Se está liando pardisima en la comisaria de Ceuta, miles de menas aún allí

Miles de menores frente a comisaría en Ceuta: dos cargas policiales​

¿Qué está pasando en Ceuta? Esta jornada la ciudad autónoma se ha convertido en el epicentro de la presión migratoria: miles de menores extranjeros no acompañados llevan horas agolpados a las puertas de la comisaría, pidiendo el tránsito que les permita seguir su ruta. El ambiente se ha caldeado hasta el punto de que los agentes han tenido que intervenir con, al menos, dos cargas policiales. Un vídeo de una vecina que paseaba a su perro y recriminaba a la policía no hacer nada ha añadido leña al fuego. La secuencia, difundida en redes, muestra a un agente más pendiente de las palabras de la mujer que de la multitud –algunos interpretan que estaba recogiendo material para una posible denuncia por delito de odio–.

El colapso de la comisaría como símbolo​

Ceuta es un cruce de culturas: cristianos, musulmanes, judíos e hindúes conviven en una ciudad de apenas 84.000 habitantes. La llegada masiva de menores desborda unos servicios sociales ya de por sí limitados, y la comisaría se ha convertido en el punto donde se concentran todas las tensiones. Hay quien señala que los menores solo reclaman el tránsito, es decir, el visado o la documentación para continuar viaje a la Península, y que el problema se limita a un atasco burocrático. Pero las imágenes de la puerta bloqueada y las cargas policiales trasladan otra impresión: la de una ciudad que ya no puede asimilar más presión sin que todo el sistema –policial, asistencial y político– cruja a la vez.

La carga policial y el vídeo que lo cambia todo​

El altercado más comentado no ha sido la carga en sí, sino la discusión de una mujer con los agentes. La mujer, con un perro, señalaba hacia la aglomeración y recriminaba a los policías que no actuaran. El agente, en lugar de atender el señalamiento, la observaba fijamente. Hay quien sostiene que el policía estaba pendiente de no incurrir en ninguna expresión que pudiera ser denunciada como delito de odio; otros, más cínicos, apuntan que la prioridad no era despejar la puerta sino documentar la queja. El detalle ha dado la vuelta a las redes y ha desplazado el foco: ya no se discute solo qué hacer con los menores, sino si la policía puede hacer su trabajo sin ser grabada, denunciada o juzgada en el mismo minuto.

¿Estado fallido o sistema desbordado?​

Debajo del ruido circula un debate que no es nuevo. Una parte del análisis sostiene que España es un estado fallido a la vista de cómo se gestionan las fronteras y la acogida. La réplica, con más matices, da el término por incorrecto: un estado fallido implicaría que no hay policía, ni justicia, ni servicios básicos, que la gente pasa hambre o hay guerra; España no está ahí, aunque el sistema falle para los jóvenes con empleo precario y sin vivienda. El desacuerdo se encona cuando se introduce la palabra “saboteado”: no sería un estado fallido por incompetencia, sino uno al que se ha boicoteado deliberadamente desde dentro.

Sobre la definición técnica, el manual de un estado fallido incluye:

• Ausencia de control efectivo del territorio.
• Inexistencia de policía o justicia operativa.
• Fallo de los servicios básicos (luz, agua, saneamiento).
• Hambre y conflicto armado generalizado.

Ninguno de esos cuatro puntos describe a España, a día de hoy. Pero la discusión apenas sirve de consuelo a quien espera una solución en Ceuta.

El coste económico de Ceuta​

Detrás de la imagen policial hay una factura que nadie termina de cuantificar: el coste de mantener a cientos o miles de menores en una ciudad con recursos limitados, financiados desde los presupuestos del Estado pero con los servicios locales pagando el desgaste. Mientras el debate nacional se centra en la identidad y la seguridad, los números de la acogida siguen creciendo sin que haya una hoja de ruta clara para el reparto entre comunidades autónomas. La ciudad autónoma, dependiente del empleo público y del comercio transfronterizo, ve cómo la presión migratoria se convierte en un factor estructural que condiciona su economía y su convivencia.

Así las cosas, Ceuta sigue esperando soluciones. Las cargas policiales dispersan la aglomeración, pero no resuelven la papeleta: los menores siguen ahí, a la puerta de un sistema que no termina de decidir si acoger, documentar o devolver. Mientras tanto, la única certeza es que la comisaría no es un problema policial: es un espejo de la política migratoria, y el reflejo no es especialmente favorecedor.