Se permitirá a los comandantes ucranianos apiolar a subordinados en caso de desobediencia.

Ucrania retira el proyecto que dejaba a los mandos disparar sin el límite de «sin causar la muerte»​

¿Se puede aprobar una norma que autorice a un comandante a disparar contra su propio subordinado si este se niega a cumplir una orden? La Rada ucraniana registró un proyecto de ley que lo planteaba y, según el rastro que deja la discusión pública, acabó retirado. El texto, impulsado por diputados del partido de gobierno «Servidor del Pueblo», ampliaba la facultad del mando en ley marcial y en situación de combate: donde ahora se permite el uso de armas «sin causar la muerte del soldado», la nueva redacción eliminaba esa coletilla. Es decir, abría la puerta a que la desobediencia o la ausencia del puesto de combate se saldaran con la muerte del subordinado.

La reacción no tardó. Buena parte del comentario público leyó la propuesta como la oficialización de algo que, se sostiene, ya ocurre en la práctica: la coacción sobre tropas movilizadas a la fuerza. Otros la encuadraron en una tradición militar más vieja que Ucrania, la Unión Soviética y cualquier ejército del mundo. Y una tercera corriente, la más incómoda para el relato oficial, preguntó en voz alta por qué se retira un texto que nunca se había presentado.

Qué decía exactamente el proyecto de ley​

El punto de partida es una norma vigente que ya contempla el uso de la fuerza por parte del comandante contra quien abandona el puesto o se niega a obedecer, pero con un límite explícito: sin causar la muerte. La modificación registrada suprimía esa frase. Con ella desaparecía el dique que separaba la represión disciplinaria del homicidio en el campo de batalla.

El encuadre legal importa. La propuesta se movía en el marco de la ley marcial y de la situación de combate, dos figuras que suspenden garantías ordinarias. Ahí es donde el debate se vuelve resbaladizo: ¿qué control judicial cabe sobre un disparo decidido en una trinchera? La respuesta, en la práctica, es ninguno.

La retirada del texto y el rastro que deja​

El proyecto no llegó a votarse. Fue retirado, y ese detalle se convirtió en el eje de la discusión posterior. Hay quien lo lee como una victoria de la opinión pública; hay quien sospecha lo contrario, que la retirada es cosmética y que la conducta que el texto pretendía blindar ya está sucediendo sobre el terreno. La sospecha no es gratuita: si un legislador que además ha ejercido mando militar presenta una norma así, cabe pensar que intentaba dar cobertura legal a algo que ya se estaba haciendo.

De la decimatio romana al fragging en Vietnam​

El argumento más repetido en la discusión es que esto no es nuevo. La decimatio romana —matar a uno de cada diez soldados de una unidad cobarde— es la referencia más antigua que aparece. En la Segunda Guerra Mundial, los comisarios soviéticos disparaban a quien retrocedía en Stalingrado. En Vietnam, la práctica de matar al oficial propio tenía nombre: fragging. Y en Francia ya hubo casos en la Gran Guerra.

La conclusión que se extrae de ese repaso histórico es incómoda para todos: la novedad no es la crueldad, sino la firma. Lo que cambia cuando una ley lo escribe es quién responde de ella.

El problema de fondo: oficializar lo que ya pasa​

El núcleo del asunto no es si los ejércitos matan a sus propios soldados en determinadas circunstancias. Es si un Parlamento en guerra convierte ese hecho en derecho positivo. Ahí es donde el texto se vuelve tóxico: una norma así no disuade al que duda, legitima al que dispara.

Y aparece el reverso. Si el mando puede matar al subordinado, el subordinado aprende a defenderse. La historia militar está llena de oficiales abatidos por su propia tropa. La necesidad, como se repite en estos casos, es muy mala consejera.

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Al final, el proyecto quedó en nada. Una ley retirada, un titular incómodo y la sensación de que el problema no era la norma, sino que alguien la considerara necesaria.