Ferraz marcan el tono de las semanas posteriores. El dato más difundido en ese tramo es también el más difícil de comprobar, y hay que tratarlo por lo que es: que el Ejecutivo habría adquirido 8.000 botes de gas lacrimógeno de última generación el mismo día en que arrancaron las protestas. La coincidencia temporal llama la atención; la prueba sólida, de momento, no aparece. Pudo ser una reposición rutinaria de stock y pudo no serlo. Sin documento que lo sostenga, la sospecha sigue siendo sospecha, por más que se repita hasta el agotamiento.

La otra mitad del debate: ¿el PP habría hecho lo mismo?​

Una parte del análisis desvía el foco del ganador hacia la alternativa. El argumento: el PP ya gobernó con medidas restrictivas durante la pandemia, con sanciones de hasta 60.000 euros a quien no se vacunara, y habría pactado con quien hiciera falta para ocupar el sillón. La conclusión de ese sector es amarga: da igual quién firme. Para otros, la equiparación es una coartada que blanquea lo que está pasando. Lo notable es que ambas críticas conviven sin anularse, y que buena parte del descontento no es ideológico sino de gestión: sensación de parálisis, crispación permanente y elecciones cada pocos meses.

Monarquía o república: el pleito que reaparece en cada investidura​

Cada nombramiento reabre la misma grieta de fondo. Una corriente reclama un referéndum sobre la forma de Estado sin esperar a nada más, aunque el resultado sea imprevisible. Otra responde con el argumento técnico: la firma del Real Decreto es un acto reglado, el Rey no decide, y quien gobierna es quien gana las elecciones. Verdad jurídica y verdad política rara vez coinciden, y ese desfase alimenta la discusión tanto como cualquier medida concreta.

Al final, el país que se describe en esta parte del análisis no es el de la investidura: es el de las terracitas llenas, el Viernes Negro y el partido de liga, mientras unos cuantos se pelean por el relato. El Gobierno ya está nombrado. La amnistía, a la fecha de esta discusión, seguía siendo una propuesta. Y el precio, como casi siempre, lo pagará alguien que no estaba en la foto.